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Los ministros de Trabajo europeos se pusieron de acuerdo, el 9 de diciembre, para luchar contra los abusos en los recursos a trabajadores desplazados.
“No estaba nada claro, pues las divergencias en el seno de la Unión Europeo eran profundas”, indica La Tribune, que recuerda que dos campos se enfrentaban : Gran Bretaña y los países de Europa Central y Oriental por un lado; Francia y Alemania, a las que se unió finalmente Polonia, por el otro. Por otra parte, siete países han votado contra este compromiso del que todavía no se conocen los detalles.
El diario económico explica el espíritu de las nuevas enmiendas:
Los países podrán fijar libremente la lista de documentos pedidos a una empresa extranjera que desee desplazar asalariados en su territorio y los ordenantes y subcontratistas tendrán una responsabilidad solidaria en caso de fraude.
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