Los cinco días y las cinco noches de disturbios tras la muerte de Nahel M., un joven de 17 años que fue asesinado el 27 de junio por negarse a parar en un control de tránsito en la ciudad de Nanterre, cerca de París, han pasado factura: el Ministerio del Interior contabilizó más de 5000 vehículos incendiados, 10 000 contenedores de basura quemados, casi 1000 edificios quemados, dañados o saqueados, 250 ataques a comisarías y gendarmerías, más de 700 policías heridos.

La muerte de Nahel M. reactivó el debate sobre la violencia policial en Francia: entre 1977 y 2022, no menos de 861 personas murieron debido a las acciones de las fuerzas del orden, según los datos del medio de comunicación activista Basta!. Los fallecimientos por resistencia a la autoridad han aumentado considerablemente en los últimos años. En 2022, 13 personas fueron asesinadas tras un control de tránsito — una cifra seis veces superior a la del año anterior. Una de las causas es una ley manifiestamente ambigua y peligrosa que entró en vigor en 2017 y que facilita a los policías el uso de las armas.


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