Noticias Transición social

¿Se volverá a anteponer la economía a lo social en la Europa poscovid?

Mientras que los países de la UE atraviesan una crisis social y económica a raíz de la crisis sanitaria, los hechos son irrefutables: la riqueza se redistribuye de manera cada vez menos equitativa. Francia, Alemania, Reino Unido… en muchos países surgen reivindicaciones durante huelgas: la cuestión de una visión social y una lucha sindical para el avance de los derechos en Europa son cada vez más apremiantes.

Publicado en 3 mayo 2023 a las 09:49

“Regresión de las conquistas sociales”, “precarización del trabajo”, “falta de reconocimiento de la penosidad”: en las calles de Francia, no faltan las expresiones airadas para denunciar la última reforma de las pensiones. Sin embargo, la situación francesa no tiene nada de única.

“Reformas similares ya se han iniciado en otros países europeos. El movimiento colectivo de manifestación es ciertamente propio de Francia, pero esta reacción es comparable a las vinculadas a la 'crisis del coste de la vida' en el Reino Unido o Alemania, por ejemplo, que, sin embargo, son países menos propensos a las huelgas", apunta Nicola Countouris, director de investigación del ETUI (Instituto Sindical Europeo) cuyo informe anual, Benchmarking Working Europe 2023, acaba de ser publicado.

Prioridad de la gobernanza económica

“En efecto, no hay nada de individual ni nacional puesto que esas reformas estructurales ya son exigidas por la Comisión Europea dentro del marco de la gobernanza económica”, corrobora Emmanuelle Mazuyer, directora de investigación en el CNRS (Centro Nacional francés de Investigación Científica) y especializada en derecho social europeo.

Así el proyecto de integración europea está fundamentalmente centrado en la integración de los mercados, en especial después de la implantación de la zona euro y de la moneda única. “La prioridad siempre se orienta hacia el mismo lado, el de la economía, la reducción de los déficits públicos que conforman el ADN de la Unión Europea”, añade la investigadora. “Dentro de este marco, todas las demás transiciones – incluidas la ecológica, la digital y la económica – tienen que adaptarse”, precisa Nicola Countouris.

La reflexión se realiza mientras los países de la UE atraviesan una crisis social y económica a raíz de la del covid-19. Los hechos son irrefutables: la riqueza se redistribuye de manera cada vez menos equitativa.

Según el informe del ETUI “hoy en día la precariedad afecta no solamente a quienes ocupan los puestos de trabajo mal remunerados y temporales denominados por Guy Standing (2011) como ‘el precariado’, sino que también afecta a una mayor clase profesional que engloba a profesores, enfermeros, cargos directivos, sanitarios y abogados”. En marzo de 2023, el INSEE (Instituto Nacional francés de Estadística y de Estudios Económicos) indicaba a su vez que el aumento de los márgenes de las empresas en Europa había contribuido a la inflación en 2022.


Recibe lo mejor del periodismo europeo en tu correo electrónico todos los jueves

Después de la crisis financiera de 2008, ¿acaso no ha aprendido nada la Unión Europea? La UE está en una verdadera encrucijada. Puede duplicar los esfuerzos y el compromiso de los que dio muestra frente a la crisis del covid-19, esta vez procurando que sus acciones no estén orientadas hacia la urgencia y asuman la forma de reformas de fondo.  O bien puede contentarse con su paradigma de austeridad prepandémico y desentenderse de la cuestión social. Calculamos que este segundo enfoque estaría condenado al fracaso y que sin transición social todas las otras transiciones corren el riesgo de fracasar”, añade Nicola Countouris.

Los momentos de crisis, en lugar de generar progresos sociales colectivos, tienden a saldarse con regresiones en el plano de los derechos sociales. “En un primer tiempo se asiste a un repliegue de los países sobre sus modelos sociales nacionales. Después, como la política social cuesta cara, se va a reestablecer la prioridad en la reducción de los déficits públicos y de las deudas soberanas”, analiza Emmanuelle Mazuyer.

Así, después de haber desregulado el contrato de trabajo, debilitado y flexibilizado las relaciones laborales, los gobiernos nacionales atacan luego al sistema de protección social: reducción de los derechos de paro, aumento de la edad de jubilación y privatización de los sistemas por medio del recurso a los fondos de pensiones. “Se movilizan mecanismos únicamente cuando van a servir también para los intereses económicos, como ha sido el caso recientemente con el aumento de los salarios para compensar la inflación y el coste de la vida”, señala Emmanuelle Mazuyer.


hoy en día la precariedad afecta no solamente a quienes ocupan los puestos de trabajo mal remunerados y temporales, sino que también afecta a una mayor clase profesional que engloba a profesores, enfermeros, cargos directivos, sanitarios y abogados – Benchmarking Working Europe 2023


En un artículo publicado en 2021, la investigadora Amandine Crespy señalaba, sin embargo, cuáles eran las expectativas de los ciudadanos europeos en materia social: "el crecimiento, el desempleo y las desigualdades sociales siguen estando a la cabeza de los temas que preocupan a los europeos en todos los estudios y encuestas. Varios estudios también muestran, contrariamente a la creencia popular, que una mayoría de los europeos está a favor de nuevos instrumentos de solidaridad social a escala europea", afirma la profesora de ciencias políticas de la Universidad Libre de Bruselas.

La esperanza del pilar de los derechos sociales

Instaurado en 2017 por Jean-Claude Juncker (expresidente de la Comisión Europea), el pacto europeo de los derechos sociales ha venido a dar una nueva esperanza a la transición social. “Yo era muy escéptica cuando se adoptó, pues yo misma me decía que se trataba de una simple declaración de principios de intención política. Sin embargo, ha permitido relanzar la dinámica del diálogo social”, advierte Emmanuelle Mazuyer.

En efecto, después de esa fecha, la Comisión tuvo que consultar a los interlocutores sociales europeos. Algunos éxitos son dignos de resaltar: la adopción en 2018 de una Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores, a fin de luchar contra el “dumping social” una directiva sobre las condiciones de trabajo y de información de los trabajadores en 2019, así como sobre la conciliación entre la vida privada y la vida profesional de los padres y cuidadores.

La última no es otra que la cuestión de un "salario mínimo europeo", adoptada el pasado octubre después de dos años de debates. “Esto no supone unos ingresos similares en todas partes, sino que se trata de una convergencia al alza de las remuneraciones mínimas”, especifica la especialista en derecho social europeo. Incluso si el pilar europeo de derechos sociales responde solo parcialmente al desafío de una transición social que exige una mayor redistribución, Nicola Countouris comparte la constatación de una mejora.

“El diálogo social europeo goza de mejor salud que hace diez años. Después de la pandemia, dos factores han dinamizado el movimiento. En primer lugar, la convicción de que unas respuestas políticas que se aparten del modelo neomonetarista tradicional son posibles. Y en segundo, que a pesar del bombo mediático generado por eslóganes tales como ‘nada será lo mismo’, ‘resiliencia’, etc., Europa ha caído de nuevo en una crisis que ha generado un sentimiento de ‘promesas incumplidas’ y de frustración en la opinión pública, al mismo tiempo que ha fomentado un nivel de militarismo y de compromiso sin precedentes en toda Europa”.

Desafío democrático

Para los defensores de una Europa social, dinamizar de nuevo la política social de la UE parecía un preámbulo a la adhesión y a la legitimación del modelo europeo de los pueblos. Es el problema del “efecto mosaico”, añade Countouris: “tenemos diferentes fuentes de influencias jurídicas que entrechocan y se contradicen. Por un lado las directivas, adoptadas de manera transparente, con un proceso legislativo o de negociación colectiva; y por el otro las recomendaciones económicas opacas derivadas de la gobernanza económica”.

Estas últimas, siempre desfavorables para los asalariados, son sin embargo las que se imponen ocultas en el proceso decisional europeo. “Esto nos lleva a una especie de esquizofrenia, como con la reforma de las pensiones en Francia: nadie dice que es de origen europeo. Sobre todo porque todos los partidos de gobierno de la Unión Europea juegan a este doble juego, sin decir que defienden estas reformas liberales dentro de la Comisión Europea”, concluye Emmanuelle Mazuyer.


¿Eres un medio de comunicación, una empresa o una organización? Consulta nuestros servicios editoriales y de traducción multilingüe.

Apoya un periodismo que no conoce fronteras

Aprovecha nuestras ofertas de suscripción o haz una donación para fortalecer nuestra independencia

Sobre el mismo tema