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Dalia Frantz es responsable de asuntos europeos para La Cimade, una asociación francesa de solidaridad con las personas migrantes creada en 1939 y de mucha importancia en Francia. La organización está presente en muchas redes de defensa de los derechos humanos y también proporciona alojamiento y ayuda jurídica a los exiliados. Dalia ha trabajado especialmente para las organizaciones France terre d’asile y Droits d’urgence.
Voxeurop: ¿Cómo interpretar los resultados de las elecciones europeas?
Dalia Frantz: Esto no ha sido una gran sorpresa para nosotros, ya que durante algún tiempo veníamos sospechando que la extrema derecha ganaría más escaños. Pero es complicado hacerse oír a nivel europeo, pues son unas elecciones que la población ha dejado de lado y así es como gana la extrema derecha. Los resultados son difíciles de aceptar.
Si bien el equilibrio de las diferentes fuerzas no se verá muy alterado por ello, todavía nos quedará un parlamento muy de derechas, gobernado por el Partido Popular Europeo. Lo que nos ha alarmado mucho más, dejando aparte el lugar que ha alcanzado la extrema derecha, ha sido el hecho de que su discurso se haya extendido y haya sido asumido por otros partidos políticos que se encontraron tratando de hacerle el juego a la extrema derecha para recuperar sus votos. Por ejemplo, hemos visto al PPE hacer propuestas similares sobre migración. Personalmente, no estoy segura de que este sea el reto principal para Europa, en comparación con las cuestiones climáticas, por ejemplo.
Sin embargo, intentar recuperar los votos de la extrema derecha es un juego que rara vez se puede ganar…
No. Tal como se ha visto en Francia eso crea mucha desestabilización, pero también provoca el olvido de otras cuestiones. También se ha visto una enorme desinformación, extrañas amalgamas… En La Cimade se ha intentado deconstruir esos discursos, pero es difícil porque están muy presentes en los medios. Aunque la extrema derecha no haya podido salir completamente victoriosa de estas elecciones, sí que ha podido instilar su política.
¿Qué quiere decir esto en términos de política europea? ¿Debemos esperar un cambio en el pacto sobre migración y asilo?
Es difícil de decir. Nosotros, por nuestra parte, no lo esperamos, sería un proyecto que necesitaría años de negociaciones y que ya ha sido muy complejo hasta ahora, razón por la cual no se espera una nueva reforma. ¡Sobre todo porque el texto ni siquiera está en aplicación todavía! Por eso resultaría sorprendente. Pero se plantean cuestiones en cuanto a su puesta en aplicación, dado que son procedimientos muy pesados que cuestionan lo relativo a los derechos humanos. Y evidentemente también será a nivel nacional donde la extrema derecha podrá actuar.
Del mismo modo se plantea la cuestión de la externalización de las fronteras y del tratamiento de las solicitudes. Ya era voluntad de la Comisión Europea antes de las elecciones. A nosotros nos inquieta mucho, hemos visto bastantes acuerdos que se han firmado últimamente con Túnez, Egipto, Mauritania y Líbano. Esos acuerdos son cuestionables puesto que se tienen pocas explicaciones de cómo se han negociado, hay poco control parlamentario y plantean igualmente cuestiones relativas al respeto de los derechos fundamentales.
Como usted ha indicado, eso ya era intención de la Comisión Europea antes de las elecciones. ¿Va a cambiar las cosas el avance de la extrema derecha o debemos esperar una continuidad?
Estamos en la continuidad de lo peor. Al igual que en el pacto sobre migración y asilo se constata el refuerzo y la legalización de un enfoque muy represivo y de gran seguridad pública. El pacto no prevé hoy en día una externalización de la gestión de las solicitudes de asilo como el Plan Ruanda del Reino Unido (que prevé la expulsión de ciertos solicitantes de asilo y una remisión de los expedientes al país en cuestión), pero eso podría llegar a suceder.
A menudo olvidamos que esos grandes proyectos, como el Plan Ruanda, tienen unos costes astronómicos...
¡Ya lo creo! Los medios humanos y económicos que se despliegan para levantar barreras tanto físicas como jurídicas son enormes. ¿Y todo ello para dificultar cuántas entradas? Esos medios se podrían emplear mejor si se dedicaran a proponer una acogida digna.
¿Cómo se puede movilizar la sociedad civil de cara a la extrema derecha?
Eso no es sencillo, particularmente en Francia. Es necesario unirse, a nivel nacional pero también a nivel europeo. Lo cual no es evidente dado que las problemáticas no son las mismas, pero se constata en Francia (al igual que en otros países) un atentado contra las libertades de asociación. Hay enormes temores respecto al futuro de nuestra asociación, nos preguntamos si no va a quedar disuelta, la cosa no es nada fácil.
Lo que se puede hacer es unirse a nivel de la sociedad civil, encontrar aliados dentro de las administraciones locales, formar un frente… Nosotros también luchamos contra la desinformación.
Se dice a menudo que la extrema derecha es una “amenaza para la democracia”, pero no se explica nunca lo que esto quiere decir concretamente. Habla usted del peligro que se cierne sobre su asociación. Este tipo de peligros es lo que habría que recordar.
La extrema derecha representa una amenaza contra dos grandes aspectos de la convivencia, para empezar el peligro impuesto por el racismo y la xenofobia y luego el ataque a las libertades públicas, cosas que no hay que dejar de lado. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto en Francia, ya estamos viendo obstáculos: al derecho de manifestación, al de huelga, a la libertad de expresión. Y es un hecho en Francia, pero no sólo ahí.
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