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El camino de Georgia hacia la Unión Europea parecía haberse allanado: las aspiraciones de liberarse definitivamente de la influencia rusa y vincularse a Occidente parecían a punto de hacerse realidad en diciembre de 2023, cuando la UE concedió a la república del Cáucaso el estatus de país candidato a la adhesión.
Pero una serie de medidas adoptadas en los últimos meses por el gobierno liderado por el partido nacional-populista Sueño Georgiano (ქართული ოცნება, SG) han supuesto un parón.
La primera de ellas ha sido la denominada ley sobre la transparencia de los "agentes extranjeros" inspirada en la que adoptó Moscú para reprimir a la sociedad civil rusa. Este texto, apodado "ley rusa", califica de "agentes extranjeros" a las organizaciones que reciben del extranjero más del 20 por ciento de su financiación y les impone pesadas obligaciones burocráticas y sanciones igualmente duras, limitando efectivamente su actuación.
Fue aprobada por el parlamento a mediados de mayo, a pesar de las protestas con que decenas de miles de personas manifestaron su oposición en las calles de la capital, Tiflis, y otras ciudades. Como reacción, la UE suspendió el proceso de adhesión de Georgia el 27 de junio.
Contra la "propaganda LGBT"
El mismo día, los diputados georgianos aprobaron en primera lectura otro texto inspirado por el Kremlin, conocido como ley contra la "propaganda LGBT" y sobre la "protección de los valores de la familia y los menores". Esta medida prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de niños y niñas por parte de personas no heterosexuales o que no se identifiquen con su propio sexo de nacimiento, así como las intervenciones destinadas al cambio de género.
Además, la ley prohíbe todas las reuniones públicas que promuevan las relaciones homosexuales y la identificación de una persona con un sexo diferente, así como la difusión de información sobre el tema (esto incluye películas u otras producciones culturales), porque todo ello se considera "propaganda LGBT". Las sanciones incluyen multas de hasta 5000 lari (unos 1600 euros), una suma importante en un país donde el salario medio ronda los 1600 lari (unos 570 euros).
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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