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Las espectaculares imágenes de la campaña de lucha contra la migración irregular que se está llevando a cabo actualmente en Estados Unidos se han visto y compartido en todo el mundo. Iniciada por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder, la actual represión no solo evidencia la deriva hacia el autoritarismo en el país del Tío Sam, sino que también revela, en espejo, la naturaleza de las políticas migratorias europeas, no tan diferentes.
“Un ataque autoritario contra una democracia constitucional”
Desde su recuperación de la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha lanzado una enorme campaña para luchar contra la inmigración irregular. Los arrestos y encarcelamientos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) –la agencia aduanera responsable del control fronterizo– han aumentado en todo el país.
Según la Casa Blanca, la ICE habría arrestado a 100 000 inmigrantes sin papeles desde que Donald Trump inició su mandato. 59 000 personas estarían ahora detenidas en los centros de la ICE, y muchas decenas de miles de detenidos ya han sido expulsados del país. El presidente estadounidense espera poder expulsar en un futuro a 3000 personas al día.
Sin embargo, el número de arrestos y detenciones se ha de volver a poner en contexto, según el politólogo Cas Mudde. “Pienso que son muchos los europeos que tienen una imagen sesgada de Estados Unidos, que la ven muy positivamente cuando los demócratas ocupan la presidencia y muy negativamente cuando los republicanos están en el poder. El hecho es que las redadas de inmigración y sobre todo las deportaciones también fueron muy elevadas con los presidentes Obama y Biden”.
“La principal diferencia es que, con los Demócratas, el Estado se centra casi exclusivamente en los extranjeros sin papeles con antecedentes penales, y con los Republicanos, adopta un enfoque más indiferenciado”, explica Mudde.
La administración demócrata de Joe Biden pudo naturalizar a casi 3,5 millones de personas (un récord para todos los mandatos presidenciales en su conjunto), además de ampliar las vías legales de acceso a la migración, según un documento del Migration Policy Institute (MPI).
Pero aun así puso en marcha un número récord de deportaciones. Un documento del ICE registra más de 271 000 en el último ejercicio fiscal del mandato de Joe Biden, la cifra más alta en una década; y que rebasa así al primer balance de Donald Trump.
“Trump se apoya en los dispositivos antiinmigración implantados por las administraciones precedentes, fueran éstas demócratas o republicanas”, precisa Mudde. Para él, la retórica empleada por el inquilino de la Casa Blanca se hace eco por igual de los discursos que ofrecen políticos ajenos a su partido. “Sus ataques contra las universidades se basan en argumentos ampliamente utilizados por los liberales (de la administración Biden all New York Times), por ejemplo en lo tocante a las alegaciones de ‘antisemitismo’ [entre los movimientos estudiantiles propalestinos] en los campus universitarios. Sencillamente, esto evidencia, una vez más, que no hay una línea nítida de demarcación entre la ‘corriente dominante’ y la extrema derecha”.
Esta nueva ola de represión, muy mediatizada, no tiene precedentes, ya que presenta en la vida cotidiana de millones de estadounidenses una violencia que solía estar reservada a espacios distantes: las fronteras. Durante varios meses, las redes sociales y los medios de comunicación estadounidenses han estado repletos de imágenes que mostraban a personas arrestadas en la calle, en sus lugares de trabajo o incluso en los pasillos de los tribunales de inmigración. El perfil de las personas detenidas también es impactante: casi la mitad de las personas actualmente detenidas no tenían antecedentes penales, contrariamente a la retórica de la administración Trump, que insiste en la prioridad de perseguir a los delincuentes.
En busca de nuevos objetivos, el gobierno estadounidense también quiere poner sus miras en personas con un estatus de protección temporal o un permiso de trabajo, privándolas de su autorización de residencia y exponiéndolas a una posible expulsión.
Una buena parte de la opinión pública estadounidense desaprueba con firmeza la conducta de la administración nacional: las manifestaciones que han estallado en todo el país así lo demuestran, sobre todo en lo concerniente a los arrestos en el sector de la agricultura y de la hostelería y restauración, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.
“Pienso que son muchos los europeos que tienen una imagen sesgada de Estados Unidos, que la ven muy positivamente cuando los demócratas ocupan la presidencia y muy negativamente cuando los republicanos están en el poder. El hecho es que las redadas de inmigración y sobre todo las deportaciones también fueron muy elevadas con los presidentes Obama y Biden” – Cas Mudde
Inicialmente en dificultades financieras, el presupuesto del ICE recibió un colosal aumento a principios de julio. Ahora dispone de más de cien mil millones de dólares hasta 2029 (en comparación con un presupuesto anual anterior de menos de diez mil millones de dólares) para contratar personal, ampliar su capacidad para hacer detenciones y aumentar las expulsiones a un nivel sin precedentes. Prácticamente de la noche a la mañana, el ICE se ha convertido en la agencia federal de seguridad pública más dotada de la historia del país.
“Si bien el giro autoritario es abrupto y bastante extremo, la administración Trump ha perdido casi todos los casos judiciales relacionados con su programa autoritario”, modera Mudde. “Así pues, estamos viendo un ataque autoritario a una democracia constitucional, y es demasiado pronto para decidir quién será el ganador”.
¿Se podría producir una situación similar en Europa?
Para Cas Mudde, plantearse esta pregunta equivale a ignorar “lo que pasa y ha pasado en un gran número de países de la Europa central y oriental, como Hungría, Polonia, Serbia y Eslovaquia. Pero la democracia liberal y el Estado de derecho han salido igualmente malparados por culpa de partidos esencialmente tradicionales en Austria y Países Bajos, por no citar más unos pocos”.
La presencia de la extrema derecha en la vanguardia de ciertos países y la intensificación de los discursos contra las migraciones en Europa han permitido la multiplicación de políticas migratorias muy criticadas.
Un proposición de ley de la Comisión Europea que permite la creación de “centros de retorno” en terceros países ha sido atacada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que la consideran una medida cortoplacista que rompe con el derecho internacional.
Una circular de la presidencia polaca del Consejo de la UE, difundida antes de la publicación de la proposición, no ha hecho más que acrecentar las inquietudes de la organización Statewatch. “La posición dominante [entre los Estados miembros] es contar con una base jurídica flexible que permita aplicaciones más personalizadas en función de los potenciales países de acogida de los centros y evite el control judicial que podría poner en peligro la implantación de esta innovadora solución.”
En definitiva: formular la proposición de manera que la puesta en marcha y el funcionamiento de los centros no se vean dificultados por la justicia, tal como ocurrió con la “solución ruandesa” en el Reino Unido o el acuerdo entre Italia y Albania.
Si bien las restricciones legales sobre el trato a refugiados y solicitantes de asilo limitan los abusos, algunos gobiernos ya operan en los límites de la ley.
En Grecia, 1626 refugiados y migrantes fueron internados en centros de detención con vistas a su salida en 2024, según un informe de la ONG Refugee Support Aegean (RSA). Los afganos y los sirios son los dos grupos más frecuentemente sometidos a detención administrativa (7012 y 5724 personas, respectivamente). Para la organización RSA, esta situación plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y la pertinencia de imponer una pena de privación de libertad, dado que la gran mayoría son refugiados que no pueden ser expulsados a su país de origen.
Apenas el 14,1 % de las órdenes de detención fueron impugnadas en 2024, una proporción baja debido a las dificultades para cualquier apelación y la falta de asistencia jurídica en Grecia. Sin embargo, el 42,2 % de las objeciones a la detención tramitadas por los tribunales de primera instancia el año pasado fueron admitidas a trámite. No obstante, no se dictó ninguna condena contra la policía por arrestos o expulsiones ilegales, ni por arrestos o expulsiones informales. En el pasado, las fuerzas de seguridad habían sido acusadas de practicar una cultura de impunidad y falta de transparencia.
Más de la mitad de los refugiados y migrantes que llegaron a Grecia en 2024 eran sirios o afganos (21 500 y 15 561 personas respectivamente, sobre un total de 65 072). Como la mayoría contaba con el estatus reconocido de refugiado, era imposible expulsarlos mientras se tramita la acogida y la identificación en el caso de que formulasen una solicitud de asilo.
A pesar de la disminución de las expulsiones efectivamente ejecutadas, el número de decisiones de expulsión ha aumentado este último año al alcanzar las 31 629 (contra 29 869 en 2023). “Seguimos subrayando que las autoridades policiales eluden el derecho europeo al tomar decisiones de expulsión contra los solicitantes de asilo que acaban de llegar, y esto sin discernimiento alguno”, indica la organización RSA.
Un informe de la organización para defensa de los derechos humanos de las personas sin papeles PICUM, publicado en 2025, demuestra que los migrantes y las personas que les prestan asistencia cada vez son más criminalizados en Europa. En 2024, al menos 94 migrantes fueron perseguidos por haber facilitado la inmigración irregular, así como 142 defensores de los derechos humanos por haber brindado su apoyo a exiliados. Según el documento, el carácter desproporcionado de las acusaciones evidencia la forma en que “las políticas de lucha contra el tráfico de seres humanos están fundadas en ideas falsas relativas a lo que constituye el tráfico […] y acaban por perjudicar los derechos de los migrantes y de las personas solidarias, en vez de protegerlos”.
En 2023, la Comisión Europea propuso una revisión de las reglas en materia de lucha contra el tráfico de seres humanos. Para Silvia Carta, encargada de litigar por PICUM, “la revisión que se ha propuesto de la directiva sobre la facilitación expondrá a las personas al riesgo de procedimientos penales solo por franquear las fronteras o por ayudar a otras personas necesitadas de ayuda”. A finales de 2024, muchas ONG –PICUM entre ellas– presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo europeo para denunciar la incapacidad de la Comisión Europea para evaluar correctamente el impacto de las nuevas leyes propuestas para luchar contra el tráfico de migrantes. Para Carta, “la decisión del Defensor del Pueblo europeo de abrir una investigación contra la Comisión es un reconocimiento importante del hecho de que esta proposición corre el riesgo de violar los derechos fundamentales y que la Comisión no se ha tomado en serio estos riesgos”.
Según Frontex, la agencia europea encargada del control y de la gestión de las fronteras exteriores, las entradas irregulares en Europa han disminuido el 20 % en los primeros meses de 2025, con un total de 63 700 casos. Una disminución que la agencia atribuye sobre todo a los controles fronterizos más severos y a la meteorología, pero que esconde una realidad más sombría. En 2025, 752 personas han muerto en su intento de cruzar el mar Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), principalmente a lo largo de la ruta mediterránea central.
Lejos de conmoverse por la suerte de las personas en tránsito, ciertos políticos ven en la violencia de las políticas migratorias un objetivo a alcanzar. El 28 de junio de 2025, el gobierno griego nombró a Pierre Plévris (político procedente de la extrema derecha islamófoba y antisemita) para el cargo de ministro de Migración y Asilo. En 2011, entonces miembro del parlamento griego, Plévris detallaba ya su visión de la defensa de las fronteras. “La vigilancia de las fronteras no se puede hacer sin pérdidas, y para ser claro, sin muertos. Proteger las fronteras significa tener muertos”, explicaba durante una concentración organizada por la revista de extrema derecha Patria. También precisó su interpretación de las políticas de acogida. “Si no están peor [aquí], vendrán. Deben estar en peor situación [que en su país de origen]. Su vida, su infierno, debe parecer un paraíso comparado con lo que vivirán aquí”.
“Las redadas policiales [contra las personas migrantes] no son exclusivas de Estados Unidos. Las hemos visto por toda Europa” – Garyfallia Mylona
La sociedad civil se ve igualmente afectada por las políticas migratorias. En un informe publicado a finales de 2024, la ONG Amnistía Internacional denunciaba un retroceso en materia de respeto de los derechos humanos en las políticas migratorias en España. La ONG indica sobre todo que, junto con Alemania y Suecia, es el país que más emplea el perfil racial dentro de la UE, evidenciando el “racismo estructural que existe [allí]”. En 2024, 3031 ciudadanos extranjeros fueron expulsados de España por diversas razones de seguridad nacional, según el ministro del Interior español. Estas cifras representan un aumento de cerca del 50 % con relación al número de expulsiones tramitadas tres años antes: en 2021, se habían registrado 2025 casos.
“Las redadas policiales [contra las personas migrantes] no son exclusivas de Estados Unidos”, afirma Garyfallia Mylona, responsable de formular alegaciones por parte de PICUM. “Las hemos visto por toda Europa: en los campos de migrantes en Calais (Francia); en parques, estaciones de tren y restaurantes en Bélgica; y en los salones de manicura rápida y lavaderos de coches en el Reino Unido. Con demasiada frecuencia, las personas indocumentadas también corren el riesgo de ser detenidas y deportadas si intentan acceder a los servicios públicos, por ejemplo, en Alemania, donde la mayoría de las autoridades públicas están obligadas a denunciarlas a las autoridades de inmigración”.
Para Mylona, los arrestos y las obligaciones a denunciar, además de perjudicar a las personas y separar a las familias, siembran el miedo y la desconfianza hacia las instituciones entre las comunidades de migrantes. “Los líderes políticos de ambos lados del Atlántico deben promover la inclusión y unos fuertes sistemas de protección social, en lugar de sembrar la división y la violencia”.
La violencia que se ve hoy en las calles estadounidenses tiene su eco en la que se desarrolla en el Mediterráneo, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia o a lo largo de la ruta de los Balcanes.
En un contexto internacional marcado por una criminalización de la migración cada vez más importante, los Estados Unidos de Donald Trump no son una excepción. Hace tiempo que los países europeos, sean de extrema derecha o no o estén tradicionalmente considerados como autoritarios o liberales, han puesto sus pies en el terreno pantanoso en el que se encuentra Estados Unidos.
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