Acuerdo migratorio entre Italia y Albania: ¿quién decide lo que define a un país seguro?

Alegación por comprobar: Con la instalación de los centros de detención en Albania, el gobierno de Italia declara que los jueces italianos no pueden ignorar las leyes nacionales, incluso si estas entran en conflicto con la legislación europea.

Contexto: El gobierno italiano, dirigido por Giorgia Meloni, alega que los jueces no pueden ignorar las leyes nacionales, incluso si estas entran en conflicto con la legislación europea. Esta afirmación surgió en medio de tensiones entre el gobierno y el poder judicial sobre un decreto que define cuáles son los “países seguros” para los solicitantes de asilo, que, según los críticos, viola la ley europea. Los expertos jurídicos, como Gianfranco Schiavone y Fulvio Vassallo Paleologo, refutan esta alegación, citando la supremacía de la legislación europea por encima de las leyes nacionales en caso de conflicto, como lo establece el Tribunal de Justicia europeo (ECJ, por sus siglas en inglés). Las recientes decisiones del tribunal italiano, que incluyen una remisión al ECJ, cuestionan la compatibilidad del decreto de Meloni con las directivas de la UE, en particular la Directiva 2013/32, que define los criterios de los países seguros. Las acciones del poder judicial reafirman su obligación de respetar la legislación europea, lo que contradice la posición del gobierno. Este conflicto jurídico es un reflejo de tensiones más amplias sobre la independencia judicial en Italia y el papel de la UE en las políticas de asilo.

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Tras una reunión de varias horas del gobierno italiano en Palazzo Chigi, se convocó a una conferencia de prensa en la noche. El gobierno de Giorgia Meloni ha redactado una nueva ley que especifica qué países se consideran como seguros para los procedimientos de asilo acelerados a los que se someten los migrantes. Esto ocurrió después de que, el 18 de octubre, los jueces del tribunal de Roma no aprobaron la detención de 12 solicitantes de asilo que fueron transferidos por la fuerza a nuevos centros de detención en Albania y luego enviados de regreso a Italia.

Este caso ha provocado un conflicto institucional entre el poder judicial y el gobierno, y amenaza con socavar el protocolo que Roma firmó con Tirana en noviembre de 2023, que llevó a la construcción de dos centros de detención gestionados por Italia en Shëngjin y Gjadër, al otro lado del mar Adriático.

Después de las organizaciones humanitarias, los jueces están siendo atacados. “No me parece que los jueces deban decidir cuáles países son seguros, sino el gobierno”, declaró la primera ministra Meloni el 18 de octubre, dejando claro que quería seguir delegando las solicitudes de asilo.

Durante la conferencia de prensa del 21 de octubre, el ministro de Justicia Carlo Nordio, un miembro del partido de la primera ministra Fratelli d'Italia y un exmagistrado, acusó a los jueces de no haber “entendido y leído” la directriz del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de países seguros y declaró que los jueces no podían ignorar esta nueva ley, lo que desencadenó numerosas críticas por parte de los expertos.

“Un juez no puede ignorar una ley nacional, yo tendería a excluir que pudiera hacerlo”, dijo el ministro a la prensa. Pero los expertos, como el abogado Fulvio Vassallo Paleologo, le acusan de “mentir sabiendo que lo está haciendo”.

De acuerdo con Chiara Favilli, profesora de derecho europeo en la Universidad de Florencia: “Es necesario respetar la legislación europea. Entre otras cosas, es gracias a esta legislación que establecimos la lista de países seguros, así que no podemos decidir darle la definición que queramos al concepto de ‘país seguro’”.

Según el abogado Gianfranco Schiavone, presidente del Consorcio Italiano de Solidaridad y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI, por sus siglas en italiano): “La normativa europea es superior a la nacional; de entrar ambas en conflicto, los jueces deben ignorar la segunda”. Para Schiavone, la nueva ley sobre países seguros entraría en conflicto con la legislación europea, en particular con la Directiva 32 de 2013, la denominada “Directiva sobre procedimientos”, como lo confirmó la decisión del Tribunal de Justicia del 4 de octubre de 2024, que estableció que un país solo se puede considerar como seguro si lo es para todos (incluidas las minorías) en cualquier parte de su territorio.

Los expertos jurídicos fueron vindicados por la decisión del Tribunal de Roma del 11 de noviembre, cuando este refirió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión sobre la detención de siete solicitantes de asilo, el segundo grupo de migrantes provenientes de Egipto y de Bangladés, que fueron transportados a Albania en una embarcación militar italiana tras ser rescatados en el Mediterráneo. Los jueces italianos han identificado un conflicto entre el nuevo decreto del gobierno italiano sobre “países seguros” y la ley de la Unión Europea.

En un comunicado de prensa del 11 de noviembre, el tribunal de Roma declaró: “Los jueces consideraron necesario ordenar una remisión preliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con cuatro preguntas similares a las que dos paneles de la misma sección ya habían planteado pocos días atrás [...]. La remisión preliminar ha sido elegida como el instrumento más apropiado para aclarar diversos aspectos de compatibilidad dudosa con la disciplina supranacional que ha surgido en seguimiento a las reglas del Decreto-Ley”.

La decisión de Giorgia Meloni de redactar una nueva ley y de realizar devoluciones forzadas a Albania, pese a la opinión negativa de los tribunales, nos recuerda a la historia del primer ministro conservador británico Rishi Sunak, cuando la Corte Suprema del Reino Unido rechazó el acuerdo de Londres con Kigali para delegar las solicitudes de asilo a Ruanda. En este caso Sunak también intentó redactar otra ley para eludir la decisión de la corte. Otros tribunales italianos también han pedido la opinión del tribunal de Luxemburgo: los tribunales de Catania, Palermo, Boloña y Roma.

En su solicitud dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal de Boloña hizo  un paralelismo audaz con la Alemania nazi, que Meloni describió como “propagandista” en un programa de televisión.

“Se podría decir, paradójicamente, que Alemania bajo el régimen nazi era un país extremadamente seguro para la gran mayoría de la población alemana: a excepción de los judíos, los homosexuales, los opositores políticos, las personas de etnia romaní y otros grupos minoritarios, más de 60 millones de alemanes gozaban de un nivel de seguridad envidiable. Lo mismo se podría decir de Italia bajo el régimen fascista. Si un país se considerase seguro cuando la seguridad de la mayoría de la población estuviese garantizada, el concepto jurídico de un país de origen seguro podría aplicarse a casi cualquier país del mundo, y por ende sería un concepto sin consistencia jurídica”, dice la remisión al Tribunal de Justicia europeo.

El 25 de octubre, el tribunal de Boloña solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diese su opinión y que aclarase su posición sobre la nueva norma perseguida por Giorgia Meloni. Se le había pedido al Tribunal que se pronunciase sobre el caso de un solicitante de asilo bangladesí cuya solicitud fue rechazada porque su país de origen se consideraba como seguro. Pero el tribunal italiano pidió al Tribunal de Justicia europeo que resolviese “varios conflictos de interpretación que han surgido en el sistema jurídico italiano y, de manera más general, en la regulación de la relación entre el derecho europeo y el nacional”.

Por otra parte, el juez que solicitó la remisión al tribunal de Estrasburgo ha sido atacado y amenazado en las redes sociales, en particular por aspectos de su vida personal como el ser homosexual. La misma suerte sobrevino a Silvia Albano, una de los seis jueces del tribunal de Roma que no aprobó la detención de migrantes en Albania. Ahora se encuentra bajo protección policial tras recibir amenazas de muerte y cartas con amenazas en los últimos días.

Los fiscales de Palermo también se encuentran bajo protección. Estos han solicitado una encarcelación de seis años del vice primer ministro y ministro de Transporte Matteo Salvini, que ha sido acusado de secuestro y negativa a ejecutar funciones oficiales por dejar bloqueados durante 19 días a más de cien migrantes a bordo de una embarcación humanitaria de Open Arms frente a la costa de Lampedusa en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior.

El 20 de diciembre, Salvini fue exculpado, pero entretanto hay fuertes tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial. “Hay una intolerancia declarada de un poder que no responde a las directivas del gobierno”, denunció el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), Giuseppe Santalucia. “Los magistrados no son el brazo ejecutivo del gobierno”, añadió durante una reunión extraordinaria en Boloña el 2 de noviembre. Según expresó el abogado Vassallo Paleologo en X (anteriormente Twitter, su cuenta se ha suspendido entretanto): “El gobierno italiano quiere empujar al poder judicial antes del veredicto del juicio de Salvini en Palermo. Y busca abogar por una reforma que separaría las carreras de los magistrados con el fin de aumentar su control sobre los fiscales”.

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