Elige un idioma
El pasado 24 de abril finalizó la campaña para la iniciativa ciudadana europea (ICE) “My Voice, My Choice”, que recogió casi 1,2 millones de firmas: un éxito inusual para una ICE. La campaña pide que se cree un mecanismo de financiación para proporcionar asistencia segura al aborto a todas aquellas personas que no tienen acceso a este servicio.
Al parecer, las leyes y las prácticas vigentes distan mucho de lo que la sociedad civil sabe que ocurre de verdad.
Abortar en Europa
“Sí, Claudine, hemos ganado, pero solo temporalmente. Bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ponerse en tela de juicio. Son derechos que no se adquieren para siempre. Habrá que seguir estando alerta toda la vida”, decía Simone de Beauvoir en una conversación con la escritora y militante Claudine Monteil, tras la legalización del aborto en Francia, en 1974.
Y, de hecho, abortar en 2025 sigue siendo un problema personal, político y emocional. Y pesa sobre los hombros de las mujeres. “Si los hombres se quedaran embarazados, se podría abortar en la peluquería”, decía el cómico italiano Daniele Luttazzi.
En Europa, el aborto es legal en todas partes, salvo en Polonia y Malta, donde solo se puede recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación o si la vida de la madre corre peligro.
Sin embargo, se trata de un derecho puramente formal, como en Italia, donde la objeción de conciencia hace que en algunas regiones sea prácticamente imposible abortar (aquí se pueden consultar los datos actualizados, recopilados por Margherita Gobbo en el marco del proyecto Come Together).
Una investigación de The Journal Investigates firmada por Órla Ryan y Maria Delaney relata que, cada, año “más de 5000 mujeres en Europa se ven obligadas a viajar al extranjero para abortar”. “En 2023, ese número era de al menos 5860”.
El artículo forma parte de una investigación periodística transnacional, “Exporting Abortion” coordinada por el diario español Público, en la que han trabajado periodistas de todo el continente y que ha sido publicada por 11 medios de comunicación europeos: OKO.press en Polonia, Expresso (Portugal), Taz (Alemania), Denník N (Eslovaquia), Page not found (República Checa), Altaveu (Andorra), Amphora Media (Malta) y Moment (Austria).
“Entre 2019 y 2023, numerosas mujeres viajaron al menos 27 200 veces a otro país europeo para abortar”: Órla Ryan y Maria Delaney explican que esto se debe a que la ley de su país de origen no lo permite, ya sea porque el aborto está prohibido o porque la legislación es restrictiva, o incluso porque han superado el plazo legal para interrumpir el embarazo.
La cifra es “solo la punta del iceberg”, afirman, dado que estos datos solo recogen los abortos practicados a mujeres europeas residentes en otros países y realizados en diez países, entre ellos Irlanda y el Reino Unido, así como a mujeres polacas en Alemania y Austria.
Los demás países no recopilan datos oficiales sobre el aborto o acaban de empezar a hacerlo. Esto depende de las diferentes prácticas y legislaciones nacionales, de la diferente gestión de los datos personales y de la ausencia de una legislación europea común, explica Armelle Desmaison en Mediapart, que ha participado en la investigación.
Por ejemplo, en Austria, escribe, “no hay forma de saber cuántas mujeres acuden al país para abortar. Salah El-Najjar, directora y ginecóloga de la clínica Woman & Health de Vienna, afirma: ‘Recibimos mujeres de Polonia, de Hungría, de Alemania, de Eslovaquia, de la República Checa e incluso de países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos’”.
El destino más “popular” de estos viajes es los Países Bajos, donde la interrupción del embarazo está permitida hasta la semana veinticuatro y donde, “en los últimos cinco años, han abortado más de 13 100 mujeres procedentes de otros países europeos”, explica The Journal Investigates.
“Son las personas más vulnerables las que se siguen sintiendo obligadas a viajar al extranjero para acceder a la atención médica”, dice Ciara McHugh, coordinadora de la línea de asistencia de la Abortion Support Network (ASN).
En Francia, donde el aborto se ha incluido en la Constitución, no siempre es fácil acceder a él, sobre todo debido a los numerosos recortes en el sistema sanitario. Lisa Carayon, profesora de la Universidad Sorbona Norte de París, afirma a The Journal Investigates “que la medida ha tenido un impacto mayor ‘a nivel de política internacional’ que en términos de mejora del acceso en el territorio. ‘Da esperanza’ a los movimientos feministas de todo el mundo”.
Cabe mencionar el caso de Ucrania: “un factor que podría haber contribuido a este aumento (de los viajes al extranjero para abortar) es la invasión rusa. La guerra ha dificultado el acceso de las mujeres a los servicios de aborto. En 2019, Ucrania registró 74 606 abortos. En 2020, con la pandemia, la cifra descendió a 61 048. Pero en lugar de estabilizarse o volver a los niveles previos a la pandemia, como en la mayoría de los países, los abortos siguieron disminuyendo. En 2023, se registraron 42 683”, informa la página web del proyecto.
Para las mujeres que viven en otras partes del mundo es aún más difícil: “Las que pueden permitírselo, viajan a Europa para abortar. Entre 2019 y 2023, 86 mujeres residentes en Marruecos abortaron en España, junto con 66 mujeres procedentes de Brasil y 56 de los Emiratos Árabes Unidos. […] En otros países no existen bases jurídicas para el aborto, lo que significa que, aunque la vida de la mujer embarazada corra peligro, debe continuar con el embarazo. La prohibición total del aborto hace que incluso los abortos espontáneos sean sospechosos, y las mujeres corren el riesgo de ser perseguidas como si hubieran elegido abortar. Es el caso de Honduras, Filipinas, República Dominicana y El Salvador”, continúa la investigación.
Pedir pastillas abortivas
“La investigación también ha revelado una tendencia creciente en países donde el derecho al aborto se encuentra muy restringido a la solicitud de pastillas abortivas. Esto ocurre fuera del sistema sanitario oficial, lo que deja a las mujeres sin asistencia médica”, añade The Journal Investigates.
El fenómeno afecta especialmente a Malta y Polonia, pero no hay datos cuantificables. “A las mujeres les preocupa especialmente que las pastillas puedan ser descubiertas o retenidas en la aduana... Algunas temen ser denunciadas por familiares, parejas o incluso exparejas. Otras viven relaciones violentas en las que su pareja quiere que mantengan el embarazo, pero ellas no quieren”, relata a Amphora Media la doctora Natalie Psaila Stabile, cofundadora de la asociación Doctors for Choice Malta.
Según la ley maltesa, es legal comprar, poseer e incluso consumir las pastillas. Es ilegal utilizarlas durante el embarazo.
En colaboración con Display Europe, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de las mismas.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
El evento >
Participa en el debate
Hacerse miembro para traducir los comentarios y participar