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La transición del modelo energético actual en Europa hacia otro modelo más sostenible y que se base sobre fuentes de producción de energía propias, como la solar y la eólica, tiene un buen argumento a favor en la creciente factura que se paga por la electricidad en la UE. Así, desde la crisis económica que comenzó en 2008 los datos de Eurostat revelan un paralelismo entre los países más afectados por la crisis y los países que mayor aumento de precio registran en los precios de electricidad durante los últimos años, según la siguiente tabla de evolución de precios:
Con datos actualizados en 2018, utilizamos el criterio de la paridad de poder adquisitivo para valorar de manera efectiva la repercusión directa del coste de la electricidad en el ciudadano. Los precios más altos los marcan Portugal y Alemania, inmediatamente le siguen países como Rumanía, España o Dinamarca. Como comprobamos, países con rentas per cápita muy divergentes.
Otra interesante clasificación se puede establecer en torno al precio de la electricidad, sin aplicación de tasas e impuestos, y aplicando igualmente el criterio de la paridad de poder adquisitivo. En este caso, sería España el país en el que el precio de la electricidad es más alto, dentro de la Unión Europea. Aquellos países que registran precios absolutos más altos de la electricidad descienden de manera apreciable en esta clasificación.
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Las clasificaciones varían también de forma importante si tenemos en cuenta únicamente el coste de la electricidad por un lado y por otro los impuestos que se aplican. La estadística confirma que las mayores diferencias en el precio de la electricidad, compuesto básicamente de tres componentes (coste de producción, uso de la red e impuestos y tasas) están determinadas por el último de los componentes: los impuestos, y en menor proporción por el anterior, el coste de uso de la red. Es decir, dos puntos determinados politicamente por los gobiernos de los Estados.
Así, los países que pagan impuestos más altos por consumo de electricidad son Portugal, Alemania y Dinamarca, en los que los impuestos suponen más del 50% de la factura energética.
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