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La tasa sobre las comunicaciones telefónicas que Budapest aprobó en mayo de 2012 entró en vigor el 1 de enero y “no complace a Bruselas”, titula Nepszabadsag. La Comisión Europea inició el 24 de enero un proceso de infracción contra Hungría. Envió una carta de emplazamiento al Gobierno de Viktor Orbán, que puede desembocar en que se abran diligencias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en sanciones, tal y como explica el diario.
En 2011, la Comisión Europea ya había abierto una investigación sobre el “impuesto de la crisis” que el Gobierno húngaro instauró en octubre de 2010, explica el diario. Estas medidas excepcionales afectan a los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la distribución y el sector financiero. Aunque estaba previsto que expirasen en 2013, se han prolongado sine die. El Gobierno húngaro tiene ahora dos meses para responder a las observaciones de Bruselas o para modificar su legislación para que no contravenga las leyes europeas.
