A menos de tres meses de la Conferencia de Copenhague (COP15), se abordan finalmente las cuestiones cruciales: Europa reivindica el liderazgo en la lucha contra el cambio climático y la América de Obama envía señales conciliadoras —algo inimaginable en los tiempos de Bush— mientras que el compromiso de las economías emergentes sigue siendo incierto. El sábado 5 de septiembre, en la reunión de los ministros de Economía del G20, los tigres asiáticos, con India y China a la cabeza, se negaron a adoptar compromisos claros. Bruselas quiere dar buen ejemplo y no cambia en absoluto su programa: de entrada, estableciendo un calendario y sobre todo precisando sus intenciones en términos presupuestarios. Dicho programa forma parte de un documento de 33 páginas, de momento aún confidencial, que la Comisión Europea pretende presentar el 10 de noviembre para su debate en el Consejo. Tras el acuerdo del G8 en Aquila acerca de la limitación a 2,5ºC en el aumento de la temperatura global hasta 2020, el ejecutivo europeo estima que "ha llegado el momento de pasar a la acción presentando un plan de financiación de las medidas relacionadas con el clima que optimice las probabilidades de éxito de los encuentros de diciembre". Actualmente, se observa, "las negociaciones avanzan a paso de tortuga", algo que no conviene en absoluto a la Unión Europea, cuyos líderes pretenden ser las liebres de nuestro pobre y viejo planeta Tierra en materia de ecología.

Los expertos de la Comisión proponen una acción gradual que culminaría en un gasto total de 100.000 millones de euros hasta 2020. Se trata de un "flujo de dinero y no de gastos directos a descontar de los presupuestos públicos", matizan estos mismos expertos. La idea es lograr el objetivo combinando recursos de tres categorías distintas: los capitales financieros de los Estados miembros, tanto públicos como privados, las aportaciones financieras procedentes de la venta de cuotas de CO2 en el mercado de emisiones y los movimientos financieros públicos a nivel mundial. La Comisión considera las inversiones privadas como uno de los puntos clave de su estrategia, debido a su carácter potencialmente lucrativo. La respuesta al cambio climático requiere un sólido programa de infraestructuras a nivel mundial en los países ricos y, con mayor motivo, en los países emergentes. En Bruselas se considera un estímulo interesante la posibilidad que tienen los Estados miembros de descontar del volumen de sus propias emisiones aquellas que estos países contribuyen a eliminar en las zonas más necesitadas.

Dos criterios para fijar las contribuciones de cada país

El mercado de las emisiones de CO2 es también un punto crucial: en efecto, la Comisión prevé que el plan 2020 pueda financiarse, al menos en parte, con los beneficios generados por la Bolsa de CO2. Fijando un objetivo de una reducción del 30% en las emisiones (algo que Europa se ofrece a hacer si los demás aceptan una reducción del 20%), Bruselas estima que los intercambios de cuotas de CO2 pueden generar alrededor de 38.000 millones de euros anuales. La cuestión de quién pondrá ese dinero es la más problemática, en particular en estos tiempos de recesión. El Consejo ha establecido ya dos criterios posibles: una contribución basada en la cantidad de gases de efecto invernadero emitida y otra calculada en función de la capacidad de pago. Habrá que escoger, y todo hace pensar que se llegará a una combinación de ambos criterios a la luz del primer informe de etapa, en 2013, año en que deberían entrar en vigor los eventuales acuerdos de Copenhague.

Las previsiones para el periodo 2011-2012 indican un gasto global de 4.000 a 7.000 euros para la reducción de los gases de efecto invernadero e intervenciones estructurales. Al año siguiente deberán ser 10.000 millones. La parte de responsabilidad europea quedaría establecida en 1.1000 millones según el criterio del índice de contaminación, y en 3.260 según la capacidad de pago. Tal y como explica una de nuestras fuentes, se trata de "valores extremos" entre los cuales se acordará una cifra intermedia justa. Queda por saber si existe realmente la voluntad de renunciar a algo para salvar el futuro. El resto, millones de euros incluidos, no es más que un problema relativo si todos nos decidimos a ponernos en camino.