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El antiguo primer ministro socialdemócrata, Adrian Nastase (2004-2006), ha sido condenado por el Tribunal Supremo de Justicia y Casación a dos años de prisión por la malversación de 1,5 millones de euros versados por empresas y hombres de negocios invitados a participar en un congreso en 2004. Cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo, Nastase, de 61 años, intentó suicidarse con una pistola. Gravemente herido en la garganta, fue hospitalizado de urgencia en Bucarest.

Se trata de "un veredicto sin precedentes en Rumania" desde que cayó del comunismo en 1989, resalta Adevărul. A su vez, en el portal de información HotNews, Vlad Mixich señala que esta sentencia marca el fin de una época:

Hoy he aprendido que no hay nadie intocable: ni los que tienen dinero, ni los dirigen los partidos. Hoy mi país me ha enseñado que esto es posible. Sólo hoy, la Revolución de 1989 comienza a verse como una verdadera evolución.

Igualmente, HotNews recuerda que los abogados de Nastase anunciaron que apelarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que se trata de un juicio político:

Hay quienes dicen que es un expediente político, otros piensan que será puesto en libertad antes de tiempo. Pero hoy, y sólo hoy, eso no tiene importancia. Hoy mi generación se ha dado cuenta, nuevamente, de que esa posibilidad existe.

"Este es un buen comienzo", se congratula Liberă Rumania. "Comienza el insomnio de los grandes corruptos, cuya gestión contribuyó a que la justicia rumana empezase a ser vigilada por las instituciones europeas".

Menos entusiasta, Jurnalul National indica que Adrian Nastase ha sido condenado "a título de ejemplo":

Esta es una ejecución ritual que ha sido preparada durante ocho años por [el actual presidente], Traian Basescu, y que sus electores esperaban. Con este primer encarcelamiento de un jefe de Gobierno en la historia postrevolucionaria de Rumanía -que ha sido, casualmente, el primer ministro más competente- hemos abierto la caja de Pandora. Ministros y exministros deben darse cuenta de que podrán ser encarcelados cada vez que haya un cambio de régimen político.