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“Cada fortaleza y cada frontera levantadas con piedras / fueron erigidas por un celoso emperador / para mantener a raya a los bárbaros”. Estos versos del poeta británico Daljit Nagra podrían ocupar el encabezamiento de numerosos artículos que comentan hoy en día el regreso de buen grado a la Europa de los muros. Un tema recurrente, bien promovido por la actualidad desde 2015 y su crisis migratoria. En aquella época, muchos Estados de la UE, en lugar de reforzar sus sistemas de acogida para afrontar el aumento de las solicitudes de asilo, pensaron resolver el problema con un gran refuerzo de las vallas. No faltaban los ejemplos que emular, como en el caso de España y sus enclaves de Ceuta y Melilla en Marruecos (desde 1993) o incluso ahora en Grecia y Bulgaria, dos naciones que han consolidado sus fronteras con Turquía en 2012 y 2014, respectivamente.
Después de ocho años y mil quinientos kilómetros de nuevas vallas, se vuelve a hablar de muros y de la oportunidad que se presenta para construirlos con fondos europeos. El primer ministro húngaro Viktor Orbán había sido el primero en hacer la correspondiente solicitud en 2017. Cuatro años más tarde, Hungría volvía a la carga con una carta dirigida a la Comisión y firmada por otros once gobiernos europeos. Para justificar su solicitud, los doce ya habían esgrimido el fantasma de un “ataque híbrido y artificial que instrumentaliza una afluencia masiva de migrantes irregulares” provenientes de Estados terceros.
El 9 de febrero de 2023 la solicitud volvió a aparecer en la mesa del Consejo Europeo, apoyada por un creciente número de Estados miembro, entre los que estaba Italia. Las conclusiones del Consejo no hacen explícitamente referencias a los muros, pero tal como lo ha escrito el Instituto Transnacional en su informe de 2019 titulado The business of building walls [El negocio de construir muros],” las verdaderas barreras contra la migración contemporánea no son tanto las vallas sino el gran número de tecnologías asociadas con ello, los sistemas de radar montados en drones, las cámaras de vigilancia con sistemas de identificación biométrica” (tecnologías que ya se han desarrollado con dinero europeo).
La Comisión Europea podrá intentar que se retrase tanto tiempo como sea posible el momento en que un Estado miembro aplicará el logo de la UE en un “muro antimigrantes” completamente nuevo, pero el cambio seguirá siendo cosmético: la fortaleza Europa se mantiene sobre fondos europeos desde cierto tiempo ya.
El tercer modelo
Los verdaderos protagonistas de las conclusiones del Consejo Europeo sobre la “migración” no son los muros, sino las repatriaciones: con quince menciones, se han confirmado como la prioridad absoluta de los Estados miembro (a la inversa, el documento no contiene ni siquiera una referencia a los solicitantes de asilo y no menciona los derechos fundamentales nada más que una sola vez).
La Comisión había dado el pistoletazo de salida el 24 de enero de 2023 presentando un documento titulado Towards an operational strategy for more effective returns [Hacia una estrategia operativa para devoluciones más efectivas]. Dos días más tarde, durante el primer Consejo de ministros del Interior de la UE bajo la presidencia sueca, el representante italiano Matteo Piantedosi había propuesto “desarrollar un tercer modelo de devolución que podríamos denominar ‘devolución forzosa acompañada’, algo comprendido entre la ‘devolución forzosa’ y la ‘devolución voluntaria ayudada’.”
Mientras que esperamos aclaraciones sobre este vago concepto, la máquina europea de repatriación sigue funcionando. En un informe titulado "Access denied: Secrecy and the externalisation of EU migration control", la ONG Statewatch y la Fondation Heinrich Böll denuncian, entre los planes más recientes de externalización de las políticas migratorias, un “ambicioso programa de repatriaciones desde los Balcanes” promovido por la Unión Europea dentro del más absoluto secreto.
Cuando se leen artículos sobre las repatriaciones, uno se ve sumergido en un océano de cifras. He aquí algunas: según Eurostat, en el tercer trimestre de 2022, 109 895 obligaciones de abandono del territorio han sido notificadas por la UE y 31 825 devoluciones han sido efectuadas. El 39 % de las devoluciones a escala de la UE fueron voluntarias y el 61 % restante forzosas. Solo a partir de 2021 los Estados miembros están obligados a precisar el tipo de devolución aplicado, pero tienen evidentemente concepciones bien diferentes de lo que es “voluntaria” y de lo que es “forzosa”. De otro modo, resulta imposible explicar por qué, en el transcurso del mismo periodo, el 100 % de las devoluciones provenientes de Alemania y de Hungría eran forzosas mientras que el 100 % de las provenientes de España eran voluntarias.
Eurostat brinda igualmente datos sobre el sexo, la nacionalidad y el destino de las personas repatriadas (el término “repatriación”, aunque oficial, es de hecho incorrecto, porque la persona no siempre es expulsada hacia su país de origen). Pero aquellos que conocen la realidad de los centros de repatriación saben que detrás de esas cifras se ocultan vidas destrozadas, parejas y familias separadas, personas detenidas aterradas por la idea de regresar a la pesadilla de la que habían conseguido escapar. Las cifras no nos dicen desde cuanto tiempo atrás estas personas vivían en la UE, cuál era su situación familiar o profesional, por qué habían optado por vivir aquí, cómo habían llegado (o cómo habían llegado sus padres), lo que habían creado o esperaban crear en Europa.
