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Abolish Frontex, una coalición que incluye unas cuarenta asociaciones y organizaciones, ONG y activistas en Europa y en el mundo, reivindica el cierre de Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea. Entre las asociaciones presentes figuran la española Open Arms, la alemana Sea-Watch (que ganó fama, a su pesar, por el enfrentamiento entre la capitana Carola Rackete y el antiguo ministro de interior italiano Matteo Salvini), la francesa Utopia 56 y las italianas Nigrizia y Baobab Experience.
En una carta abierta dirigida a la Comisión Europea, al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, la coalición denuncia las "prácticas ilegales e inhumanas" de Frontex, acusada de fomentar y aplicar políticas violentas contra los migrantes.
Los peticionarios denuncian una práctica que, en aras de la seguridad – la lectura política dominante en Europa, evidente en el nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo – pone en práctica políticas que afectan gravemente la vida de aquellos y aquellas que quieren entrar en la UE: "Este año han muerto más de 740 personas intentando cruzar el Mediterráneo. El sistema fronterizo de la UE obliga a los migrantes a utilizar rutas peligrosas y poco seguras, e insta a los países a impedir sus viajes rechazándolos, negando su rescate o dejándolos morir en el mar.
¿Cuál es el precio de estas políticas? Vidas humanas, afirman los peticionarios. "Las políticas de la 'fortaleza europea' han matado a más de 40 555 personas desde 1993. Abandonados a su suerte en el Mediterráneo, el Atlántico o el desierto, derribados en las fronteras, muertos por suicidio en los centros de detención, torturados y asesinados después de haber sido expulsados: la UE tiene las manos manchadas de sangre".
Pero Frontex también tiene un coste en dinero público: el presupuesto de la agencia se ha multiplicado y va a recibir 5600 millones de euros hasta 2027, gracias a los cuales la agencia llegará a los 10 000 efectivos (en 2019 eran 750 personas).
"Por una vez, el mensaje lo han transmitido grupos más radicales, que nunca consideraron reformables las políticas migratorias, pero que siempre han tenido una perspectiva 'abolicionista': no solo suprimir Frontex, sino también el principio de detención administrativa de personas en situación denominada irregular (y no 'humanizar' los centros de detención); eliminar las fronteras como instrumento de discriminación y teatro de violencias (y no conformarse con acoger a los 'verdaderos' refugiados); eliminar la implicación de la UE en la inestabilidad de otros países del mundo (y no 'ayudarlos en su casa' aprovechando la ayuda al desarrollo)", comenta Francesca Spinelli, periodista y especialista en la cuestión de las migraciones.
Sin embargo, Frontex también ha sido objeto de críticas incluso dentro de las instituciones europeas. La agencia está en el punto de mira de la OLAF, el organismo de lucha contra el fraude de la UE, por comportamientos reprensibles y operaciones ilegales cuyo objetivo es evitar que los migrantes lleguen a las costas de la UE. Es lo que se conoce como "pushbacks", expulsiones producidas antes de que las personas tengan tiempo de solicitar asilo, y, por tanto, ilegales. En 2020, la red de ONG y asociaciones Border Violence Monitoring Network (BVMN) publicó un informe que examinaba al menos 900 casos de este tipo (aquí y aquí). Asimismo, en mayo del 2020, se inició una acción judicial ante el Tribunal de Justicia europeo contra Frontex en nombre de dos demandantes de asilo que afirmaban haber sido víctimas de violencia y de una devolución ilegal.
Otra crítica proviene del Tribunal de Cuentas Europeo, que a principios de junio publicó un informe en el que afirma que Frontex "aún no ofrece a los Estados miembros un apoyo suficiente en la gestión de las fronteras exteriores de la UE" y que la agencia no informa de su trabajo ni de los gastos que genera.
A finales de mayo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe llamado Lethal Disregard, Search and rescue and the protection of migrants in the central Mediterranean Sea. Se trata de un estudio llevado a cabo entre enero de 2019 y diciembre de 2020 que resalta todas las herramientas técnicas y obligaciones legales que existen para evitar hacer del Mediterráneo una tumba a cielo abierto.
El ACNUDH destaca cinco problemas esenciales: la falta asistencia a los migrantes en peligro en el mar, las intercepciones y salvamentos peligrosos, las expulsiones, la criminalización de las ONG y de los militantes, los retrasos en los desembarcos y la acogida inadecuada. No se trata de una fatalidad, afirma el ACNUDH: la falta de protección de los migrantes "no es una anomalía trágica, sino el resultado de decisiones y prácticas políticas concretas de las autoridades libias, los Estados miembros y las instituciones de la UE, así como de otros actores...".
Ante estas críticas, hay que plantearse la utilidad real de Frontex. "De las 39 agencias europeas, Frontex no solo es la más mortífera para los ciudadanos no europeos, sino que también es la más inútil para los ciudadanos de la UE, pues no les aporta ningún beneficio. Solo beneficia a los partidos y gobiernos que obtienen un consenso y prometen proteger a los electores contra amenazas inexistentes de 'invasiones' y 'grandes remplazos', y a las empresas que prosperan gracias a la expansión de la vigilancia y a la militarización de las fronteras. La mera existencia de Frontex es un escándalo, más aun que la cantidad ingente de dinero público que percibe", explica Francesca Spinelli.
Frontex no ha respondido a nuestra petición de comentar la situación.
Nuestra serie sobre el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo por Francesca Spinelli
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