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El 29 de agosto, el Tribunal Constitucional portugués tercera vez en un año el plan del Gobierno destinado a reducir el número de funcionarios y lo tildó de inconstitucional.
La propuesta tenía como objetivo ahorrar 167 millones de euros anuales, según calcula Diário Económico, que considera que la decisión del Tribunal complicará el octavo proceso de revisión al que la troika de los acreedores internacionales somete a Portugal y que comenzará en septiembre.
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