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Así utiliza Eni los bonos “sostenibles” para financiar sus actividades fósiles

Una cobertura mediática sesgada y una falta de vigilancia han dado lugar a un enorme embrollo climático: numerosos inversores han colocado sin saberlo miles de millones de euros en bonos "denominados verdes" vendidos por Eni, con unas condiciones que permiten al gigante italiano de los hidrocarburos seguir financiando actividades emisoras de carbono.

Publicado en 11 septiembre 2024

Una extensa y discreta operación de ecoblanqueo está teniendo lugar en toda Europa, que afecta a miles de inversores que creen estar apoyando iniciativas respetuosas con el clima. Estos inversores han adquirido bonos "denominados verdes" emitidos por Eni, la primera empresa fósil italiana y la número trece del sector. El problema: estos bonos podrían estar financiando actividades que emiten grandes cantidades de carbono, comprometiendo así la transición energética y los objetivos climáticos que supuestamente Eni apoya. Tal y como denuncia la ONG Reclaim Finance, "el mercado de bonos se ha convertido en un lugar seguro para financiar los hidrocarburos".

El presidente ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, convenció a miles de inversores por toda Europa de apoyar una estrategia de desarrollo sostenible que se podría resumir de la siguiente manera: "Dadme primero vuestro dinero y yo decidiré después qué parte de esta inversión servirá a empeorar el cambio climático o a mitigarlo".

Claudio Descalzi
Claudio Descalzi en 2017. | Foto: Eni

"La transición energética es irreversible", declaró Descalzi durante un debate en televisión en junio de 2024. "Pero los fondos deben provenir de capitales privados. Y cuando se fijan los objetivos, se debe dar a cada actividad industrial la posibilidad de optimizar las herramientas que les permitan alcanzar dichos objetivos, y de hacerlo libremente."

Resultado: los inversores privados e institucionales han firmado los "cheques en blanco para el clima" de Eni, tal vez sin ser plenamente conscientes de ello.

Los polémicos bonos de Eni

El producto financiero que emite Eni se denomina "bono vinculado a la sostenibilidad" (Sustainability-Linked Bond, SLB). El proyecto ha sido apoyado por el ministerio italiano de Finanzas, que posee más del 30 % de las acciones de la empresa, así como una coalición de bancos que han comercializado los bonos minimizando las advertencias de los expertos sobre sus repercusiones reales en el medioambiente.

Estos productos están concebidos para atraer a inversores a quienes les preocupa el medioambiente. Sin embargo, ¿podría el dinero recaudado acabar financiando actividades relacionadas con los combustibles fósiles en lugar de contribuir a la conservación del medioambiente? Los temores se acumulan: nada impide a Eni actuar de este modo, y la compañía se ha comprometido a aumentar la producción de petróleo y gas natural en los próximos años.

En enero de 2023, Eni emitió uno de sus bonos más polémicos, destinado a pequeños inversores italianos preocupados por el clima. En un principio, el bono se valoró en mil millones de euros, pero tuvo tanto éxito que rápidamente duplicó el importe. 

Con todo, no es muy probable que quienes inviertan en estos bonos contribuyan de manera significativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, los proyectos de Eni a los que se destina el dinero recaudado por estos bonos son susceptibles de apoyar sus actividades habituales, sin incidir en la mayor parte de sus emisiones.

La ONG británica Anthropocene Fixed Income Institute (AFII), que ayuda a los inversores a orientar su capital hacia inversiones sostenibles de alto impacto, denunció estas carencias en un informe publicado en julio de 2024.

Los mayores contaminantes confían en la autorregulación

Estos últimos años, los SLB han ganado popularidad en las empresas, que los consideran una manera de recaudar dinero para apoyar sus esfuerzos por combatir el calentamiento global.

Pero nuestra investigación revela que estos bonos no son tan sostenibles como parecen. Al igual que los bonos sostenibles tradicionales, los SLB se basan en criterios voluntarios. Sin embargo, se diferencian en un aspecto importante: mientras que los primeros exigen al emisor utilizar el dinero recaudado en proyectos medioambientales específicos, los SLB solo contemplan que las empresas emisoras alcancen determinados objetivos en materia de sostenibilidad, denominados Key Performance Indicators (Indicadores clave de rendimiento, KPI). Por lo tanto, los fondos percibidos mediante SLB pueden utilizarse para prácticamente cualquier objetivo, incluso para actividades nefastas para el medioambiente y el clima, siempre y cuando la empresa emisora alcance sus KPI.

No es casualidad entonces que los SLB sean el instrumento preferido de financiación de la deuda de las empresas de combustibles fósiles.

Los SLB de Eni están vinculados a dos KPI indicados en el folleto de emisión: aumentar la capacidad de energía renovable en 5 gigavatios (GW) y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus actividades en un 65 % en relación con los niveles de 2018.

Intesa Sanpaolo (accionista de Eni tanto directa como indirectamente mediante fondos verdes comercializados por su filial de gestión de activos Eurizon) y UniCredit han coordinado el consorcio de bancos que ha comercializado los 2000 millones de euros en SLB reservados a inversores particulares italianos en 2023. El grupo también incluye a Banca Akros, BNP Paribas, BPER Banca y Crédit Agricole CIB (estos dos últimos anunciaron en mayo de 2024 que se retirarían de las operaciones que tengan que ver con hidrocarburos).

"Muchísimos italianos confían en lo que hacemos, tanto en términos de evolución progresiva hacia procesos industriales y productos sin carbono, como en términos de garantía de la seguridad energética", comentó Descalzi, presidente ejecutivo de Eni, durante el lanzamiento de los bonos italianos, admitidos en la Bolsa de Milán en febrero de 2023.

La junta directiva de Eni decidió emitir los SLB sin el consentimiento previo de los accionistas de la empresa, como ha confirmado el ministerio italiano de Finanzas a Voxeurop. El ministerio forma parte de la junta y, por lo tanto, es uno de los responsables de la decisión. Sin embargo, se ha negado a explicar si y por qué sus representantes votaron a favor de emitir los bonos.

Varios medios de comunicación italianos, como La Repubblica y La Stampa, han calificado estos bonos de "sostenibles" y "verdes" respectivamente, aun cuando ya hemos visto que no lo son (1).

Los bonos de Eni restringen la reducción de emisiones de carbono

Aprovechando el laxismo de los criterios de los SLB, Eni fijó de manera arbitraria unos objetivos climáticos modestos. En primer lugar, se comprometió a reducir una proporción insignificante de sus emisiones totales de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, en vez de reducir sustancialmente estas emisiones, la empresa italiana ha decidido compensar una gran parte con reducciones obtenidas en otras partes, mediante la adquisición de créditos de carbono generados por proyectos de terceros (reforestación o energías renovables). Los grandes emisores utilizan esta solución para reducir la huella de carbono a menor coste.

En su evaluación del marco de financiación vinculado a la sostenibilidad de Eni, la agencia de calificación Moody's considera que los SLB de Eni aportan una "contribución global limitada" a la sostenibilidad (2). De hecho, la empresa se ha comprometido a invertir el dinero de los inversores solo para reducir sus emisiones directas (producción y refinado de petróleo y gas) y aquellas relacionadas con su consumo energético. Según las estimaciones de Moody's, estos dos tipos no superan el 3 % de las emisiones totales de Eni.

La reducción de las emisiones indirectas de Eni (las procedentes de los proveedores y clientes) no se incluye en los objetivos de los SLB. Estas emisiones, en especial las de las empresas que compran y queman combustibles fósiles para sus actividades (como las instalaciones industriales y aerolíneas), representan, así y todo, el mayor volumen de gases de efecto invernadero atribuido a proveedores de combustibles fósiles como Eni.


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Un portavoz de Eni aporta una explicación: los cuatro bonos relacionados con el desarrollo sostenible "vencen entre 2027 y 2030 [la fecha límite del reembolso], periodo de tiempo en el que no será posible determinar si se alcanzará el objetivo [de reducir las emisiones indirectas] o no. Lo sabremos en los primeros meses de 2031. Por ello, nos es imposible incluir este objetivo en los bonos".

Sin embargo, Eni ni siquiera está segura de poder reducir las emisiones directas tal y como prometió a quienes han adquirido los bonos. Si no es capaz, la empresa deberá pagar a los inversores una tasa de interés más elevada, del 4,8 %, en concepto de sanción. Una sanción mínima en relación con los potenciales daños medioambientales (3).

"Seguimos esperando a que se defina una metodología aceptada por todos para las emisiones [indirectas]", añade el portavoz de Eni. No obstante, dicha metodología ya se ha aprobado a escala europea y debería entrar en vigor en 2025 (4).

Aunque con reparos, la agencia de calificación Moody's ha aprobado el plan de financiación de la empresa, confirmando así su conformidad con los criterios de la asociación International Capital Market Association (ICMA), que engloba a las empresas emisoras de bonos, las agencias de calificación que los certifican y los bancos que los comercializan (5). Con todo, la falta de transparencia por parte de los actores implicados hace cuestionar la capacidad de los inversores de tomar una decisión informada cuando compran bonos (6).

En este contexto, parece difícil que Eni pueda alcanzar su objetivo de neutralidad en carbono 2050 (7). Su caso ilustra claramente la necesidad de una mayor transparencia en la manera en que se ofrecen los productos financieros al público. Se espera un primer paso en esta dirección cuando la nueva normativa europea sobre finanzas verdes entre en vigor el 21 de diciembre de 2024.


Notas

1) El folleto (el documento informativo destinado al público) que Eni facilitó a los inversores confirma que: "Los bonos no se comercializan como bonos verdes porque la entidad emisora planea utilizar los ingresos netos de la emisión para fines generales y no pretende utilizar los ingresos netos para proyectos o actividades empresariales que cumplan criterios medioambientales o de sostenibilidad". En el folleto de otros SLB emitidos por Eni en Italia y en el extranjero aparece la misma advertencia.

2) A diferencia del folleto, el marco de financiación sostenible no es vinculante. Si bien establece los objetivos generales de sostenibilidad de la empresa, los objetivos específicos que la entidad emisora pretende alcanzar a cambio de los fondos recaudados de los inversores se describen en el documento informativo (folleto) que se facilita en el momento de cada emisión. Aunque establece objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones globales de la cadena de valor a largo plazo, el marco de Eni especifica que la empresa utilizará los ingresos de los bonos SLB exclusivamente para reducir sus emisiones según los criterios de aplicación 1 y 2 a corto plazo.

3) Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a la empresa italiana Enel (de la que también el gobierno italiano posee una parte), la primera en lanzar un bono SLB con un valor récord de 15 000 millones de euros recaudados entre 2019 y 2023. Josephine Richardson, Directora General y Jefa de Investigación de la AFII, señala que Enel no ha cumplido sus promesas sobre sostenibilidad en 2023. Por ello, tendrá que pagar a los poseedores de bonos un tipo de interés ligeramente superior.

4) Los criterios europeos armonizados para la cuantificación y publicación de las emisiones de carbono y los objetivos de reducción, así como otros objetivos medioambientales y sociales, entrarán en vigor en 2025 como parte de la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Corporate Sustainability Disclosure Directive - CSRD). Las empresas tendrán que cumplir las obligaciones de la CSRD a través de un conjunto de normas europeas específicas en materia de sostenibilidad (ESRS). La norma relativa al cambio climático hace referencia a una metodología bien definida para calcular las emisiones de Alcance 3.

5) La ICMA exige que uno de sus examinadores externos aprobados evalúe el bono ASG antes de su emisión para certificar que el producto sigue las líneas directrices (mediante un formulario de evaluación específico).

6) En su comunicado, el banco italiano menciona brevemente el marco SLB y remite a la página web "Inversores" de Eni para más información. Solo bajando al final de la página los usuarios pueden encontrar el comunicado de prensa de la empresa. Sin embargo, no explica qué significan las emisiones de Alcance 1 y 2, no cuantifica la reducción de GEI prevista asociada al SLB y no ofrece ni un resumen ni un mero enlace al folleto (que incluye la opinión de Moody's). Esta falta de transparencia y de información perjudica a los pequeños inversores, que no tienen conocimientos suficientes para saber cómo se está utilizando realmente su dinero y para comprender si el producto de Eni se ajusta (o no) a sus verdaderas preferencias de inversión sostenible.

7) En contra de las recomendaciones de la AIE y el IPCC, los resultados climáticos de Eni obtenidos gracias a los ingresos a corto plazo de los SLB representan solo una pequeña fracción de la reducción de GEI (incluidos los criterios 1, 2 y 3) que la empresa espera lograr para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas en 2050. "Los créditos de carbono de alta calidad, [...] generados en cumplimiento de estrictas limitaciones medioambientales y sociales, representarán en torno al 5 % de la reducción global de emisiones de los criterios 1+2+3 para 2050", declaró un portavoz de Eni, mientras evitaba hacer comentarios sobre el uso de compensaciones para alcanzar objetivos específicos de los SLB. Y añadió: "Nuestra estrategia no depende de las compensaciones de carbono, pero las utilizaremos cuando no sea posible reducir las emisiones residuales, es decir, las que aún no pueden reducirse debido a limitaciones tecnológicas y/o económicas".

Stefano Valentino es becario del Desafío Bertha 2024. Este artículo forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo de Bertha Challenge fellowship. Alef Ferreira Lopez, asistente de análisis de datos, estudiante de doctorado en Economía, Universidade Federal de Minas Gerais, contribuyó a esta investigación.

Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.

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