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¿Por qué la extrema derecha avanza en Europa? Un artículo del economista estadounidense Dani Rodrik presenta un resumen de la literatura socioeconómica sobre este tema. Según el autor, la globalización, junto con el libre cambio, la liberalización de capitales y la automatización, es una de las principales responsables de este proceso, pues ha provocado una gran inseguridad económica en ciertas poblaciones.
La desindustrialización, la descentralización, la distorsión de la distribución entre el capital y el trabajo se han producido en su detrimento. Esta situación debería haber beneficiado lógicamente a la izquierda, pero los dirigentes políticos de extrema derecha han conseguido sacarle partido movilizando el desacuerdo etnonacional y cultural, es decir, mediante la construcción de una narrativa en la que los extranjeros o las minorías son los verdaderos responsables.
La crisis migratoria europea de 2015 impregnó de verosimilitud a ese discurso e invadió el espacio público en numerosos países europeos. Rodrik concluye que el gran desafío al que se enfrentan hoy los responsables políticos es el de romper con una globalización diseñada para satisfacer las necesidades del capital para lograr un reequilibrio en favor del trabajo.
Parece que Francia no ha escogido esta vía, más bien al contrario. Mientras que no se ha hecho nada para mejorar las pésimas condiciones de trabajo, y que todo confluye para hacer crecer las sospechas sobre las personas que perciben el ingreso de solidaridad activa [ayuda social similar al ingreso mínimo vital] y los solicitantes de empleo, el debate sobre la inmigración satura el espacio público para el gran regocijo de los líderes de extrema derecha.
La Comisión y el Parlamento son las instituciones que parecen iniciar un cambio social, frenado por los Estados miembros, con Francia situándose a la cabeza de los detractores. Así, muchas directivas suponen un avance real para los trabajadores. El 11 de marzo de 2024, los ministros de Empleo de los países miembros de la UE aprobaron por fin un acuerdo sobre el proyecto de directiva relativa al trabajo de plataformas.
Esta enumera los criterios que permiten distinguir entre los verdaderos autónomos y aquellos que deberían ser considerados empleados (unas 5,5 millones de personas según la Comisión). El texto debería permitir terminar con el dumping social generado por numerosas plataformas que eluden las obligaciones del derecho laboral y hacen perder a la seguridad social [francesa] cientos de millones de euros de cotizaciones. Francia votó en contra, y Alemania se abstuvo.
