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El 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad cambios en el sistema de pensiones, que habrían supuesto un 10% de recortes en las pensiones públicas, dejando al Gobierno con un agujero de 400 millones de en el presupuesto estatal para 2014.
El Tribunal sentenció que los planes para recortar el gasto del Estado no podían anteponerse como prioridad a los derechos adquiridos por los funcionarios en su carrera, y decidió que la ley era inconstitucional por “violación del principio de confianza".
Se espera que el Gobierno se pronuncie sobre la decisión del Tribunal el 20 de diciembre.
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