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El 16 de noviembre, la Comisión Europea autorizó la renovación de la aprobación del glifosato para un período de diez años. Si bien esta autorización – concedida sin el acuerdo de los Estados miembros a falta de un consenso – está acompañada de condiciones y restricciones, lo cierto es que ha provocado la ira de las organizaciones y los partidos ecológicos.
Desde 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), una agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado el glifosato, el herbicida más utilizado en Europa y la sustancia activa del famoso Roundup de Monsanto, como probablemente cancerígeno – una conclusión que había sido fuertemente cuestionada en ese entonces.
Para tomar su decisión, la Comisión se apoyó, entre otras cosas, en un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que, con base en un análisis de otros 2400 estudios, no fue capaz de identificar ningún “ámbito crítico de preocupación” que impidiese la renovación. No obstante, el informe de la EFSA no logró convencer a los críticos más fervientes del glifosato, puesto que la validez de los estudios que defienden el herbicida ya se ha cuestionado varias veces en el pasado.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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