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El 30 de noviembre, la Comisión Europea recomendó bloquear 7500 millones de euros del Fondo de Cohesión destinados a Hungría, preocupada por el deterioro del Estado de derecho y de la posible corrupción a gran escala que se está produciendo en el país.
Hace ya varios meses que Bruselas amenazaba a Hungría con represalias financieras. Esta había entregado una lista de 17 medidas que Budapest debía poner en marcha antes del 19 de noviembre; condición sine qua non para acceder a los fondos. Hungría consiguió legislar parte de las medidas propuestas a tiempo, si bien no logró convencer a Bruselas.
Budapest creó una autoridad y un grupo de trabajo anticorrupción en el marco de las reformas necesarias, pero la Comisión ha tildado el gesto de insuficiente. Así, la Comisión recomienda a los Estados miembros validar el paquete de recuperación poscovid húngaro (5800 millones de euros de subvenciones), pero de supeditar el pago a otras 27 medidas clave relacionadas con la lucha anticorrupción y la independencia del poder judicial, entre otras.
Como era de esperar, el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha criticado la decisión de la Comisión, y ha acusado a los "burócratas de Bruselas" de bloquear los fondos "por razones políticas". Ahora son los jefes de gobierno los que deben pronunciarse, en el contexto de la guerra en Ucrania y de la inflación que sacude el país. Las dos decisiones, que tienen que tomarse antes de fin de año, podrían provocar una grave crisis política.
