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La canciller alemana, Angela Merkel, rara vez muestra su desagrado ante algo. Uno de sus puntos fuertes es ser capaz de mantener sus emociones a raya, lo que explica por qué los miembros del partido que le apoyan se sorprendieron cuando hace dos semanas se sacó el tema del Tribunal Constitucional alemán en una reunión del comité ejecutivo del partido de centroderecha Unión Demócrata Cristiana (CDU).
Los jueces acababan de amonestar a Merkel por vulnerar los derechos del Parlamento cuando se esforzaba en rescatar al euro. Se trataba ya de la segunda llamada de atención al respecto este año. Y en esta ocasión, la canciller ya no aguantó más.
Planteó que no sería posible consensuar políticas razonables si antes de acudir a una reunión con un líder europeo tenía que revelar cuáles iban a ser sus tácticas de negociación. "Agota mi paciencia", se quejó Merkel. Se dieron cuenta rápidamente de que la canciller opina que los jueces son profesores de derecho utópicos que no entienden cuáles son los retos de la política cotidiana.
Berlín y el tribunal sito en Karlsruhe nunca han tenido una relación fácil. El Tribunal Constitucional Federal se creó en 1951 para garantizar que las instituciones estatales respetaban la Constitución de la recién creada República Federal de Alemania. Desde entonces, a menudo los políticos en el Gobierno consideran que el tribunal es como un órgano molesto que anula las leyes con un simple trazo de bolígrafo. Una frase que se atribuye a Herbert Wehner, difunto político del partido socialdemócrata, ha pasado a la historia: "No dejaremos que los imbéciles de Karlsruhe destruyan nuestras políticas".
La unidad del continente está en juego
Entra dentro de lo normal que de vez en cuando el tribunal discrepe del mundo político. Su labor es asegurar que el Gobierno sigue las directrices que marca la Constitución alemana. A los políticos, por su parte, no les agrada que el tribunal los retrate como pícaros deshonestos que pliegan la Constitución a su antojo para que se adapte a los pactos que han consensuado a puerta cerrada. Tampoco ayuda que los jueces del tribunal normalmente gocen de una popularidad muy lejos del alcance de los políticos.
Sin embargo, desde que empezó la crisis del euro, está en juego mucho más que los usuales enfrentamientos por orgullo. Las decisiones de Karlsruhe se perciben como críticas auna canciller que, en opinión de los jueces, ignora las normas básicas de la democracia con sus políticas de rescate.
Por supuesto, es la labor de los jueces mantener al Ejecutivo en su sitio, cuando es necesario. Sin embargo, en Berlín hay quienes sospechan cada vez más que el tribunal se alinea con esos populistas y euroescépticos que básicamente se oponen al proyecto de integración europea.
La lucha de poder acontece precisamente en un momento en el que los jueces tienen una responsabilidad histórica. Si cejan en sus esfuerzos por salvar al euro, puede que no solo arrastren a Alemania y a Europa a una dura recesión, sino que también asestarían un golpe mortal a la unidad del continente. Por este motivo, la ahora ya conocida observación de Merkel de que "si el euro fracasa, Europa fracasa" también servía como advertencia al tribunal de Karlsruhe.
Esta semana asistimos a un nuevo capítulo de esta lucha de poder. El martes, el tribunal considerará las peticiones de medidas cautelares sobre del fondo permanente de rescate del euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y el pacto fiscal, que pretende obligar a los Estados signatarios a que apliquen una política presupuestaria más estricta.
Un referéndum sobre la Constitución
En 2009, el tribunal tomó una decisión acerca del Tratado de Lisboa que supuso un gran lastre para los políticos. Muchos interpretaron esta manifestación como una muestra de que se habían superado ampliamente los límites de la Constitución alemana, y de que la integración europea únicamente era posible si los alemanes aprobaban una nueva Constitución.
En cualquier caso, los partidarios de Merkel ya se están planteando la posibilidad de que el tribunal de Karlsruhe detenga la transferencia de poderes a Bruselas. Una opción sería convocar una convención constitucional, que por lo tanto sentaría unas bases legales totalmente nuevas para el Estado.
En teoría es una buena idea. En la práctica, sin embargo, dicha convención acapararía todas las fuerzas de los políticos en los próximos años, precisamente en un momento en el que la moneda común se tambalea. No sorprende que los miembros clave de la coalición desestimen esta opción.
Otra posibilidad sería enmendar la Constitución alemana para incluir un nuevo artículo en relación a Europa. Abriría la puerta a un proceso de integración que terminaría en un Estado federal europeo.
El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dijo que un referéndum sobre la Constitución podría "tener lugar más pronto de lo que hubiese parecido hace unos pocos meses". A primera vista, las palabras de Schäuble suenan a doblegarse a la voluntad del Tribunal Constitucional.
Eurófilos contra Karlsruhe
Sin embargo, en el seno del Gobierno impera otro punto de vista. Según fuentes gubernamentales, Schäuble ha amenazado sutilmente al Tribunal. Si la Constitución queda absorbida por un Estado federal europeo, ello supondría que el Tribunal Constitucional perdería poder. Por eso, según esta línea argumental, el tribunalde Karlsruhe debería abstenerse en lugar de obstaculizar la política europea de Merkel.
Los eurófilos animan a Schäuble en su lucha con el Tribunal Constitucional. Algunos de sus veredictos se "caracterizan por dar muestras de una gran ignorancia", opina Martin Schulz, el presidente socialdemócrata del Parlamento Europeo.
Los diputados serían probablemente menos susceptibles si los jueces siguiesen los mismos estándares que marcan para otros. En lo que respecta a su propia designación, los jueces no se muestran muy entusiastas a la hora de instaurar más transparencia. En las últimas seis décadas, los jueces del Tribunal Constitucional se han elegido a puerta cerrada.
El pasado jueves, Karlsruhe valoró si la elección de los jueces del Tribunal Constitucional se hace conforme a la Constitución. Se posicionó a favor de que las decisiones, aunque no se tomen en audiencia pública, son totalmente aceptables.
