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"Según el juez, los turcos no están obligados a integrarse” en la sociedad neerlandesa, informa Trouw en su portada. El martes 16 de agosto, el Tribunal Superior Administrativo de Utrecht (el órgano judicial administrativo supremo en los Países Bajos) ha estimado que “la política de integración de los Países Bajos infringe un convenio de la Unión Europea”. El diario explica que desde 2007 la Ley de Integración obliga a todos los inmigrantes a seguir una formación (de pago) sobre el idioma y las tradiciones neerlandesas, y después a hacer un examen. Algunos turcos que no aprobaron el examen tuvieron que pagar una multa, o bien se les negó el permiso de residencia. Ahora bien, según el juez, el Convenio de Ankara, firmado entre la Unión Europea y Turquía en 1963, indica que los turcos -al igual que los demás miembros de la UE- no deben verse “obstaculizados” por este tipo de obligaciones si quieren trabajar o vivir en cualquiera de los países de la Unión. Según el diario, para contrariar la decisión del Tribunal Superior, el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado que pretende imponer una “escolaridad obligatoria independiente de la edad”, que obligaría a todos los ciudadanos a tener un nivel mínimo de estudios y a todas las personas residentes en los Países Bajos a saber neerlandés.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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