Si hay una virtud que no se le puede negar a la luxemburguesa Viviane Reding es la de la perseverancia. Desde que esta veterana comisaria europea tomó las riendas de la cartera de Justicia ha emprendido una dura batalla por aumentar el poder de las mujeres europeas incorporándolas a los consejos de administración de las grandes empresas. No es la única. Hay muchas organizaciones en este continente peleando por el mismo objetivo. Los resultados son desalentadores como, quizá, era de esperar, dado que, aun sin haber ganado del todo otras batallas, esta amenaza directamente a la cúpula del poder, allá donde ni un solo varón está dispuesto a ofrecer graciosamente su asiento a una dama. Por eso fracasó la primera propuesta de Reding, en marzo de 2011, de invitar a las grandes corporaciones a que voluntariamente tuvieran en cuenta la igualdad de oportunidades.
Los sistemas de cuotas, tan extendidos en nuestras democracias representativas para otros conceptos, no cuentan en este terreno con el apoyo unánime ni de los países (véase el caso alemán, que preferie de momento la autorregulación) ni de la sociedad en su conjunto. Y también es de ley admitir que hay sólidos argumentos en contra —libertad de empresa, meritoriaje frente a género, base legal, etc.—. Lo cierto es también que la discriminación es evidente: el 86,3% de los consejeros son hombres en un continente de larga trayectoria igualitaria en el que el 60% de los nuevos licenciados son mujeres.
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