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El 25 de octubre de 2022, en su discurso de toma de posesión en la Cámara de Diputados italiana, la nueva Primera Ministra Giorgia Melonia declaró: "Será difícil que no sienta una oleada de simpatía incluso hacia aquellos que saldrán a la calle para cuestionar las políticas de nuestro gobierno".
Las protestas, según la propia Meloni, también han caracterizado su historia política. Recordando su pasado como joven militante de las organizaciones juveniles de la derecha posfascista italiana, Meloni reiteró: "He participado y organizado muchas manifestaciones en mi vida, y creo que esto me ha enseñado mucho más de lo que me han enseñado otras cosas".
Sin embargo, tal como demuestran los hechos, la "simpatía" por los manifestantes y protestantes se ha revelado como lo que es: propaganda. De hecho, el gobierno Meloni y la mayoría parlamentaria encabezada por su partido de derechas, Fratelli d'Italia, han intentado reprimir y criminalizar la disidencia desde el principio.
La primera disposición oficial, por ejemplo, fue el llamado "decreto anti-rave" del 31 de octubre de 2022. Aprovechando la controvertida celebración de una fiesta rave en Módena, ciudad del norte de Italia, el ejecutivo introdujo un nuevo delito que prevé penas bastante elevadas (de 3 a 6 años de prisión) para quienes organicen y promuevan "reuniones peligrosas para el orden público".Ante las críticas de la oposición y de varios expertos jurídicos, Meloni había declarado que "ya no somos una república bananera" y que en Italia "se pueden hacer cosas respetando las normas y leyes del Estado italiano".
A partir de entonces hubo una escalada de disposiciones similares. Uno tras otro, se han aprobado decretos para combatir la inmigración y restringir aún más la posibilidad de llegar legalmente a Italia; normas para obstaculizar que los barcos de las ONG realicen rescates en el Mediterráneo central; leyes punitivas que apuntan específicamente a los activistas climáticos; y un "paquete de seguridad" que aumenta significativamente las penas por varios delitos menores, incluidos los cortes de carreteras.
A todo esto se han añadido varias propuestas de los parlamentarios de Hermanos de Italia que van en una dirección aún más represiva, incluida la de tipificar como delito de "terrorismo de plaza" las manifestaciones más acaloradas y la modificación del delito de tortura que se introdujo en 2017 y se considera un obstáculo para el trabajo de las fuerzas del orden.
Tampoco han faltado acciones concretas contra la comunidad LGBTQIA+, como la prohibición de inscribir en el registro civil a los hijos de parejas del mismo sexo, dispuesta por una circular del ministro del Interior, Matteo Piantedosi. Esto significa no poder transcribir las partidas de nacimiento de los hijos de parejas del mismo sexo concebidos en el extranjero mediante gestación subrogada, lo que entre otras cosas el gobierno y la mayoría quieren convertir en un delito universal.
En resumen: el gobierno Meloni ataca decididamente a cualquiera que perciba como "enemigo", o que pueda representar un obstáculo para el cumplimiento de su programa político.
¿Cómo están reaccionando estos "enemigos"?
Aunque no existe un movimiento de masas unificado, como se vio por ejemplo en Alemania contra Alternative für Deutschland, la oposición al gobierno y a la extrema derecha se ha manifestado de diferentes formas y en diferentes ocasiones.
"Hubo protestas contra la represión del propio gobierno y protestas sobre políticas específicas, como las concernientes a temas de trabajo o a la violencia contra las mujeres", dijo a Voxeurop Donatella Della Porta, profesora de la Escuela Normal Superior de Pisa y directora del grupo de investigación interdisciplinaria Cosmos (Centro de Estudios de Movimientos Sociales). "Son iniciativas que siempre han estado ahí, pero con la presencia de un gobierno como el de Meloni han adquirido características más fuertemente antigubernamentales que en el pasado", ha especificado.
En los últimos dos años, por ejemplo, la habitual marcha feminista del 25 de noviembre –celebrada con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y organizada por el movimiento feminista Ni Una Menos– también ha apuntado contra el gobierno de Meloni, acusado de no hacer nada para combatir la cultura patriarcal en Italia y haber recortado los fondos estatales para la prevención de la violencia contra las mujeres.
El gobierno Meloni ataca decididamente a cualquiera que perciba como “enemigo”, o que pueda representar un obstáculo para el cumplimiento de su programa político
Incluso las protestas climáticas, llevadas a cabo por grupos como Última Generación (un movimiento inspirado en las tácticas no violentas de Just Stop Oil), han criticado la inacción del gobierno ante la crisis climática, pidiendo –entre otras cosas– aumentar las fuentes de energía renovable y cancelar el proyecto de nuevas perforaciones para la extracción de gas natural.
En respuesta, el ejecutivo y la mayoría parlamentaria aprobaron una ley específica contra aquellos a quienes definen como "ecovándalos", previendo penas bastante elevadas (hasta seis años de cárcel) para quienes causen daños a los bienes culturales o paisajísticos. Por lo tanto, se atacó el principal modo de acción de Última Generación, que consiste en ensuciar estatuas y monumentos, así como acciones similares en museos para sensibilizar al público. Para escapar de la creciente represión – respaldada precisamente por leyes ad hoc, pero también por denuncias y procesos penales – el movimiento se vio obligado a emplear tácticas menos radicales.
Sin embargo, las cosas fueron mejor para una serie de "familias arcoíris", es decir, parejas del mismo sexo, en Padua, ciudad del noreste, que emprendieron una batalla legal para garantizar los derechos de sus hijos. De hecho, a principios de marzo de 2024, el tribunal ha reconocido la validez de las partidas de nacimiento de 35 menores que la Fiscalía quería anular en base a la citada circular del ministro Piantedosi.
Volviendo fuera de las salas de los tribunales, que siguen siendo uno de los principales campos de batalla, las protestas más numerosas y participadas fueron sin duda las relacionadas con el conflicto palestino-israelí. Según datos del Ministerio del Interior, desde el 7 de octubre hasta hoy se han producido más de 1000 manifestaciones a favor de Palestina y para pedir el alto el fuego.
Para la profesora Della Porta, "estas habrían existido incluso si hubiera habido un gobierno de centro izquierda", pero la presencia de un gobierno de derechas ha hecho que “participen diferentes actores", desde asociaciones palestinas presentes en Italia hasta movimientos sociales del izquierdas, pasando por sindicatos, partidos y estudiantes.
Esta última categoría siempre ha estado en primera línea en los últimos meses, y en algunas ocasiones ha sufrido una dura represión por parte de la policía. El caso más polémico se produjo el 23 de febrero de 2024 en Pisa, cuando un grupo formado por estudiantes de secundaria, entre ellos varios menores, fue violentamente atacado por agentes de las fuerzas del orden.
El video de jóvenes estudiantes –algunos de los cuales no eran más que adolescentes– aporreados por agentes con equipo antidisturbios han conmovido profundamente a la opinión pública, provocando también una dura intervención del Presidente de la República, Sergio Mattarella, quien en una nota oficial declaró que "con los chicos las porras son expresión de un fracaso".
En cierto sentido, afirma Della Porta, con las acusaciones de Pisa "llegamos a la culminación del intento de ver hasta dónde se podía aplicar una mano dura" con la represión de las protestas. Que, sin embargo, no dan señales de desaparecer; ni mucho menos.
"Hay una nueva generación muy sensible a las cuestiones políticas y sociales", concluye la profesora Della Porta, y en general "no estamos en un momento de escasas movilizaciones". En resumen, la sociedad civil italiana "no está domesticada" por el gobierno más derechista de la historia republicana.
