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El 17 de octubre de 2020, miles de millones de personas marcharon por las calles de París para pedir “igualdad, nada más que igualdad”. Querían igualdad para las mujeres, los hombres y los niños que en la jerga europea reciben el nombre de “nacionales de terceros países en situación irregular”, pero que en su carta abierta al presidente francés Emmanuel Macron firmaron como “participantes del Acto 3 de los Sin Papeles”. Macron se negó a recibirlos, ya que esto habría significado reconocer su existencia.
Tanto en Francia como en otras partes de la Unión Europea, a los sin papeles se les considera como una cifra que debe disminuirse (en toda la UE hay entre 4 y 5 millones), como “inmigrantes irregulares” que todavía deben ser expulsados. Incluso si llevan años de vivir aquí o nacieron en un país europeo. Si estas personas “no tienen derecho a quedarse” (siendo este el lema de la Comisión Europea), se debe hacer todo lo posible para alejarlos.
El Pacto sobre Migración y Asilo presentado el 23 de septiembre fortalece esta visión. Pese a que se centra en quienes ingresan desde las fronteras exteriores de la UE, consta de varios elementos que resultan preocupantes para la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Irregulares (Picum). Esta red de organizaciones critica en un comunicado la propuesta para someter a quienes ya están presentes en el territorio de la UE al procedimiento de “control obligatorio” si “nada indica que hayan cruzado una frontera exterior de manera autorizada”, lo que conduciría a un aumento de las inspecciones a “personas y comunidades que ya se enfrentan a prácticas discriminatorias por parte de la policía”.
“La lógica de la Comisión y de los Estados miembros sostiene que solo los ‘verdaderos refugiados’ pueden aspirar al derecho de residencia europeo, mientras que para los ‘falsos refugiados’ y los ‘inmigrantes económicos’ la única vía es la expulsión”.
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Otro elemento preocupante es la “ficción de la prohibición de ingreso”, un concepto originado en Alemania y que se abrió camino mediante el cabildeo de Berlín hasta llegar al texto comunitario. El pacto precisa que, durante los procesos de control y de solicitud de protección internacional en la frontera, las personas “no están autorizadas a ingresar al territorio de ningún Estado miembro”. Una persona puede estar físicamente presente en el territorio de la UE durante días, semanas o incluso años sin haber llegado “legalmente”. Haciendo referencia a la historia de este concepto, aplicado inicialmente en las zonas de tránsito de los aeropuertos, la investigadora Kelly Soderstrom destaca que el desligar la llegada física de la legal aumenta considerablemente la flexibilidad en las fronteras. De esta misma manera, según otros investigadores, los puntos críticos han ocasionado “una ruptura crucial del vínculo entre el territorio y los derechos”.
Los militantes indocumentados basan sus reivindicaciones precisamente en este vínculo al llevar a cabo su lucha tanto a nivel local como europeo. En 2012, Abdul-Azim Azad, miembro del Collectif des Afghans, se convirtió en una de las primeras personas indocumentadas acreditadas como cabilderos en el Parlamento Europeo de Bélgica. En 2017, la asociación Maison du peuple d’Europe puso sobre la mesa la idea de tener un representante europeo indocumentado. La Coordination des sans-papiers de Bélgica dio su visto bueno y así se eligió a Abdul-Azim y a Mamadou Diallo, otro militante. Ambos participaron en los Foros Europeos de la Migración de 2018 y 2019. Esta iniciativa, que aún se encuentra en sus comienzos, cuenta con el mérito de recordar que las personas indocumentadas “son temas políticos en sí” y que “deberían poder acceder a una regularización debido a que ya residen en Europa y participan en la vida económica, social y cultural de los países europeos”.
Este argumento se opone a la lógica de la Comisión y de los Estados miembros, que sostienen que solo los “verdaderos refugiados” pueden aspirar al derecho de residencia europeo, mientras que para los “falsos refugiados” y los “inmigrantes económicos” la única vía es la expulsión. La Coordination des sans-papiers de Bélgica rechaza esta distinción, por lo que hace poco solicitó nuevamente una regularización que se ha vuelto más urgente en estos tiempos de crisis sanitaria. Esta reivindicación es común a todos los movimientos de personas sin papeles en Europa, que están unidos por redes como la Coalición Internacional de Sin Papeles y Migrantes (que en abril de 2020 envió a las instituciones europeas un correo sobre este tema), la Transnational Migrants Coordination (que estuvo detrás de la jornada de movilización mundial del 17 de octubre de 2020) o la campaña Papers for all.
Sin embargo, las luchas y los cambios se concretizan principalmente a nivel local. Según destaca Michele LeVoy, directora de la Picum, las autoridades locales tienen una función que cumplir a este respecto: “Varias ciudades europeas que están en desacuerdo con las políticas nacionales garantizan a las personas indocumentadas el acceso a ciertos servicios o apoyan a organizaciones que ofrecen dichos servicios”. Mariema Faye, miembro del Movimento Migranti e Rifugiati Napoli (MMRN), muy activo en Nápoles, también está convencida de que “el cambio llega desde las bases, ya que ahí es donde se puede observar el impacto de las leyes en la vida de las personas".
El MMRN, que se originó en 2016 y está vinculado con el movimiento político Potere al Popolo, reúne a militantes italianos como Mariema y a personas sin papeles. Uno de sus blancos más recientes fue la “sanatoria truffa”, la campaña de regularización “fraudulenta” lanzada por el gobierno italiano en mayo de 2020, que “resultó ser ineficaz, contribuyó a las divisiones entre los trabajadores migrantes y dio paso a un tráfico de contratos de trabajo falsos”, declara Mariema. “Al Estado le conviene que sus trabajadores permanezcan en la invisibilidad: así puede explotarlos y no darles nada”.
“Los movimientos de activistas indocumentados pueden dar un vuelco al debate, sobre todo en lo referente a las condiciones de trabajo equitativas”, afirma LeVoy al citar el ejemplo del movimiento de trabajadores agrícolas sin papeles en Florida. En nuestro lado del Atlántico, la reforma de la política agrícola europea podría mejorar las condiciones de trabajo de los obreros agrícolas indocumentados si las subvenciones europeas finalmente se condicionasen al respeto del derecho laboral. “También es necesario que los trabajadores tengan la posibilidad de presentar una queja sin que sus datos se transmitan a los servicios de inmigración”, señala LeVoy.
“Nuestras posturas no son radicales. Pedimos lo mínimo: derechos y oportunidades para todas y todos”, explica Mariema. El día en el que esto se convierta en lo mínimo, los sin papeles habrán ganado su lucha.
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👉 Lea también nuestra serie sobre los "Dreamers de Europa", jóvenes sin papeles, sin visado y sin nacionalidad en la edad del coronavirus, producida en colaboración con Lighthouse Reports y The Guardian.
En asociación con la Fundación Heinrich Böll – París
