¿Para cuándo una ‘Operación manos limpias’?

La República Checa aún no ha llegado a la situación en la que se encontraba Italia en los años 1992 y 1993, cuando se puso en tela de juicio a los políticos de la clase dirigente, la mayoría de los cuales jamás se recuperó del descrédito público que sufrió entonces. Un cataclismo político semejante podría ser el futuro de la República Checa.

El creciente número de casos de clientelismo demuestra que la corrupción, los desvíos de fondos y los conflictos de intereses no constituyen fenómenos aislados, sino, al contrario, que se encuentran increíblemente extendidos y enraizados estructuralmente en el país.

Con los efectos de la crisis económica y financiera, se reduce el umbral de tolerancia de la opinión pública, tanto con respecto a los actos de corrupción como a la reticencia o la incapacidad de los responsables políticos y de los funcionarios de tratar con eficacia el problema. La corrupción y las diversas formas de malversación de los recursos públicos no son sólo inmorales, sino que constituyen un auténtico problema político y económico. Además, se consideran factores que contribuyen en gran medida a la "crisis de la deuda", al socavar la competitividad de las economías y al poner en peligro su prosperidad.

La responsabilidad de las élites

En este contexto, al plantear la cuestión de la responsabilidad de las élites políticas, tanto en lo relativo a su participación directa en la corrupción (por ejemplo, mediante la financiación ilegal de los partidos), como a su posición ante la corrupción que toleran, fomentan o protegen, resulta más que probable que acabemos sufriendo una crisis política abierta al estilo italiano.

Como es natural, la primera pregunta que se plantea es la siguiente: en la crisis moral y política que atravesó Italia y, en concreto, en su fase aguda y explosiva (1992-1993), ¿qué fue lo más escandaloso y más revelador desde el punto de vista político? No basta con la respuesta de que fueron las revelaciones sobre las prácticas de corrupción extremadamente extendidas, principal resultado de la cruzada contra la corrupción que pasó a la historia con el nombre de "Operación manos limpias" o "Revolución de los jueces".

No se trataba de una corrupción cualquiera. Era una corrupción protegida, oculta políticamente y bendecida por los "pilares de la democracia" (aunque en este caso bien podría utilizarse la expresión "pilares de una oligarquía demagógica"), es decir, por los principales partidos políticos. En el origen de estas revelaciones se encontraron una serie de organismos activos en procedimientos penales, apoyados en su cruzada contra la corrupción por una alianza informal de diversas iniciativas ciudadanas y de periodistas de investigación.

Unas soluciones políticas

Aquí la justicia desempeñó una función clave. Sólo ella contaba con los medios de acorralar a los políticos y a los empresarios corruptos y de este modo hacer públicas estas revelaciones, que eran escandalosas dado su carácter. Los partidos políticos dirigentes que tenían el control de los poderes legislativo y ejecutivo eran incapaces de emprender cualquier reforma creíble desde el interior. La renovación del ámbito público adoptó la forma de una "Revolución de los jueces", que, al menos al principio, fue acogida con entusiasmo por los medios de comunicación y la opinión pública.

Se ha demostrado que una cruzada contra la corrupción al estilo de "Manos limpias" no podía eliminar el patrocinio político de la corrupción contando únicamente con sus medios, sin disponer de aliados fiables en puestos suficientemente sólidos dentro de las estructuras de los poderes legislativo y ejecutivo. Este asunto es, en última instancia, fundamentalmente político. Exige soluciones que son, en primer lugar, políticas y no jurídicas, es decir, soluciones procedentes de la lucha política.

La "Revolución de los jueces" no pudo ni puede aportar esas soluciones. Sólo una "Revolución de los políticos" tiene la capacidad de hacerlo, pero con responsables capaces de ver a largo plazo, que se preocupen por el interés público, en lugar de en crear lo más rápido posible una coalición oficiosa de privilegiados.