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El pasado 22 de marzo, la Unión Europea impuso, por primera vez, sanciones contra China por violación de los derechos humanos, como respuesta a la violenta represión que están llevando a cabo contra la minoría turcófona y musulmana de los uigures en el territorio autónomo de Xinjiang (al extremo oeste de China).
Las sanciones que se han impuesto suponen la congelación de activos financieros y la prohibición de entrada a la UE a cuatro funcionarios chinos, a excepción del secretario del Partido Comunista del territorio, quien es considerado el principal artífice de la represión de los uigures. Pekín ha respondido sancionando a cuatro organizaciones y a diez personas (de las cuales, cinco son los eurodiputados Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk y Miriam Lexmann) que en su momento denunciaron públicamente lo que estaba ocurriendo en Xinjiang.
