Datos Europa y vacunas contra la COVID-19 | Parte 2

La patente de las vacunas contra la COVID-19 es un tabú en Europa

Existe la posibilidad de que se resuelvan los retrasos en la distribución de las vacunas en la UE gracias a la colaboración voluntaria que han decidido prestar las grandes empresas farmacéuticas. Sin embargo, los ciudadanos y varios países de la UE piden que se liberen las patentes para así poder producir dosis suficientes para vacunar a la mayor cantidad de población posible. La segunda parte de la investigación realizada por Stefano Valentino sobre el monopolio de las compañías farmacéuticas.

Publicado en 23 marzo 2021 a las 16:18

A pesar de los numerosos retrasos de AstraZeneca en las entregas acordadas con la UE, Von Der Leyen no se arrepiente de haber firmado el contrato con la compañía anglosueca, puesto que este otorga derechos exclusivos a la Unión sobre la propiedad intelectual de la vacuna. Esto quiere decir que la compañía tiene el poder de prohibir que otras entidades produzcan cantidades que no se puedan entregar. 

Miriam García Ferrer, portavoz de la Comisión Europea para los problemas de comercio, declaró que: «el retraso en el reparto de las vacunas no tiene nada que ver con la propiedad intelectual, sino que se debe a la capacidad de producción insuficiente que afecta, en particular, a la implementación de contratos de compra cerrados por la UE.  (...) Estamos de acuerdo con la propuesta de Ngozi Okonjo-Iweala (el nuevo Director General de la Organización Mundial del Comercio), quien asegura que se debería facilitar la colaboración voluntaria entre compañías para utilizar la capacidad de producción de todos los países, incluso de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo».

Ya se lanzó, el pasado octubre, una iniciativa para liberar, durante todo el tiempo que durase la pandemia, la producción de los medicamentos contra el coronavirus. Esta iniciativa, que fue sugerida en la OMC por India y Sudáfrica, recomendaba la suspensión de algunas de las partes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, un acuerdo que fue firmado en el marco de la OMC) de la UE.

Sin embargo, los delegados de la Dirección General del Comercio de la Comisión Europea en la OMC se siguen mostrando reacios ante la propuesta en nombre de los 27 Estados miembros de la UE. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de alrededor de 80 países de renta baja que lo ven como la manera más rápida de garantizar todas las dosis necesarias. En la reunión de marzo del Consejo de los ADPIC,  donde las decisiones son tomadas por consenso, se volvió a posponer la decisión (a abril o junio) debido a la obstrucción de los países ricos. Los países de la oposición son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Suiza, Australia y Japón: baluartes de los grupos de presión farmacéuticos que han estado acaparando dosis de las vacunas más prometedoras y comprando, por adelantado, alrededor de la mitad de las mismas, a pesar de que representan menos del 25% de la población mundial, según datos de UNICEF.

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La posición que expresó la Comisión en contra de la OMC la comparten todos los Estados miembros, quienes previamente lo apoyaron a puertas cerradas mediante sus delegados técnicos en el Consejo del Comité de la Política del Comercio. Esto se puede observar claramente en las actas de las reuniones que se celebraron de enero a febrero, obtenidas por la ONG del Observatorio Corporativo Europeo.

Solo se confía la producción de vacunas a unos pocos

El grupo de trabajo de la Comisión para el desarrollo industrial de las vacunas contra la COVID-19, bajo la dirección del Comisario Thierry Breton, se ha encargado de promover acuerdos entre empresas dentro del territorio de la UE, sin mencionar la cuestión de las patentes. De hecho, las grandes farmacéuticas están subcontratando varias fases de la producción a otras empresas repartidas por todo el continente europeo. Los subcontratistas, sin embargo, no tienen licencia para fabricar y distribuir la vacuna de forma independiente, ya que esto sigue estando en manos de los propietarios de las patentes.

En su lugar, se han concedido permisos a productores extracomunitarios: AstraZeneca las ha concedido a operadores de India, Brasil, Japón, Corea del Sur, China, Australia, España, México y Argentina, con la condición de vender solo en zonas geográficas limitadas. Esto significa que se les prohíbe abastecer al mercado europeo, más lucrativo, donde la multinacional mantiene la exclusividad. En resumen, son siempre los mismos gigantes los que controlan las ventas.

«En todas partes existe una amplia capacidad de producción que no está siendo utilizada. Sin embargo, decidimos aferrarnos a unas pocas fábricas que nunca bastarán para fabricar las cantidades necesarias», afirma Massimo Florio, profesor de economía en la Universidad de Milán. «No tiene ningún sentido que las grandes farmacéuticas tengan derecho a monopolizar la producción de las vacunas, podrían también recibir pagos por parte de las empresas subcontratadas por utilizar su patente». Según un informe realizado por el Instituto Tony Blair para el Cambio Global, solo un pequeño porcentaje de los 16 700 millones de litros  de capacidad de producción de vacunas, terapéuticos, anticuerpos y antivirales utilizados contra la COVID-19.  

«Es indispensable compartir las patentes y las tecnologías con asociaciones externas a las que ya han sido establecidas por los gigantes farmacéuticos, de no ser así, no se podrá ampliar la producción lo suficiente para satisfacer la demanda mundial, incluso en las zonas geográficas más desfavorecidas», denuncia Sara Albiani, consultante de la ONG de Oxfam.

Ya en el verano de 2020, el Parlamento Europeo hizo peticiones similares y votó, el 11 de marzo, una enmienda a su informe sobre la estrategia económica anual para reiterar a la Comisión la urgencia de superar los obstáculos en la producción de vacunas contra la COVID-19 debido a las patentes.

Al mismo tiempo, la presión social sigue aumentando: un grupo formado por 40 ONG publicó un llamamiento dirigido a los gobiernos de la UE para la liberalización de las patentes en vísperas de la última reunión del Consejo de los ADPIC. El pasado mes de noviembre, se lanzó una iniciativa ciudadana europea sobre el derecho al tratamiento, que recoge más de 100 000 firmas a día de hoy. Sin embargo, es necesario recolectar un total de un millón de firmas antes del 1 de mayo para que la Comisión Europea estudie las propuestas. 

Cheques en blanco del gobierno

«La suspensión parcial de ADPIC o incluso la concesión de licencias obligatorias que el Tratado de la UE autoriza en situaciones de crisis sanitaria, además con procedimientos muy costosos, no serían suficientes. De hecho, para producir vacunas cualquier tercero seguiría necesitando la colaboración activa de los propietarios de las tecnologías para adquirir los conocimientos técnicos necesarios», afirma Ellen ‘t Hoen, directora del centro de políticas médicas. Además, añade que: «los gobiernos deberían haber obligado a las empresas farmacéuticas a este tipo de compromisos a cambio de fondos públicos que serían destinados a la investigación y el desarrollo, en lugar de confiar exclusivamente en iniciativas espontáneas. El problema es que existe una especie de psicosis política que teme que si se ponen obstáculos a la industria farmacéutica, esta deje de innovar».

Parece ser que el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha confirmado esa teoría. En respuesta a la pregunta formulada en diciembre por un grupo de eurodiputados sobre la controvertida propuesta por India y Sudáfrica al Consejo de los ADPIC, Dombrovskis dijo: «Una medida de este tipo podría limitar los incentivos para la investigación de productos farmacéuticos innovadores para hacer frente a los nuevos retos sanitarios».

No todos están de acuerdo con esta opinión: «Esta vez, el argumento de la protección de las patentes como recompensa a la inversión no se sostiene del todo», afirma Rachel Thrasher, investigadora del Global Development Policy Center. «Los gobiernos han asumido un papel activo en la financiación (aunque la UE ha pagado relativamente menos que EE.UU. y otros organismos internacionales, lo que le da menos capacidad de negociación), por no hablar de que las empresas tienen un mercado garantizado en todo el mundo, lo que les asegura unos beneficios sustanciales aunque parte del dinero invertido salga de sus propios bolsillos». Para inmunizar a toda la población mundial se necesitan hasta 14 000 millones de dosis, una cantidad que podría multiplicarse si, como predicen muchos científicos, la limitación de la cobertura de la inmunización de grupo se expande en el tiempo, lo que exigiría repetidas posposiciones.

Para conciliar los intereses públicos y los privados, los expertos entrevistados proponen que los gobiernos concentren, o bien, que multipliquen el número de licenciatarios de tecnología compensando colectivamente a los titulares de las patentes. tren la producción a gran escala en unos pocos centros conjuntos que operan bajo contrato; o bien, que multipliquen el número de licenciatarios de tecnología compensando colectivamente a los titulares de patentes. «A estas alturas es difícil que los Estados converjan en un mecanismo adecuado a nivel mundial en medio de una catástrofe en la que todos ellos compiten por hacerse con medicamentos para sus ciudadanos. Se debería haber actuado antes», explica Michelle Childs, coordinadora de Activismo Político de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. «Espero que los líderes hayan aprendido la lección y tomen decisiones más acertadas en el futuro», añade Clemens Martin Auer, copresidente saliente del grupo operativo de vacunas de la UE.

Esta investigación fue realizada como parte del proyecto «¿Quién está sacando provecho de la pandemia de la COVID-19», con el apoyo del Periodismo de Investigativo para la UE.

Este artículo es una asociación con European Data Journalism Network.

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