En la mañana del 6 de junio, comencé a recibir mensajes de texto extraños de mi banco en Moscú. Todos decían lo mismo — mis cuentas habían sido bloqueadas porque había habido una de serie de débitos demasiado elevados para los saldos de estas. Todas habían sido suspendidas, una por una.
Enseguida, me llegaron mensajes de mi segundo banco ruso que indicaban que había recibido una multa de 80 000 $ [aproximadamente 77 800 €] en cada cuenta.
Soy un periodista investigativo, por lo que ya conozco esta clase de cosas. Parecía un tipo de ataque de phishing, y esta sospecha creció cuando busqué información sobre multas en la página del gobierno y no encontré nada.
No fue hasta ese momento que recibí otro mensaje que me ayudó a descifrar lo que estaba sucediendo. Decía que mis cuentas no estaban simplemente bloqueadas, sino congeladas porque había una investigación criminal en mi contra. Siguiendo el consejo de mi abogado de Moscú, revisé la lista de personas buscadas de Rusia en la página del Ministerio del Interior, y ahí estaba yo, con mi fotografía y datos biográficos. No se molestaron en mencionar los cargos ni cuál organismo gubernamental estaba involucrado.
El siguiente paso requirió tiempo e investigación, pero finalmente me di cuenta de que, para entender lo que estaba sucediendo, debía examinar los casos de quienes ya habían pasado por lo mismo, es decir, aquellos periodistas rusos que habían estado en el punto de mira de las autoridades desde el inicio de la guerra. Y eso ayudó.
Pronto estuvo claro que el Comité de Investigación, la versión rusa del FBI, había abierto tanto mi caso como otros casos contra periodistas rusos — todos con números de serie oficiales similares. Este organismo suele encargarse de los casos más importantes para el Estado.
Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de cuán grande era la escala de la campaña del Kremlin contra los periodistas independientes. En el mundo orwelliano de Rusia en 2022, todo aquel que publique algo que contradiga la narrativa del Estado es acusado, irrisoriamente, de difundir «noticias falsas» sobre la guerra. Este crimen de alta gravedad se agregó recientemente al Código Penal y constituye el fundamento para la persecución de periodistas.
Aún no se conoce el alcance de esta nueva ola de represión — solo me enteré de mi caso porque mis bancos me lo dijeron, y, de la misma manera, otros periodistas han descubierto sus cargos casi por accidente. No obstante, los números de serie de nuestras causas penales sirven de pista — los últimos dígitos varían entre 50 y 500, lo que, en teoría, podría significar que el Kremlin tiene cientos de casos bajo investigación.
Las apariciones en la lista de personas buscadas y las órdenes de arresto emitidas in absentia ahora son las herramientas preferidas del Kremlin. Esta es una campaña seria, pero también desesperada — los periodistas que han sido atacados son aquellos que, como yo, han dejado el país y siguen exponiendo desde el exilio la campaña sistemática de falsedad del Kremlin.
Esto revela algo verdaderamente interesante y un poco inesperado; la decisión de emitir órdenes de arresto dice con más claridad que cualquier palabra que los medios técnicos para imponer el monopolio de información del gobierno — el filtro ruso de internet soberana — simplemente no están funcionando.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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