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¿Por qué la extrema derecha avanza en Europa? Un artículo del economista estadounidense Dani Rodrik presenta un resumen de la literatura socioeconómica sobre este tema. Según el autor, la globalización, junto con el libre cambio, la liberalización de capitales y la automatización, es una de las principales responsables de este proceso, pues ha provocado una gran inseguridad económica en ciertas poblaciones.
La desindustrialización, la descentralización, la distorsión de la distribución entre el capital y el trabajo se han producido en su detrimento. Esta situación debería haber beneficiado lógicamente a la izquierda, pero los dirigentes políticos de extrema derecha han conseguido sacarle partido movilizando el desacuerdo etnonacional y cultural, es decir, mediante la construcción de una narrativa en la que los extranjeros o las minorías son los verdaderos responsables.
La crisis migratoria europea de 2015 impregnó de verosimilitud a ese discurso e invadió el espacio público en numerosos países europeos. Rodrik concluye que el gran desafío al que se enfrentan hoy los responsables políticos es el de romper con una globalización diseñada para satisfacer las necesidades del capital para lograr un reequilibrio en favor del trabajo.
Parece que Francia no ha escogido esta vía, más bien al contrario. Mientras que no se ha hecho nada para mejorar las pésimas condiciones de trabajo, y que todo confluye para hacer crecer las sospechas sobre las personas que perciben el ingreso de solidaridad activa [ayuda social similar al ingreso mínimo vital] y los solicitantes de empleo, el debate sobre la inmigración satura el espacio público para el gran regocijo de los líderes de extrema derecha.
La Comisión y el Parlamento son las instituciones que parecen iniciar un cambio social, frenado por los Estados miembros, con Francia situándose a la cabeza de los detractores. Así, muchas directivas suponen un avance real para los trabajadores. El 11 de marzo de 2024, los ministros de Empleo de los países miembros de la UE aprobaron por fin un acuerdo sobre el proyecto de directiva relativa al trabajo de plataformas.
Esta enumera los criterios que permiten distinguir entre los verdaderos autónomos y aquellos que deberían ser considerados empleados (unas 5,5 millones de personas según la Comisión). El texto debería permitir terminar con el dumping social generado por numerosas plataformas que eluden las obligaciones del derecho laboral y hacen perder a la seguridad social [francesa] cientos de millones de euros de cotizaciones. Francia votó en contra, y Alemania se abstuvo.
El 24 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva sobre el deber vigilancia de las empresas en materia de medioambiente. Estas nuevas normas obligan a las empresas a respetar los derechos humanos y el impacto medioambiental durante toda la cadena de abastecimiento. En 2015, en su obra Prendre la responsabilité au sérieux (PUF) [Tomarse la responsabilidad en serio], los juristas Alain Supiot y Mireille Delmas-Marty denunciaban la manera en que la libre circulación de capital y mercancías había permitido a las empresas internacionales eludir las responsabilidades sociales y medioambientales que antes les imponían las legislaciones nacionales.
La Comisión y el Parlamento son las instituciones que parecen iniciar un cambio social, frenado por los Estados miembros, con Francia situándose a la cabeza de los detractores
"Así las legislaciones nacionales se han convertido en competidores en un vasto mercado de derechos. Participan en una carrera social y medioambiental a la baja", escribieron. Todo esto beneficia al fenómeno denominado "forum shopping" (o "foro de conveniencia") que lleva a las empresas internacionales a trasladarse a países donde la legislación es menos restrictiva. No obstante, la directiva excluye al sector financiero de su ámbito de aplicación, de nuevo con el apoyo de Francia.
El 16 de diciembre, el texto final de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. También se publicó el reglamento sobre la inteligencia artificial adoptado por el Parlamento y el Consejo el 8 de diciembre, que incluye varias disposiciones que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo.
También merece especial atención un último progreso. Es cierto que tan solo se trata de una resolución (de carácter no vinculante) del Parlamento Europeo, pero traza una vía novedosa. El 23 de noviembre de 2023, los diputados adoptaron una resolución sobre la creación de empleos, la transición justa y las inversiones de impacto.
El texto pide a la UE desarrollar una política industrial ambiciosa, apoyar la reindustrialización de las regiones e invertir en una transición ecológica que cree empleos de calidad. "Se crearán 1,4 millones de empleos de baja y media cualificación, así como 450 000 empleos de alta cualificación gracias al aumento de las inversiones en la renovación de edificios y a la reducción del consumo energético de los combustibles fósiles para calefacción".
La resolución invita a la Comisión a proponer un marco europeo sobre las temperaturas máximas de trabajo, pide la adopción de planes de transición justa negociados por interlocutores sociales a nivel sectorial y empresarial, y aspira a un marco claro y uniforme sobre las inversiones de impacto que permiten evaluar la manera en que las empresas gestionan sus responsabilidades sociales.
Confirmar el cambio social de la Unión Europea (y por lo tanto elegir en masa a quienes se comprometen a promoverlo) es sin ninguna duda la mejor manera de hacer que los discursos de extrema derecha resulten menos atractivos.
Este artículo, que fue publicado en le Monde el 30 de diciembre del 2023, ha sido actualizado.
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