Lucie Pinson (Reclaim Finance): “Los bancos europeos siguen actuando en contra de los objetivos climáticos”

Desde hace muchos años Lucie Pinson se interesa por las cuestiones relativas a la transición energética y a las finanzas. En el pasado ha gestionado campañas centradas en la responsabilidad de los actores financieros en las injusticias sociales, medioambientales y climáticas. Ha trabajado muy en especial para los Amigos de la Tierra y para el proyecto Amanecer. En 2020, Lucie Pinson fundó la ONG Reclaim Finance que milita para descarbonizar el sector financiero y ponerlo al servicio de la justicia social y climática. En 2020 fue galardonada con el prestigioso premio Goldman (conocido también como el “premio Nobel de la ecología”) para el medio ambiente.

Voxeurop: ¿En qué medida son las finanzas una “palanca crítica” en la lucha contra el cambio climático? 

Lucie Pinson: El dinero es el nervio de la guerra. Para ver la luz, un proyecto de infraestructura, ya sea una escuela, un ferrocarril, un hospital, pero también una plataforma petrolera o una central eléctrica a gas, necesita financiación y una o más coberturas de seguro.

Evitar una aceleración masiva del cambio climático y transitar hacia sociedades sostenibles es algo que necesita unas inversiones enormes: más de 406 000 millones de euros suplementarios por año hasta el 2030 son necesarios solo para la Unión Europea. La transición solamente se materializará si se financia, se asegura y si consigue captar las inversiones necesarias. Por lo tanto, los actores financieros tienen una responsabilidad cierta. Lo cual, además, queda reconocido en el Acuerdo de París que llama a una alineación de los flujos financieros con objetivos climáticos. Esto quiere decir, en concreto, que se ha de actuar a dos niveles: aumentar las financiaciones a las soluciones “verdes”, pero también cerrar progresivamente aquellas que estén destinadas a actividades contaminantes que, con el tiempo, tienen que desaparecer. 

Otro punto que no se ha de olvidar es la sobriedad. No se evitará el crack sin la reducción del consumo de energía a escala global. El sector financiero puede tener aquí un papel crucial, puesto que tal reducción exige también inversiones específicas, pero corresponde a la política actuar en primer lugar para asegurarse de que estos esfuerzos se exijan a los más acaudalados que son, por defecto, los más emisores y no a aquellos cuyos derechos fundamentales no están ya asegurados.

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”Las soluciones existen y si la mayoría de los actores financieros siguen manteniendo masivamente la expansión de las energías fósiles, lo harán con pleno conocimiento de causa”

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En cuanto al sector energético se trata de alcanzar de aquí a 2030 y por cada diez euros de inversión en la transición que seis euros vayan a la producción de electricidad sostenible por cada euro asignado a las energías fósiles. Al margen de las cantidades, esto plantea la cuestión de la calidad, de lo que se financia concretamente con esos seis euros o con ese único euro. Los seis euros se deben concentrar en lo eólico y solar, aunque también en el desarrollo de la red de distribución y almacenaje. Y en cuanto al euro que siempre habrá que destinar a lo fósil, debe emplearse en las infraestructuras existentes, en especial para el despliegue de tecnología de bajas emisiones, pero para nada en absoluto en el desarrollo de nuevas infraestructuras.

En conclusión, todo esto nos demuestra que la asignación de financiación se debe hacer con sumo cuidado. Pero, no nos vayamos a equivocar, no es un simple ejercicio de fontanería, es sobre todo cuestión de política. Las soluciones existen y si la mayoría de los actores financieros siguen manteniendo masivamente la expansión de las energías fósiles, lo harán con pleno conocimiento de causa, porque deciden anteponer sus ganancias actuales a cualquier consideración social y medioambiental.

¿De qué (y de cuánto) se habla al referirse a las “finanzas verdes”? Porque uno podría preguntarse si esto no es un oxímoron.

El crecimiento de los compromisos en pro del clima por parte de los actores financieros internacionales va acompañado del aumento de potencia de un discurso en torno a las “finanzas verdes” o “finanzas duraderas”. Estos términos se utilizan mayoritariamente con referencia a los diferentes productos y servicios financieros desarrollados con vistas al sostenimiento de las actividades “verdes” y duraderas, o seleccionadas en función de criterios no financieros, en oposición a los productos financieros clásicos que solo se derivan de consideraciones financieras. 

Más allá de los problemas de ecoblanqueo vinculados al uso abusivo de estos términos, las "finanzas verdes", tal como acabo de definirlas, no resuelven en modo alguno la causa principal del cambio climático, es decir, el descargar en la atmósfera una cantidad demasiado grande de gases de efecto invernadero y la financiación de actividades contaminantes, incompatibles con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 ℃. 

El propio término suena como una confesión del sector financiero, bien consciente de que las finanzas tradicionales están en las antípodas de los objetivos de sostenibilidad. El problema estriba en que este término ha concentrado los esfuerzos y los análisis de muchos expertos durante estos últimos años, contribuyendo a desviar la atención de las financiaciones que siguen agravando la situación. Y de hecho, si nos fijamos en el resurgir de muchas etiquetas e intentos a nivel nacional y europeo por regular el uso de denominaciones y el contenido de los productos etiquetados como "verdes", muy poco, o nada, se ha hecho para obligar a los actores financieros a dejar de apoyar proyectos y empresas con modelos de negocio incompatibles con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 ℃.

Esto conviene a los intereses de los actores financieros, especialmente aquellos muy expuestos a los industriales de combustibles fósiles. No sólo se desvía la atención de sus servicios financieros que destrozan el clima, sino que las finanzas verdes les ofrecen la oportunidad de desarrollar nuevos mercados y, por lo tanto, nuevas oportunidades de crecimiento y beneficios, esta vez con productos verdes, todo ello permitiéndoles ofrecer una imagen de actores comprometidos con el clima.

Ya existen instrumentos, tales como el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), que deberían imponer normas a los bancos en la definición de los productos financieros que ofrezcan a los inversores. Tal como demuestran las encuestas de Voxeurop sobre las finanzas "verdes", el SFDR está redactado con un lenguaje engañoso y ambiguo que permite distorsionar sus propias reglas. 

¿Cuál es para usted el papel de las instituciones? ¿Hay cuestiones electorales harto claras de cara a las próximas elecciones europeas de junio? 

El mandato anterior fue el del Pacto Verde; el próximo debe ser el de su fortalecimiento pero sobre todo el de su financiación. Esta cuestión generalmente se ha dejado de lado hasta ahora. Y aunque organismos como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Comisión Europea coinciden en que entre el 80 % y el 85 % de las necesidades de financiación de la transición deben provenir del sector privado, la intervención de las autoridades públicas será indispensable para obligar a los actores financieros a tomar las decisiones correctas sobre la asignación de activos.

Porque no falta dinero. Pero el dinero no se redirigirá a soluciones climáticas sin la intervención de los poderes públicos, sin reglamentación y regulación. Pero no cualquier reglamentación. Es necesario apartarnos de una reglamentación confinada a exigir transparencia y presentación de informes para avanzar hacia reglamentaciones que pongan la política en el centro y, por lo tanto, moldeen el comportamiento de las instituciones financieras y los actores económicos.

El mandato anterior podría haber conseguido que fuera obligatoria la adopción de tales planes por parte de los agentes financieros, a través de la directiva sobre el deber de vigilancia de las empresas. Pero la directiva finalmente excluyó a los actores financieros, en gran parte debido a la acción del Ministerio francés de Economía y Finanzas y de la Presidencia francesa.

Comme sur de nombreux autres votes, le gouvernement français a renié avec cynisme les engagements de campagne de 2019 de ses propres candidats et a contré les propres votes de ses parlementaires : la France s’est en effet opposée à l’inclusion des acteurs financiers au niveau du Conseil de l’UE alors que tous les députés européens issus de la majorité parlementaire ont voté pour au Parlement européen. Il est bien connu que les promesses de campagne n’engagent que les électeurs qui y croient. 

Como en muchas otras votaciones, el gobierno francés renunció cínicamente a los compromisos de campaña de 2019 asumidos por sus propios candidatos y contrarrestó los propios votos de sus parlamentarios: en efecto, Francia se opuso a la inclusión de actores financieros a nivel del Consejo de la UE, mientras que todos los eurodiputados de la mayoría parlamentaria votó a favor en el Parlamento Europeo. Es bien sabido que las promesas de campaña sólo comprometen a los votantes que se las creen.

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Toda la ciudadanía que acudirá a las urnas en junio debería votar, sobre todo, a la luz de lo que han votado y apoyado los diferentes partidos durante los últimos cinco años. En cuanto a asociaciones como Reclaim Finance nos situamos más allá de las elecciones y también hacemos un llamamiento para que se movilicen a largo plazo todos aquellos que dicen estar comprometidos. Lo que comienza con estas elecciones son cinco años más de lucha para poner las finanzas europeas al servicio de la justicia social y medioambiental.

¿Quiénes son los actores más importantes en este escenario? Los bancos ocupan el centro de esta economía... 

Los bancos desempeñan un papel clave porque son ellos quienes tienen puestas las manos en el grifo de las financiaciones. Incluso los títulos de deuda, las obligaciones que compran los inversores, requieren para su salida a los mercados la intervención de los bancos. Sin embargo, los bancos europeos siguen actuando en contra de los objetivos climáticos internacionales, pero también contra los de sus propios Estados y de la Unión Europea. Desde las últimas elecciones europeas, los 15 principales bancos de la UE han aportado más de 179 000 millones de euros al centenar de empresas que están a la vanguardia de la expansión de los combustibles fósiles. Obsérvese que dos tercios del total proceden de los cuatro grandes grupos bancarios franceses que han hecho mucho sobre el carbón pero muy poco sobre el petróleo y el gas.

De nuestros 15 bancos que han financiado la expansión de los combustibles fósiles en los últimos años, ¿cuántos se han comprometido a no financiarla en el futuro, de acuerdo con las recomendaciones de los científicos y las proyecciones de la AIE? Uno solo. Y ninguno se ha comprometido a destinar seis euros a la producción eléctrica sostenible de aquí a 2030 por cada euro destinado a combustibles fósiles. Sin embargo, hoy en día los bancos tienden a reconocer las conclusiones científicas. Como ejemplo, podemos citar al director general de Crédit Agricole, que ha reconocido públicamente durante la última asamblea general del grupo que la expansión del petróleo y del gas no era compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ℃ y que el banco no podía hacer la vista gorda ante los nuevos proyectos de hidrocarburos desarrollados por las grandes empresas del sector. Y, sin embargo, el banco todavía puede financiarlos e incluso financia directamente la construcción de terminales de gas natural licuado. El grupo Banque Populaire Caisse d'Epargne quizás esté aún más rezagado e incluso participó recientemente en una transacción de 4250 millones de dólares con TotalEnergies. Este dinero se destinará al petróleo y al gas, y en particular al desarrollo de nuevos yacimientos y terminales de GNL (gas natural licuado), a los que TotalEnergies destina dos tercios de sus inversiones.

¿Qué soluciones y qué herramientas tenemos, colectivamente, frente a todo esto?

Las soluciones existen. Queda por hacerlas realidad y esto sólo será posible estableciendo un equilibrio de poder con las instituciones existentes. En el tema financiero, a menudo se habla de la importancia de cambiar de banco o elegir productos financieros que sean realmente buenos para el planeta y los derechos humanos. Son unas actuaciones pertinentes, pero que solo ganan eficacia política si se llevan a cabo de forma colectiva y se prolongan con otras actuaciones. Es indispensable hablar de un derecho a retomar el control de nuestro dinero y de las finanzas y reivindicarlo movilizándose dentro de los colectivos correspondientes.

Sé que me resulta fácil mantener este discurso, puesto que he hecho de mi compromiso activista mi forma de trabajo y una fuente de ingresos, y que es difícil, cuando no imposible, para una gran parte de la población liberar tiempo o recursos para hacerlo. En Reclaim Finance intentamos hacer coincidir estos diferentes parámetros pidiendo a los empleados que se movilicen dentro de sus empresas, allí donde pasan la mayor parte de su tiempo, recuperando, por ejemplo, el control de sus ahorros. Son muchas las personas asalariadas a quienes se ofrecen productos de ahorro salarial que representan 180 000 millones de euros, lo que convierte al ahorro salarial en el tercer producto de ahorro para los franceses, por detrás de las libretas de ahorro y los seguros de vida. Sin embargo, nuestro análisis demuestra que la mayoría de los productos siguen invirtiendo en la expansión del petróleo y el gas. Por lo tanto, apoyamos a las personas asalariadas deseosas de exigir unas prácticas de inversión sostenibles. Una buena manera también de aprender a organizarse colectivamente, hoy en materia de ahorro, pero espero que mañana en otras cuestiones sociales y medioambientales.

¿Vale la pena recordar aquí algún progreso?

Podemos acoger con satisfacción la entrada de una doble materialidad en la información no financiera de las empresas (obligación de tener en cuenta las dimensiones financieras y de impacto) a través de la directiva europea Directiva de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa sobre información no financiera (CSRD, por sus siglas en inglés). La doble materialidad implica que los actores financieros ya no solo se han de preocupar por los riesgos financieros a los que están expuestos, en particular los relacionados con el cambio climático, sino que también han de tomar en consideración el impacto de sus actividades sobre el clima, los derechos humanos y los ecosistemas.

Pero esto sigue siendo un ejercicio de transparencia que es necesario prolongar con la obligación de adoptar planes de transición que indiquen en particular las formas en que los actores financieros pretenden alinear su financiación con los objetivos climáticos europeos e internacionales. Estos planes también deben especificar también las formas en que los actores financieros esperan suspender progresivamente su apoyo a actividades esencialmente contaminantes, aumentar el apoyo que prestan a soluciones medioambientales y ayudar a la transformación de sectores que, como el acero o la producción de electricidad, tienen un futuro asegurado, pero a condición de que consigan descarbonizarse.