Imagine que Angela Merkel amenaza con expulsar a todos los "sinpapeles" turcos porque no acepta una declaración de Ankara sobre el Holocausto. Una reacción semejante por parte de la canciller provocaría una oleada de protestas, porque todo el mundo espera de Alemania que asuma la responsabilidad del capítulo más oscuro de su historia y que respete el derecho internacional, que excluye cualquier castigo colectivo. Sin embargo, ningún país europeo ha reaccionado enérgicamente cuando la semana pasada el primer ministro turco, molesto por las reprimendas internacionales sobre el genocidio armenio, amenazó con expulsar "a los 100.000 ciudadanos de la república de Armenia que vivieran clandestinamente en Turquía". El silencio que ha seguido a esta "salida" de Recep Tayyip Erdogan es sorprendente. Hasta ahora, la Unión Europea se ha mantenido en silencio, en todos sus idiomas oficiales.

¿Por qué? No es probable que las autoridades europeas se hayan resignado a considerar a Turquía como un país aparte, aunque sigue siendo candidato a la adhesión, y que por tanto no se medirá por el mismo rasero de normas y de valores en los que la Unión afirma inspirarse. Más bien reaccionan como si tuvieran miedo de "perder a Turquía", que ocupa el puesto diecisiete entre las potencias industriales mundiales, un punto clave en el abastecimiento energético europeo, una "posición estratégica de Occidente" y un "puente entre las civilizaciones judeo-cristinas y musulmana".

Meter a Turquía con calzador en la UE

En privado, estos mismos responsables reconocen que Turquía, a pesar de haber realizado avances reales, está lejos de ajustarse a los criterios fundamentales de una democracia europea. Su Constitución, de la cual se ha presentado un proyecto de revisión el 22 de marzo en el Parlamento, y su código penal contienen artículos incompatibles con el acervo jurídico europeo. El ejército, aunque a la defensiva, sigue siendo demasiado poderoso. El asunto de los kurdos también está pendiente. El reconocimiento del genocidio armenio sigue siendo tabú, a pesar de las miles de firmas recogidas ante el llamamiento denominado "Pedimos perdón", iniciada por un grupo de intelectuales progresistas turcos. E incluso si el AKP, el partido musulmán conservador en el poder, se define como moderado, su gobierno coincide con una lenta intensificación de la islamización de la sociedad y las instituciones.

Los partidarios europeos de la adhesión, enfrentados a sus propias dudas, se preguntan qué método deben utilizar ante una opinión pública europea reticente para hacer de Ankara una nueva capital europea. Pero albergan un temor aún más inmediato: el enfado notable de Turquía ante las tergiversaciones europeas. Los dirigentes turcos cambian constantemente de opinión sobre su deseo de ser parte de Europa y ahora cada vez más insinúan que tienen alternativas y que podrían elegir su propio camino.

Turquía, consciente de sus logros demográficos, económicos, culturales, geopolíticos y laico-religiosos, no se ve como un Estado de los confines de Europa, responsable de defender los intereses de Occidente en una de las regiones más agitadas del mundo. Se considera un "país central", con derecho a definir su propia visión y sus intereses. Así lo ha hecho con respecto a Irak, a Israel y a Irán, desmarcándose de los enfoques de Europa y Estados Unidos. Tras haber aceptado algunas "exigencias de Bruselas", Turquía parece estar menos dispuesta ahora a hacer "concesiones".

A lo largo del proceso de negociación, descubrió lo que implicaba realmente la adhesión y sobre todo las pérdidas de soberanía que ponían en tela de juicio elementos fundamentales del sistema estatal y de la cultura política turca.

La cuestión turca en conflicto con el proyecto europeo

En otras palabras, si Turquía se convirtiera en miembro de la Unión Europea manteniendo lo que una gran parte de sus dirigentes y de su opinión consideran no negociable (un nacionalismo no calmado, la primacía del islam suní, la turquidad, etc.), esta adhesión significaría que la referencia democrática europea habría cambiado de naturaleza. La "cuestión turca" no puede resolverse con la fórmula del "opt-out" (exención) de los ingleses o los daneses, ya que desafía al modelo político postnacionalista y pluralista que sirve de base a la construcción europea. Ahora bien, actualmente en Turquía, sólo una élite "laico-liberal" o musulmana moderna, en aumento aunque minoritaria, comprende y sobre todo acepta esta construcción europea.

Turquía y la Unión Europea se encuentran entre la espada y la pared. Ambas deberán definir claramente los valores que no pueden transgredir. Es una cuestión lejos de los cálculos de los estrategas y de los hombres de negocio. Se trata de los grandes interrogantes sobre los propósitos y los destinos de nuestras sociedades. Y en este momento existencial Turquía no es la única que debería estar en vilo.