Hace dos siglos o un poco más, los aristócratas franceses optaban por el exilio para escapar de los sans-culottes... y de la guillotina. Actualmente, los (muy) ricos eligen el exilio fiscal para huir de una fiscalidad que califican de asesina o cuanto menos de "confiscatoria".

Gérard Depardieu es uno de ellos. Y como sucede a menudo con esta figura del cine francés, el asunto ha asumido proporciones tan enormes como incongruentes. Su decisión de residir en Bélgica, anunciada hace unos días, no tiene ninguna ambigüedad: pretende beneficiarse de la fiscalidad condescendiente

al otro lado de Quiévrain. Sin miedo a desencadenar un psicodrama nacional, a la altura de su celebridad. "Bastante lamentable", comentó el primer ministro Jean- Marc Ayrault. "¿Quién es usted para juzgarme así?", contestó un Depardieu teatral, amenazando con devolver su pasaporte y abandonar la nacionalidad francesa. Produciendo una nueva serie de exclamaciones, el ministro de Trabajo comentó claramente que se trataba de "una forma de decadencia personal" y la ministra de Cultura instó al actor, con humor, a "que volviera al cine mudo".

Un diputado socialista ha llegado incluso a sugerir que a los exiliados fiscales se les prive de su nacionalidad. Las mentes lúdicas verán en este "asunto" una farsa burlesca. Las más políticas, una respuesta fría de los más afortunados ante los rigores del fisco francés y la demostración de que a partir de ahora, para ellos la gestión de su capital es mucho más importante que el interés nacional. Lo más prudente es que cada uno reflexione sobre las causas de este psicodrama.

El espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos

Se remontan a la campaña presidencial. Con el objetivo de impactar y de ofrecer garantías a su izquierda, François Hollande sorprendió al proponer gravar el 75% a los ingresos superiores a un millón de euros. Aunque fue calificado de confiscatorio por la derecha, algo discutible, ya que existían impuestos similares en los años setenta, este gravamen estaba justificado, aseguraba Hollande, por el deber de solidaridad, para enderezar las cuentas públicas que se encontraban en un estado lamentable. Al parecer, el argumento no ha convencido a los afectados. Y con razón.

Por una parte, la imposición del 75% parece punitiva. Si Hollande hubiera querido respetar el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos, según la cual los ciudadanos deben contribuir con sus impuestos "según sus facultades", habría impuesto dos, tres o incluso cuatro tramos complementarios, llegando si fuera necesario al porcentaje del 75%. También parece que la fiscalidad en un solo país es bastante ineficaz ante la globalización y la libre circulación de los ciudadanos en Europa.

Hollande corre el riesgo de pagar el coste político de su golpe electoral de la primavera. Y de arrastrar esta polémica, como Nicolas Sarkozy con su escudo fiscal. La subida de los impuestos es necesaria y los más ricos deben contribuir más que los demás. Pero, en última instancia, la brutalidad simbólica del 75% socava este mensaje.