"Tras la polémica del verano suscitada por el desmantelamiento de los campamentos de gitanos, el Gobierno intenta ofrecer un premio de consolación", escribe Le Monde. Criticado por su política represiva hacia los gitanos, en su mayoría rumanos y búlgaros, el Gobierno ha decidido adoptar una actitud más flexible. En respuesta a la principal demanda de las asociaciones para mejorar la situación precaria de los 15.000 gitanos extranjeros residentes en Francia, Paris optó por

la cancelación de las "medidas de transición" que restringían el acceso al mercado laboral para los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria (de donde proceden la mayoría de los gitanos en Francia) y que consistían en: la obligación de poseer un permiso de trabajo, que el empleador pagase una tasa y trabajar en una de las profesiones permitidas en una lista cerrada (150 dentro de los denominados sectores "en tensión").

Las medidas fueron introducidas por algunos estados de la UE (y todavía están en vigor en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos, Malta, Reino Unido y Luxemburgo) para evitar un eventual efecto de dumping en el mercado laboral. Las medidas se refieren a todos los residentes búlgaros y rumanos (de los cuales, según las estimaciones, el 10% son gitanos) .Para analizar la eficacia de este enfoque, se tienen en cuenta las experiencias de España e Italia, donde las medidas de transición se han eliminado.

Según algunos, la cancelación de las restricciones ha actuado como una "regularización", afirma el catedrático [Grégoire Cousin, especialista en inmigración gitana]. Para otros, debido a las inspecciones pocos frecuentes, los empleadores han seguido empleándolos "en negro". La cancelación de las medidas transitorias en Francia entonces no debería "suponer un gran cambio para los más precarios", subraya Cousin. Sin embargo, podría abrir nuevas oportunidades para los "cabezas de familia" y "los más listos."