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La ley de depuración, esperada desde hace más de veinte años, no cumplirá más que unas semanas de vida. Aprobado el 19 de mayo, el texto que limita de manera temporal el acceso de antiguos miembros de la nomenclatura comunista a algunos puestos públicos, ha sido declarado inconstitucional. "El motivo es que la Constitución prohíbe las condenas colectivas", explica Gândul. El Tribunal Constitucional fue convocado a petición de 90 senadores y diputados del Partido Social Demócrata, entre ellos el presidente de honor y antiguo presidente de la República Ion Iliescu, primer afectado por la ley. Iliescu ha estimado que la ley "es una tontería" y que "se trata de una norma estalinista, anacrónica" además de ilustrar a la perfección el refrán según el cual "el país se quema y la abuela va al peluquero". Desde hace varias semanas, Rumanía afronta huelgas contra importantes cortes presupuestarios decididos por el gobierno.
