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Desde hace años, el área de viviendas sociales de Mjølnerparken, en la capital danesa, está en construcción, tanto desde un punto de vista político como material. Vallas de obras, maquinaria y obreros están presentes en toda la zona que rodea los bloques de apartamentos en el barrio de moda de Nørrebro.
En 2018, el entonces primer ministro Lokke Rasmussen utilizó este lugar como escenario para anunciar su “ley del gueto”, con la que afirmó que combatiría las llamadas “sociedades paralelas” y ofrecería, por fin, una solución a la fallida integración de los inmigrantes.
A tenor de esta ley, los barrios de viviendas sociales que cumplen ciertos criterios, (como bajo rendimiento escolar, altas tasas de desempleo o gran número de residentes con condenas penales) han sido catalogadas como “zonas residenciales vulnerables” y se las ha sometido a una serie de medidas destinadas a mejorarlas y terminar con los “guetos”.
Sin embargo, con el paso de los años se han ido cambiando los umbrales de estos criterios, de modo que algunos barrios siguen en el catálogo a pesar de haber mejorado. No obstante, el criterio principal es el origen étnico, ya que solo se consideran guetos los barrios donde la mitad de los residentes y sus descendientes sean inmigrantes no occidentales.
Gueto desde su creación
En las oficinas de la Asociación de Residentes, la profesora Majken Felle, de 52 años, contó a der Standard que Mjølnerparken ya nació dentro del catálogo de guetos, por así decirlo. Esto se debe a que, supuestamente, las medidas deben aplicarse a los denominados “guetos duros”, definidos como zonas residenciales que hayan sido clasificadas como “guetos” durante varios años seguidos.
Sin embargo, las obras para desmantelar este barrio, con sus edificios de ladrillo rojo y balcones blancos, comenzaron de inmediato.
“La ley se aplicó retroactivamente, así que nos vimos afectados desde el principio”, afirma. Aunque a algunas zonas se les concedió tiempo para mejorar sus estadísticas y ser eliminadas del catálogo, para Mjølnerparken se creó un plan inmediato para reducir la cantidad de viviendas sociales.
“En Bispeparken, los activistas llamaron a la puerta de cada apartamento para recoger certificados escolares y universitarios de los residentes inmigrantes, ya que era posible que esas cualificaciones no se hubiesen registrado en las estadísticas danesas. Finalmente, la gente de la zona consiguió mejorar sus estadísticas de rendimiento académico lo suficiente para reducir sus puntos en el catálogo de guetos, pero aquí en Mjølnerparken no nos dieron la oportunidad de hacerlo”, dice Felle, que ha estado luchando contra estas medidas desde el primer día.
Presión de la Asociación de Viviendas
Lo irónico es que Felle tomó la decisión consciente de mudarse al barrio residencial de Mjølnerparken en 2014, precisamente porque le gustaba el sentido de comunidad que tanto imperaba allí. Todavía recuerda el centro comunitario, que se usaba para grandes celebraciones e incluso bodas. La gente solía conversar en los parques y en las canchas de deporte. Todos se conocían y hablaban danés entre ellos.
El cercano Superkilen Park, con sus instalaciones que festejan los 62 países de origen de los residentes del barrio, ha ganado numerosos premios de diseño, pero ahora parece casi una burla, ya que la ley del gueto ha obligado a muchas familias a abandonar la zona.
“No tenemos una cifra exacta, porque no sabemos cuántas familias se habrían marchado de todos modos al encontrar un piso mejor, cuántas se han marchado de forma semivoluntaria debido a la presión, o cuántas se vieron obligadas a marcharse por órdenes de desahucio”, dice Felle.
Recuerda que la constructora llamaba a las familias que habían apelado sus desahucios y las presionaba, diciéndoles que retiraran sus apelaciones “para que no acabaran en la calle”. “Pero habría sido ilegal”, afirma.
“Aquí, en la Asociación de Residentes, procurábamos asegurarnos de que todos conocieran sus derechos”. Ella no entiende por qué todo tuvo que suceder tan rápido, en solo dos años, cuando la propia ley indica 2030 como fecha límite para la reducción de viviendas sociales, lo que significa que aún habría tiempo para que Mjølnerparken tomara las medidas necesarias, incluso ahora.
¿Un experimento ilegal?
A pesar de ello, ya se han perdido las 260 viviendas de dos bloques de apartamentos, que fueron vendidas y posteriormente alquiladas de forma privada. “A los nuevos inquilinos no les importa mucho el sentido de comunidad”, dice Felle. Lo entiende, ya que en su mayoría son estudiantes o familias que están en espera de poder comprarse un piso propio –como es habitual en Escandinavia– y, por lo tanto, no planean quedarse allí mucho tiempo.
Aun así, le parece una pena que el espíritu comunitario esté desapareciendo y que ahora se desatiendan las invitaciones a eventos: “Casi se podría decir que vivimos en sociedades paralelas”, comenta con una sonrisa irónica.
Mientras tanto, ha quedado claro que todo el experimento del gueto es probablemente ilegal. El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el criterio de inmigración podría considerarse discriminación racial y remitió el caso al Tribunal Superior de Dinamarca Oriental en Copenhague. Felle fue una de las demandantes ante el TJUE y espera que la vista en Copenhague se celebre pronto.
Según Frederik Waage, profesor de Derecho en la Universidad de Dinamarca del Sur, la decisión podría tomarse a más tardar el próximo año. “Podría ocurrir que una de las partes impugne esa decisión ante el Tribunal Supremo”, afirma, aunque está seguro de que el gobierno danés no podrá mantener la ley del gueto en su forma actual: sus elementos potencialmente racistas tendrán que eliminarse.
Resultados inciertos
Sisse Marie Welling, del Partido Socialista Popular, fue elegida alcaldesa el año pasado en lo que había sido un bastión socialdemócrata durante cien años. No considera que la forma en que se ha implementado la ley sea fundamentalmente problemática. “No solo se trataba de cumplir los requisitos legales, sino de generar un cambio real y positivo en el barrio afectado”, afirmó en una respuesta escrita a der Standard, citando la importante inversión en guarderías y escuelas gracias a la ley.
Sin embargo, Felle no ve ningún aspecto positivo en la situación. Abre la puerta de la oficina que da al patio y señala las vallas de las obras. “Los parques infantiles aún no están terminados y algunos patios están vallados”, dice, añadiendo que simplemente ya no quedan lugares donde la gente pueda reunirse y charlar.
Está decidida a continuar su lucha, junto con los demás demandantes, porque incluso aunque el tribunal fallara a su favor, quedaría una cuestión clave: ¿qué se hará con los bloques de apartamentos en Mjølnerparken que ya se han vendido? Para el profesor y abogado Waage, la respuesta no está clara. Pero Felle es categórica: “Si eso sucede, tendrán que devolvérnoslos”. Y quiere estar en primera fila si lo hacen.
🤝 Este artículo forma parte del proyecto PULSE. Emma Louise Stenholm, de Foljeton, Føljeton contribuyó a su elaboración.
👉 Artículo original en Der Standard
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