Elige un idioma
“El Estado puso ayer en marcha y a toda velocidad su respuesta política e institucional a la ley de Consultas del Parlament de Catalunya y a la convocatoria del 9-N”, escribe La Vanguardia, al día siguiente de la decisión del Consejo de Estado, la más alta instancia consultativa del Estado, que “aprobó por unanimidad” el marco legal de la estrategia del Gobierno para impedir lo que considera un referéndum de facto. El Consejo se reunió al día siguiente de la firma por el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, de un decreto que convoca la consulta para el 9 de noviembre.
El diario explica que, según el Gobierno, la consulta sería un referéndum encubierto, algo que prohíbe la Constitución española, pues los referendos pueden ser únicamente convocados por el Gobierno para que todos los españoles sean consultados sobre una cuestión determinada. El Gobierno celebrará un consejo de ministros extraordinario este 29 de septiembre, previamente a acudir al Tribunal Constitucional para que decida sobre la ilegalidad de la consulta. Si el alto tribunal admite a trámite el recurso, la consulta podría retrasarse durante meses hasta una sentencia definitiva, añade La Vanguardia. Mientras tanto, Mas ha declarado en una entrevista televisada que “las urnas estarán listas el 9 de noviembre”.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
El evento >