De las fábricas a los tribunales: cambios de velocidad en los asuntos europeos

En el resumen de prensa de este mes de Europa central y del sur con Display Europe, exploramos, entre otros aspectos, el declive del sector de la automoción en República Checa y Eslovaquia, además de la liberación de traficantes de personas en Hungría. Con Display Europe.

Publicado en 22 enero 2024 a las 18:55

Europa, antaño eje del domino en el sector de la automoción, ahora se arrastra tras la estela de Estados Unidos y una China en ascenso, ya que este último país ha saltado a la palestra como el principal exportador de coches del mundo. Este cambio de paradigma amenaza con golpear al sector automovilístico europeo no solo globalmente, sino también dentro de sus propias fronteras. Las consecuencias afectan sobre todo a República Checa y Eslovaquia, con cuya prodigiosa producción de coches per cápita se ganaron el apodo del Detroit europeo y con Eslovaquia situada en el precipicio de mayor riesgo. En este país, el sector de la automoción supone la mitad de las exportaciones y la producción industrial de la nación. El diario Pravda de Bratislava, haciendo referencia al análisis de Bloomberg y del grupo de expertos eslovaco Globsec, destaca un preocupante pronóstico: la transformación en curso del sector podría acabar con 85 000 puestos de trabajo, lo que supone un abrumador 4,5 por ciento del mercado laboral. 

A pesar de las apuestas de los fabricantes locales de que la producción eslovaca daría un giro sin problemas a los vanguardistas vehículos eléctricos, la drástica reducción en la complejidad (se pasarían de 200 piezas móviles de los vehículos convencionales a solo 20 en sus homólogos eléctricos) señala un cambio radical. Esta simplificación augura la obsolescencia de las intrincadas redes de pequeños proveedores que antes eran fundamentales para la línea de producción y que están especializados en componentes como tubos de escape, inyectores y cajas de cambio que ahora ya no se necesitan. El comentario de Pravda cristaliza una opinión que resuena entre los escépticos del sector: la carrera hacia la electrificación avanza demasiado rápido para que el sector tradicional del automóvil pueda seguir el ritmo, lo que deja a una industria antigua (y los sustentos vinculados a ella) posiblemente encallada en la transición. 

En un artículo de reflexión para el diario Lidové noviny de Praga, el economista checo Lukáš Kovanda conjura al fantasma de Detroit: una ciudad que se erige como el sombrío testamento del hundimiento industrial y la ruina económica, para hacer sonar la alarma en República Checa y Eslovaquia. Kovanda plantea que estos países, engranajes integrales del motor de la automoción en Europa, podrían seguir un sendero similar, marcado por el colapso económico y el desorbitado desempleo. En medio de esta narrativa de advertencia, Kovanda identifica un déficit clave: la incapacidad de la República Checa y Eslovaquia para atraer a inversores para la producción de baterías, un sector en el que van a la zaga de sus compatriotas de Visegrád, Hungría y Polonia que, juntos, cuentan con un total inminente de doce fábricas de baterías. En su opinión, parte de la culpa estriba en lo que considera el excesivo entusiasmo de la Unión Europea por la electromovilidad. En su opinión, este cambio “impulsado por la Agenda Verde y el Pacto Verde de la UE” se aplica de forma prematura y perjudica a los fabricantes de automóviles del continente frente a sus rivales de fuera de Europa, sobre todo de China. Los fabricantes de la UE están sujetos a estrictas normas medioambientales que sus homólogos chinos aplican con mayor laxitud. En el competitivo panorama del sector global de la automoción, los fabricantes europeos de componentes expresan una cruda verdad económica: los costes que les supone la mera adquisición de materiales eclipsan el precio al que las empresas chinas ofrecen el producto acabado al mercado.


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En la carrera por lograr el protagonismo con los vehículos eléctricos, Italia, otro importante productor automovilístico, se encuentra a la zaga con una de las tasas de adopción más lánguidas del continente: un mero 3 % de los coches vendidos en los diez primeros meses del año anterior fueron eléctricos, lo que contrasta claramente con la media europea del 16 %. Esta lenta adopción se atribuye, en parte, a la escasa infraestructura de recarga más allá de la expansión urbana.

El diario romano La Repubblica ha esclarecido la estrategia del Gobierno italiano para sortear este déficit eléctrico: infundir nueva vida a la venerable flota de coches de Italia, democratizar la propiedad de vehículos entre los menos privilegiados y avivar las ventas de coches eléctricos que lleven el codiciado sello "Fabricado en Italia".


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Puesta en libertad de traficantes humanos en Hungría

András Dezső | HVG | 10 de enero | HU

En una acción en la que se entrelaza la prudencia fiscal con la indulgencia judicial, Hungría ha adoptado una política de "detención de inserción” que, discretamente, sacó de la cárcel a más de dos mil traficantes extranjeros el año pasado. Esta política, destinada a frenar las pérdidas financieras del sistema penal, permite a los condenados que desaparezcan, siempre que prometan abandonar el territorio húngaro en un plazo de 72 horas.

Sin embargo, esta medida para ahorrar costes ha generado polémica. Los críticos la condenan por erosionar los esfuerzos de las fuerzas del orden y por malgastar los recursos judiciales. Además, fomenta la desigualdad con los delincuentes húngaros que se pudren en la cárcel por delitos similares.

La Unión Europea, con las vehementes objeciones de Austria a la cabeza, ha puesto en tela de juicio la política. La protesta diplomática en Viena en mayo pone de manifiesto la contradicción entre las duras políticas antiimigración de Hungría y la laxitud mostrada con aquellos que facilitan los cruces ilegales, una paradoja que no ha pasado inadvertida entre sus vecinos europeos.

El Gobierno eslovaco desmantela la incómoda la fiscalía especial

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En los pasillos del poder de Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico se ha marcado como objetivo suprimir la fiscalía especial, un baluarte contra la corrupción y el crimen organizado. Los planes del Gobierno para acabar con ella posiblemente se llevarán a cabo a pesar del debate parlamentario, dada la mayoría de su coalición.

Esta acción de Fico, que considera a la fiscalía como su adversaria, ha inquietado a Bruselas. La Comisión Europea ha advertido sobre esta convulsión institucional e incluso la base populista de Fico parece dividida sobre el cierre de la fiscalía, ya que lo considera una estratagema para desestimar casos incómodos. Con el cambio de año, numerosos eslovacos se manifestaron para mostrar su férrea oposición al debilitamiento de su sistema judicial, una opinión que se hace eco más allá de sus fronteras.

El control de los separatistas catalanes sobre el Gobierno socialista de Sánchez

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Pedro Sánchez, el presidente socialista de España, dirige un Gobierno cada vez más dependiente del partido separatista catalán Junts, con sus siete escaños clave en el Congreso integrado por 350 diputados. Por su parte, Junts está aprovechándose de sus votos para obtener importantes beneficios regionales. Las concesiones que se ha ganado Junts son cuantiosas. Han negociado el control exclusivo de la inmigración para Cataluña, un paso audaz hacia una mayor autonomía financiera cuyo fin es saldar la "deuda histórica" de Cataluña con el Estado español. Con este acuerdo, Cataluña se convierte en la primera región española en arrebatar las competencias de inmigración a la Policía Nacional para traspasarlas a los Mossos d'Esquadra, la policía local, a pesar de las preocupaciones por los posibles sacrificios en cuanto a la eficacia operativa.

Además, la amnistía negociada para los dirigentes catalanes, encabezados por Carles Puigdemont y castigados por la justicia tras la malograda maniobra secesionista de 2017, se ve reforzada frente a las posibles embestidas jurídicas de las instituciones de la Unión Europea.

El acuerdo también esboza una estrategia de retorno para las empresas que se marcharon de Cataluña después de 2017 y se asegura la cobertura estatal del coste del transporte público catalán, para abordar las alegaciones de una infrafinanciación sistémica.

En colaboración con Display Europe, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de las mismas.
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