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Las estrategias de los lobbies se han intensificado durante los últimos 20 años. Tomemos algunas cifras para ilustrar su gran influencia: hoy en día, en Bruselas hay unos 25 000 miembros de lobbies (de los cuales 11 000 están registrados oficialmente). Estos grupos de presión gastan aproximadamente 1,5 mil millones de euros al año. Por ejemplo, solo el Consejo Europeo de la Industria Química invierte 11 millones de euros al año. Algunas de las empresas que más dinero invierten en estas prácticas son lobbies especializados como Fleishman-Hillard, FTI Consulting, Burson-Masteller, etc. Muchos sectores de la sociedad suelen criticar este exceso de representación. Es más, una encuesta destinada a los ciudadanos de la UE realizada en 2013 indicó que el “78% de los ciudadanos franceses creía que los lobbies tienen demasiada influencia en las instituciones europeas.”
Las leyes europeas siguen siendo insuficientes y no están armonizadas. Las instituciones europeas, ante el poder de los representantes de los lobbies, han ido adoptando progresivamente leyes específicas para regular su actividad. De hecho, las primeras medidas políticas no aparecieron hasta 1992, con la adopción del Registro de Transparencia del Parlamento Europeo. En 2014, con el mandato de Jean-Claude Juncker en la Comisión, se avanzó mucho en esta cuestión: se aprobó una serie de normas para reforzar la transparencia. Ahora, los Comisarios, los miembros de su gabinete, así como los directores generales, tienen que informar sobre sus reuniones con los lobbies. Además, los Comisarios deben respetar un nuevo código de conducta aprobado en febrero de 2018.
Finalmente, en 2019, el Parlamento Europeo tomó la delantera estableciendo una “huella legislativa” obligatoria para los ponentes legislativos. De esta manera, los ciudadanos pueden saber quién influencia la legislación europea.
Sin embargo, aún quedan algunas cuestiones problemáticas.
En primer lugar, las instituciones europeas se enfrentan a una falta de coordinación y centralización. Aunque el Parlamento Europeo y la Comisión ofrecen garantías sólidas de transparencia, no es el caso del Consejo, ni tampoco del Comité Económico y Social Europeo. Asimismo, el Defensor del Pueblo Europeo inició hace poco una investigación sobre la falta de transparencia en el Consejo, señalando un caso de “mala administración” en el proceso legislativo. Además, se han suspendido las negociaciones para hacer obligatorio el Registro de Transparencia y además las sanciones no son suficientemente disuasivas.
En segundo lugar, aunque el Registro Público del Parlamento Europeo controla la influencia directa (contactos entre lobbies y legisladores, registro de grupos de interés, etc.), no rastrea la influencia indirecta. Por lo tanto, muchas empresas subestiman sus gastos en el registro al excluir algunos de influencia indirecta, como la organización de coloquios o de campañas de publicidad. Además, el Comité Independiente de Ética, aunque puede aconsejar, forma parte de la Comisión Europea y no dispone de poder real de sanción.
En tercer lugar, hay un margen factible de mejora: solo un tercio de los países pertenecientes a la OCDE han implantado restricciones para prohibir la práctica de las “puertas giratorias”, y, en general, dos de cada cinco han aprobado normas más estrictas sobre la actividad de los lobbies. Una estrategia europea podría ser la clave para solucionar estas desigualdades entre países. Las leyes europeas parecen más avanzadas que las de muchos países, y aún necesitan reforzarse dentro de una nueva Red de Transparencia Europea.
Una Red y una Autoridad de Transparencia Europea
Además de la armonización de las leyes de transparencia en Europa, se debería fomentar una cooperación más estrecha entre los Estados miembros para combinar la información nacional y la europea. Si se llegase a un acuerdo común entre los estados y las instituciones europeas, un paso importante sería añadir las leyes de transparencia al Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea y sería conveniente crear una Red de Transparencia Europea. Es fundamental reforzar la influencia y el poder de sanción para poder plantar cara a las grandes empresas.
En este sentido, creemos en la importancia de una mejor coordinación europea. Por eso, el movimiento actual de transparencia en Europa debe contar con una mayor centralización y armonización, teniendo presentes las particularidades nacionales, tal y como señaló en 2012 un informe de la OCDE.
Asimismo, la prioridad debe ser la armonización de las leyes de transparencia entre las instituciones de la UE y entre los Estados miembros. Creemos que sería un gran avance la creación de una Autoridad Europea de Transparencia para armonizar y controlar las iniciativas que las instituciones europeas están llevando a cabo actualmente. Esta nueva institución podría evaluar los resultados de la regulación de transparencia, proponer nuevas medidas e incluso tener capacidad de sanción. En concreto, esta nueva institución podría adoptar una nueva definición de lobby y establecer un proceso de registro común para todas las instituciones europeas.
De igual modo, la “red a favor de la transparencia” ya ha manifestado su interés por compartir experiencias, cotejar información y fomentar la cultura de la transparencia. Así sería más fácil establecer unos principios comunes entre los países europeos e imponerles una “hermana mayor”, siguiendo el ejemplo del Sistema Europeo de Bancos Centrales o la Europol. Esta nueva institución agruparía a la Autoridad para los partidos políticos europeos, las fundaciones políticas europeas y algunas de las prerrogativas del Defensor del Pueblo Europeo.
Finalmente, nos gustaría que el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea recogiese bastantes medidas restrictivas, inspiradas por las 10 recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, todas estas iniciativas requerirán un consenso europeo para que se puedan implementar de manera efectiva: esperemos que la nueva Comisión Europea sea capaz de imponerlo. Una conferencia oficial que reúna a representantes de lobbies y de los gobiernos podría ser un primer paso para escuchar sus propuestas de autorregulación.
