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En voz baja, con la espalda encorvada y los ojos brillantes, Gurjinder Singh rememora los quince años de explotación en los campos de kiwis de la provincia de Latina (en la región central del Lazio). Sentado en un bar en la plaza central de Cisterna di Latina, apenas ha terminado su jornada de trabajo. En septiembre, la luz todavía cálida de las cinco de la tarde se refleja sobre un pavimento claro. Gurjinder se restriega las manos como si tratase de eliminar las manchas oscuras. “Uso también un detergente y las froto con un cepillo pero las marcas no desaparecen” nos dice mostrando las palmas ennegrecidas y llenas de callos.
Tiene cincuenta años y ha trabajado en diversas fincas de la zona con una retribución de entre cinco y seis euros por hora. En las más pequeñas ni siquiera tenía contrato y recibía el pago en mano, en efectivo, al final de la jornada. Recientemente ha trabajado en una finca donde había empleados otros 70 trabajadores, controlados en grupos por el capataz que incluso los insultaba y los amenazaba con golpearlos. Y el suyo no era un caso aislado.
La explotación en la cadena de suministro de los kiwis
Italia, con 320 000 toneladas exportadas en 2021 a cincuenta países y una facturación de más de 400 millones de euros, es la principal productora europea de kiwis y la tercera del mundo, después de China y Nueva Zelanda. La principal región del país donde se cultiva la “baya verde” es el Lazio. Globalmente, un tercio de todos los kiwis comercializados por la gran distribución procede de la multinacional Zespri. Fundada en Nueva Zelanda, es líder en el sector y está presente en seis países. De la provincia de Latina llega una buena parte de la fruta vendida con la marca Zespri (el 10,5%). Un mercado gigantesco que solo en Italia cuenta con casi tres mil hectáreas de campos, centenares de productores y millares de jornaleros.
Es muy difícil conocer el número exacto de los trabajadores agrícolas empleados en la recogida porque “frecuentemente se trabaja en negro”, explica Laura Hardeep Kaur, sindicalista del Flai Cgil de Latina. En las líneas de frutales una gran parte de los trabajadores son indios provenientes del Punjab, de religión sij.
Según los datos del Inps, los jornaleros indios en la provincia de Latina son casi 9.500, con más de un millón de jornadas registradas en los contratos de duración determinada. Marco Omizzolo, profesor de Sociopolitología de las Migraciones en la Universidad La Sapienza de Roma, bajo protección debido a las amenazas recibidas por su firme oposición a la explotación humana en el Agro Pontino, calcula que en la zona se encuentran cerca de treinta mil personas pertenecientes a la comunidad sij.En tal estimación están incluidos los carentes de permiso de residencia, los residentes en otras provincias y todos aquellos recientemente llegados que escapan todavía de las estadísticas.
Como resultado de las otras cincuenta entrevistas realizadas para esta encuesta en Italia y en la India, entre mayo y diciembre de 2022, a trabajadores, sindicalistas, investigadores, familias indias, agentes de viajes del Punjab e intermediarios salieron a la luz unas condiciones de trabajo indignas. No solo se trata de salarios de hambre, contratos irregulares y la constante amenaza de la violencia. También existe el chantaje sin fin a cuenta del permiso de residencia, imposible de renovar sin una empresa que proceda, al menos formalmente, al establecimiento de un contrato de trabajo.
Los salarios no superan los 7 euros por hora y tienden a ser más bajos, con una media entre los 5 y los 6. Bastante por debajo de los casi 9 euros brutos por hora establecidos en el contrato provincial como salario base de un trabajador agrícola. También se suele recurrir a la estratagema del denominado “trabajo gris”, es decir, pagar parte del salario de forma regular y parte en negro. Se trata de un sistema muy difundido entre los empresarios de la zona para pagar menos cotizaciones y tasas, manteniendo una regularidad formal que hace más difíciles los controles. Además, se dan los despidos improcedentes, la ausencia de servicios higiénicos adecuados, los descansos muy cortos y la falta de dispositivos de protección obligatorios, como guantes y mascarillas.
“En el sobre de la paga escribían 600-700 euros y me daban 200-300 euros en negro, quitando de tres a siete horas de trabajo” - Amandeep Singh
La empresa donde Gurjinder Singh ha trabajado durante tres años vende los kiwis a Zespri. En el campo, la capataza le ha filmado tres veces con el móvil mientras se paraba para beber o porque le había entrado algo en los ojos. Las grabaciones servirían – al menos así le amenazaba la supervisora – como “prueba” de su escasa eficiencia y serían enviadas al jefe de la empresa: una “advertencia” usada también con otros trabajadores para no retribuir las jornadas.
Por otra parte, los relatos de violencia por parte de los jefes y capataces son frecuentes y muy sufridos por la comunidad sij de la zona. Auténticas expediciones punitivas contra los jornaleros que han intentado rebelarse contra el sistema de explotación: algunos fueron embestidos por autos mientras recorrían los campos en bicicleta; otros atracados y maltrechos. Y hubo uno que fue amenazado con escopetas delante de su propio alojamiento.
A la pregunta de por qué no se había despedido, Gurjinder Sing responde: “No tengo elecci…
