Las bandas de Limerick campan a sus anchas

La ciudad de Limerick, en el oeste de Irlanda, es el teatro de los sangrientos arreglos de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Para responder a la violencia, el gobierno ha procedido a la adopción de leyes de excepción. Pero abogados y representantes de la justicia lo ven como un atentado al Estado de derecho.

Publicado en 5 agosto 2009 a las 15:00

En Irlanda preocupa, y mucho, la guerra territorial que enfrenta a las bandas de narcotraficantes de Limerick, no tanto por el número de víctimas, que asciende, no obstante a 14, como por la frialdad con la que se comenten los crímenes. En noviembre del 2008, el jugador de rugby Shane Geoghegan fue abatido a balazos a las puertas de su casa. Una de las quince balas que disparó el asesino le dio en la cabeza. Al día siguiente se supo que Geoghegan fue víctima de un error. La policía cree que el homicida pertenecía a la banda McCarthy-Dundon y pretendía deshacerse de un miembro de una banda rival (Collopy), que había conseguido escaparse de una emboscada en el 2006. Una trampa que se saldó únicamente con un vehículo acribillado a disparos de metralleta.

Roy Collins es, por el momento, la última víctima de esta guerra. Apareció desangrado en el suelo de su salón de juego el pasado mes de abril. Poco tiempo antes, un familiar de Collins había puesto a Wayne Dundon, miembro de la banda McCarthy-Dundon, entre rejas, por lo que se cree que el móvil del crimen fue la venganza.Unos 5.000 vecinos de Limerick, cuya población asciende a 50.000 habitantes, se manifestaron en silencio delante del ayuntamiento, un acto de protesta convocado por el padre de Roy Collins.Los pocos que se atreven a opinar sobre la guerra que mantienen los narcotraficantes coinciden en señalar que hay que endurecer las penas por posesión de armas y que la policía no consigue poner freno a la violencia. En las encuestas, no son raros quienes se muestran favorables a una hipotética intervención del ejército.

El Gobierno de Irlanda ha optado por reformar el código penal. Sin embargo, las nuevas leyes, que han sido aprobadas de urgencia, suponen un duro golpe para el poder judicial irlandés y menoscaban los derechos fundamentales.El ministro de Justicia irlandés, Dermot Ahern, ha dibujado un panorama desalentador ante el Parlamento. El ministro ha reconocido prácticamente que la justicia irlandesa se muestra impotente ante la amenaza que representan las bandas de narcotraficantes. Los testigos sufren intimidaciones frecuentes, lo que les lleva a retractarse de sus declaraciones o incluso a negarse a declarar. La presión que ejercen los criminales sobre los miembros de los jurados es cada vez más importante. Hace cinco años, un tribunal de Limerick no consiguió reunir a las doce personas necesarias para formar un jurado, a pesar de haberse puesto en contacto con más de 700 vecinos del municipio. El miedo pudo más y el caso tuvo que ser trasferido a un tribunal de Dublín.

Un tribunal especial para las bandas de narcotraficantes

Las leyes de urgencia de Dermot Ahern pretenden sacar del atolladero al Estado irlandés. Resulta sorprendente comprobar que una nación comprometida con el pacifismo en política exterior y que, por cierto, rechazó el Tratado de Lisboa el año pasado precisamente en virtud de dicho compromiso, se vea obligada a tomar medidas drásticas en política interior. Mientras que en otras democracias occidentales los valores fundamentales pueden sufrir del desgaste que ocasiona la lucha contra el terrorismo islamista, en Irlanda el enemigo no son las células de Al-Qaeda, sino bandas con apellidos irlandeses como McCarthy-Dundon, Keane o Connolly.

Incluso se ha creado un tribunal especial para los casos en los que estén implicadas organizaciones criminales. Al contrario que en otros tribunales penales, los magistrados y los miembros del jurado son profesionales. Además, el gobierno ha ampliado el concepto de delito con nuevos supuestos, ha endurecido las penas (cadena perpetua) y ha simplificado el procedimiento para presentar pruebas. A partir de ahora, las declaraciones bajo juramento de la policía pueden ser suficientes para probar que un grupo de personas armadas constituye una banda organizada.

El ministro de Justicia rechaza las críticas que acusan a las nuevas leyes de excepción de hacer que el estado de derecho se tambalee. La aprobación del texto ha hecho reaccionar a muchos abogados y expertos en derecho constitucional. Una carta abierta firmada por 133 abogados especialistas en derecho penal pide incluso que se abandone el proyecto. Mientras tanto, en el reino irlandés de los narcos, las bandas siguen con su guerra y sus negocios. No hace mucho la prensa se hacía eco de la incautación de ocho bombas caseras. En el último fin de semana de julio, la policía de Dublín informó del robo de las cajas de un local de alterne y de un aparcamiento, y en el norte de la capital irlandesa varios criminales intentaron, sin éxito, llevarse un cajero automático con una excavadora.

REACCIÖN

133 abogados para defender el Estado de derecho

El pasado 10 de julio, el Parlamento irlandés adoptó, por 118 votos contra 23, una enmienda de ley que simplifica los procedimientos de investigación y extiende los poderes del Tribunal criminal especial para la lucha contra el crimen organizado. Dos días antes, 133 abogados habían manifestado abiertamente su oposición al texto. En una carta publicada en el Irish Times, aseguraban que esta decisión “avergonzará a Irlanda” ante las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Es sencillamente portentoso que nuestra sociedad prescinda así de antiguos derechos y reglamentos sin tener en cuenta los efectos que esta legislación de emergencia tendrá sobre el respeto de las leyes en nuestro país”, exponen. El ministro de Justicia, Dermon Ahern, les respondió pocos días después en un artículo de opinión publicado en el mismo periódico. “La ley respeta los derechos humanos y no deberíamos olvidar que uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la vida”.

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