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El 17 de abril el Gobierno rumano presentó ante el Parlamento su proyecto de ley sobre la restitución de bienes confiscados bajo el régimen comunista (1945-1989). Reconoce que es el responsable de un texto que será aprobado sin ser sometido a debate.
La ley, que responde a una demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prevé que los propietarios cuyos bienes inmuebles fueron confiscados y no puedan ser devueltos en especie perciban unos puntos según el valor de dichos bienes. Esos puntos podrán canjearse en las subastas organizadas por el estado a partir del 1 de enero de 2016, o transformarse en dinero en metálico a partir del 1 de enero de 2017. El pago de las indemnizaciones se realizará de manera escalonada a lo largo de siete años.
El diario económico teme que esta media haga renacer la burbuja especulativa que Rumanía sufrió en la primera década de este siglo.
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