Análisis Pacto sobre Migración y Asilo | 4

Visados en la UE: las empresas privadas se benefician, pero los solicitantes sufren las consecuencias

La Unión Europea, en perjuicio de aquellos que quieren inmigrar legalmente a Europa, ha demostrado tener dos prioridades sobre su política de visados que pueden ser problemáticas: el proceso de readmisiones y los recursos de las subcontrataciones privadas. Esta es la cuarta y última parte de una serie de artículos dedicada a las posibles consecuencias del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Publicado en 31 diciembre 2020 a las 10:00

No es ninguna sorpresa que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentado el pasado 23 de septiembre por la Comisión Europea, haya confirmado la necesidad de utilizar las políticas sobre visados para instar a terceros países a cooperar en el proceso de las readmisiones. Este enfoque, iniciado a finales de los años noventa, está ahora anclado en la legislación europea, sobre todo desde la revisión del Código comunitario de visados en 2019.

Sin embargo, según un análisis del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, «no existe ninguna prueba de la influencia» más o menos restrictiva de las políticas de visados. El único ejemplo de esto son los países de los Balcanes, que en realidad son una excepción por su proximidad a la UE y su intención de formar parte de ella. 

Los gobiernos de terceros países parecen indiferentes a las estrategias europeas sobre los visados, pero son sus ciudadanos los que sufren las consecuencias. Aquellos que quieren inmigrar legalmente a un país de la UE, ya sea por motivos laborales, turismo o por cualquier otra razón, se enfrentan a un sistema complejo y opaco cada vez más criticado.

«No existe ninguna prueba de la influencia» más o menos restrictiva de las políticas de visados.

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Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad

A lo largo de los últimos quince años, todos los Estados miembros, excepto Rumanía, han subcontratado progresivamente la gestión de las solicitudes de visados a empresas privadas, principalmente VFSGlobale (filial del grupo Kuoni, comprado en 2016 por el fondo de inversión privado sueco EQT) y TLSContact (filial del grupo francés Teleperformance). Por otra parte, la participación de estas subcontratas privadas en la gestión de las solicitudes de visados crea situaciones muy problemáticas: el coste de los servicios que ofrecen sus centros (llamadas, entrevistas, fotocopias…) es desorbitado; la información sobre los procedimientos puede incluso ser contradictoria o engañosa; se rechazan expedientes cumplimentados correctamente; y los intentos de estafa son habituales.

Tanto los foros y las redes sociales como los testimonios que hemos recogido están llenos de quejas sobre este proceso. Cristel tuvo muchos problemas durante meses para que su pareja, Elias, pudiese emigrar desde Togo hasta Bélgica, donde ella tuvo que dar a luz a su hija sola. «El centro VFS le dijo que tendría que hacerse un chequeo médico. Elias llamó a la única clínica autorizada en Togo y le dijeron que costaba 200 €, pero luego en la recepción eran 400.» Ahora bien, el coste real del servicio son 50 € y además el certificado ni siquiera es necesario en el caso de que el traslado fuera por reagrupación familiar con una persona de nacionalidad belga. «Durante el proceso migratorio legal, como en el ilegal, se intenta estafar a las emigrantes porque se sabe que están dispuestos a pagar», afirma Cristel.

El marido de Fatma, tras casarse en Argelia, lo tuvo un poco más fácil al solicitar el visado para entrar en Bélgica, donde había llevado a cabo sus estudios superiores. «Nos aconsejaron preparar un expediente», explica Fatma, «y una vez “presentable”, como ellos lo llaman, mi marido lo llevó al centro de TLSContact de Argelia. Solicitar un visado lleva muchísimo tiempo, hay que conocer todas las leyes y hace falta tener contactos, no puedes hacerlo solo». Tanto Fatma como Cristel se pusieron en contacto con una asociación belga, Amoureux, vos Papiers !, que les ayudó durante el proceso.

«A día de hoy, todos los informes sobre la puesta en práctica de las políticas de visados señalan problemas prácticos ligados a las empresas prestatarias subcontratadas», afirma el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y partidario de la revisión del Código de visados. «El Parlamento Europeo está en contra de la utilización de estos prestatarios y de unir los visados y las readmisiones. Pero hay que conseguir llegar a un acuerdo. Hemos indicado claramente en el Código de visados que los Estados miembros son completamente responsables del cumplimiento de las normas por parte de sus subcontratas. Hemos introducido condiciones muy estrictas en lo que se refiere a los mercados públicos, la protección de datos, el respeto de los derechos fundamentales y los controles».

El reglamento de junio de 2019 que modifica el Código de visados estipula que «a más tardar el 1 de febrero de cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre su cooperación con los proveedores de servicios externos en todo el mundo, y la supervisión de estos». El nuevo Código de visados entró en vigor en febrero de 2020 y la primera de estas fechas límite será el 1 de febrero de 2021. La Comisión ha anunciado que aún no se ha presentado ninguno de estos informes. Será interesante ver qué Estados miembros presentarán este documento de aquí al 1 de febrero de 2021 y qué conclusiones se pueden sacar al respecto.

El Pacto sobre Migración y Asilo no contiene ninguna propuesta de ley que concierna a las empresas prestatarias, pero presenta una iniciativa para «digitalizar completamente el procedimiento de los visados de aquí a 2025, creando un visado numérico y la posibilidad de solicitarlo por internet». Se reduciría «significativamente» la influencia de las empresas prestatarias externas y esta iniciativa permitiría, según la Comisión Europea, disminuir el coste del procedimiento para los solicitantes y aseguraría una mejor protección de los datos personales. Se evitarían asimismo situaciones como la que vivió Elias. Como todos los emigrantes de Togo que quieren dirigirse a Bélgica, tuvo que solicitar el visado en Nigeria, en el centro de VFS de Lagos. En noviembre, a pesar del cierre de fronteras entre Togo, Benín y Nigeria, «pagó 1400 € para cruzar clandestinamente ambas fronteras, ya que no podían enviar su expediente por correo», denuncia Cristel.

Solicitar un visado es un derecho. Debería poder hacerse fácilmente y el procedimiento debería ser correcto, objetivo y armonizado a nivel europeo. ¿Permitirá el Pacto avanzar en esta dirección?

Si la propuesta de la Comisión se lleva a cabo, se esperan presiones importantes por parte de las empresas amenazadas que perderían estas oportunidades tan lucrativas. Sorprendentemente, TLSContact solo lleva inscrita en el Registro de transparencia de la Comisión y del Parlamento Europeo desde 2019 y VFSGlobal ni siquiera forma parte de él (aunque esto podría cambiar tras el reciente acuerdo interinstitucional que estableció la obligatoriedad de la pertenencia a este registro de transparencia).

Los Estados miembros, con el objetivo obsesivo de luchar contra la inmigración irregular, han introducido a empresas privadas entre sus administraciones y los solicitantes de visados por lo que han duplicado el filtro, muy a menudo arbitrario, al que se tienen que enfrentar estas solicitudes. La historia de Henri, originario de Togo, es un ejemplo, en 2019 fue invitado por una ONG francesa para llevar a cabo una misión de voluntariado durante dos meses. En 2017, había conseguido un visado para ir a Bélgica por el mismo motivo. «Podría haber presentado la solicitud directamente en la embajada y haber hablado con personas competentes».

En 2019, tuvo que pasar por un centro gestionado por Capago, una empresa francesa fundada en 2010. «El proceso de solicitud fue más rápido, pero la respuesta fue negativa y fue imposible hablar con alguien para recibir explicaciones.» La razón del rechazo fue que «había dudas razonables en cuanto a su intención de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado».  Sin embargo, Henri explica que «en 2017 no tenía un trabajo estable ni estaba casado. En 2019 mi expediente presentaba un caso más sólido, pero aun así no obtuve el visado».

Solicitar un visado es un derecho. Debería poder hacerse fácilmente y el procedimiento debería ser correcto, objetivo y armonizado a nivel europeo. ¿Permitirá el Pacto avanzar en esta dirección?

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👉 Lea también nuestra serie sobre los "Dreamers de Europa", jóvenes sin papeles, sin visado y sin nacionalidad en la edad del coronavirus, producida en colaboración con Lighthouse Reports y The Guardian.

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