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Manuel Cabezas creció rodeado de olivos. Tal y como le habían enseñado sus padres, abuelos y bisabuelos –como cualquier otra familia del pueblo andaluz de Lopera, en Jaén–, este cultivo emblemático del Mediterráneo era la inversión más valiosa que podía hacer. Así que, cuando tuvo la oportunidad, con la jubilación en mente, utilizó sus ahorros para comprar dos hectáreas y media de terreno, donde plantó 400 olivos.
“Aquí invertimos en lo que conocemos”, explica. “No en pisos o planes de inversión que no entendemos”.
Ahora Cabezas teme que su inversión y sus esfuerzos hayan sido en vano. Como decenas de otros agricultores y pequeños propietarios de la zona, el verano pasado recibió una carta de la Junta de Andalucía en la que se le notificaba la expropiación forzosa de sus tierras. Esto se debe a que Greenalia, una empresa española de energías renovables con inversiones en varios países europeos y Estados Unidos, planea construir hasta siete parques fotovoltaicos en zonas de olivares, un proyecto que la Junta de Andalucía ha declarado de interés público por su contribución a la transición energética.
El gabinete de prensa de la Delegación de Economía e Industria de Jaén informó a Voxeurop de que “la Ley del Sector Eléctrico, de aplicación en toda España, obliga a las administraciones autonómicas a tramitar los expedientes de declaración de utilidad pública (expropiaciones) de las instalaciones eléctricas cuando el promotor y el propietario no llegan a un acuerdo”. Del todos los proyectos de energías renovables tramitados por la Junta de Andalucía en los últimos años, sólo el 0,88 % han requerido declaración de utilidad pública.
Más que muchos otros países de la UE, España está abandonando rápidamente los combustibles fósiles y acelerando su camino hacia la neutralidad climática en 2050. Lo está haciendo sobre todo recurriendo a sus abundantes recursos renovables, en particular la energía eólica y solar. Según la empresa estatal Red Eléctrica, casi el 57 % del consumo energético del país en 2024 procedía de fuentes renovables. Sólo en el último año, el consumo de energía solar en el país ibérico aumentó un 19 %. Sin embargo, el auge de los proyectos solares a gran escala puede tener un coste para las comunidades rurales, especialmente en Andalucía, donde se produce la mayor parte del aceite de oliva español.
“A nadie le importamos”, dice María Mena, loperana descendiente de una larga estirpe de olivareros. “La energía que van a producir no es para Lopera”. Pero aquí la tierra es más barata, concluye.
El plan de Greenalia consiste en transformar unas 1000 hectáreas de tierras cultivadas en parques solares que produzcan no más de 50 megavatios de potencia instalada cada uno, con el objetivo de cubrir en conjunto el consumo de 164 000 familias. Además de Greenalia, otra empresa, FRV Arroyadas, también planea un proyecto solar en la zona. Pero, según datos de la empresa española de distribución de energía Endesa, los ni siquiera 4000 habitantes de Lopera consumieron menos de 10 megavatios por hora a lo largo de 2023, lo que lleva a los residentes locales a preguntarse si la energía generada por dichas instalaciones beneficiará en realidad a centros urbanos más grandes antes que a su pueblo.
Sin embargo, empresas como FRV Arroyadas o Greenalia pueden apoyarse en ciertas leyes para impulsar sus proyectos. De hecho, según la legislación española, los proyectos solares de menos de 50 megavatios solo están sujetos a control regional y evitan la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica. Además, en 2021 se introdujo una ley que facilita la aprobación de estos proyectos, agilizando los considerados de interés público.
Esta ley tiene ámbito nacional y obliga a las administraciones autonómicas a proceder a las expropiaciones cuando no haya acuerdo entre quienes proponen las instalaciones eléctricas y el propietario del terreno. En los últimos años, sólo el 0,88 por ciento de las plantas renovables tramitadas por la Junta de Andalucía han recurrido a este atajo de utilidad pública, según la Delegación de Economía e Industria de la delegación provincial de Jaén.
Carmen Torres Bellido, alcaldesa de Lopera, reconoce que el municipio no estaba preparado para la llegada de los parques solares. “Llevábamos tiempo oyendo que aquí se iban a instalar paneles”, asegura. Pero el proceso no se ha llevado a cabo de forma justa ni transparente. “Dicen que esto es de interés público, pero es malo para nosotros”, dice María Mena. “Se está arruinando a nuestro pueblo para enriquecer a las grandes empresas. Greenalia no ha querido hacer declaraciones para este artículo.
En Lopera –al igual que en otras zonas rurales del centro y sur de España, como Cartaojal o Zamora, donde se han debatido proyectos similares– la oposición es generalizada, ya que muchos vecinos temen que estos proyectos perjudiquen la economía de la zona, aceleren la despoblación, destruyan el paisaje, deterioren el suelo y consuman millones de litros de agua al año para limpiar los paneles en una región que sufre sequías cada vez más frecuentes.
“El problema de los proyectos fotovoltaicos actuales es que cada vez son más grandes y, por tanto, tienen un mayor impacto sobre el paisaje, los recursos agrícolas y el suelo”, afirma Matías F. Mérida, geógrafo de la Universidad de Málaga que ha estudiado el impacto ambiental de este tipo de infraestructuras sobre el paisaje. “En lugar de integrarse en la zona, estas instalaciones sustituyen un paisaje y un uso del suelo por otro. Tierras fértiles, patrimonio cultural y siglos de tradición están siendo arrasados por estas gigantescas instalaciones.”
En Lopera, Greenalia ya ha arrancado miles de olivos –algunos centenarios– para dejar paso a los paneles solares. Incluso un trabajador subcontratado para esta tarea, que prefiere mantener el anonimato, mostró su desacuerdo. “Para los que somos de aquí es especialmente doloroso, porque sabemos el esfuerzo que cuesta que crezcan estos árboles”, lamenta.
Cualquiera que pasee o conduzca por la parte noreste de Lopera puede ver la vasta extensión de olivos reducida a un erial salpicado de troncos resecos. Mena rompe a llorar al ver cómo arrancan los árboles centenarios. “No podemos dejarlos morir”, dice María Josefa Palomo, otra agricultora afectada por las expropiaciones. “Para nosotros son como vecinos: sales de casa y ahí están”.
Más allá de la carga emocional, muchos temen que este cambio en el uso de la tierra pueda convertir campos antaño fértiles en tierras estériles, acelerando la desertización. “La compactación del suelo que requiere la instalación [de paneles solares] implica la pérdida de nutrientes y propiedades físicas”, dice Mérida, geógrafo especializado en gestión del territorio de la Universidad de Málaga. “Al quedar los suelos sin cubierta vegetal, las lluvias generan escorrentía y contribuyen a la erosión, provocando la pérdida de las capas más superficiales, que son las más ricas en materia orgánica. Que esto sea reversible o no depende de muchos factores”.
Los agricultores hablan del tema cuando se reúnen en la cafetería del pueblo para expresar sus frustraciones, al final de la jornada laboral. “Traen las máquinas a la finca, compactan la tierra y arrancan la capa fértil”, dice Juan Campos, otro loperano que, como Cabezas y Palomo, se enfrenta a la expropiación. “En diez segundos, derriban lo que llevamos 40 años construyendo”.
Para los agricultores de Lopera perder sus olivares no es sólo un golpe económico: también supone renunciar a una tradición milenaria y a la orgullosa identidad de esta zona.
Pero Javier Calvente, delegado de Economía e Industria de la delegación provincial de la Junta, niega que el paisaje de Andalucía esté cambiando y que un cultivo tan emblemático como el olivo esté perdiendo relevancia. “En Andalucía, la superficie de olivar ha aumentado en 27 000 hectáreas entre 2018 y 2024”, responde en declaraciones a este medio. “Solo en Jaén ha aumentado en unas 5000 hectáreas en ese mismo periodo”.
En el corazón del pueblo, un mural de azulejos recoge el poema “Aceituneros”, de Miguel Hernández, uno de los mayores poetas españoles del siglo XX, fallecido durante la Guerra Civil: “Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma: ¿de quién, de quién son estos olivos?”. A pocos metros, otro monumento rinde homenaje a los emigrantes locales. Una estatua representa a un hombre con una maleta y a una mujer con un bebé en brazos, como si éstas fueran las dos únicas opciones que aguardan a los habitantes de Lopera: trabajar la aceituna o marcharse.
“No tenemos nada en contra de las energías renovables”, dice Manuel Coca, otro olivarero local de 35 años. “Pero si estos huertos solares nos quitan lo que tenemos, estamos acabados. No tendré más remedio que mudarme a la ciudad y buscar [otro] trabajo”.
Pero para algunos, irse no es una opción. Sentado a su lado, Cabezas da un último sorbo al café. Cree que ya es demasiado tarde para emigrar. Pero le preocupa su hijo: si siguen arrancando los olivos, la próxima generación se verá obligada a marcharse.
Como Coca y Cabezas, muchos en Lopera piensan que es injusto que el peso de la transición energética recaiga sobre los hombros de una región rural que ya se enfrenta al declive demográfico. De hecho, en los últimos 14 años, la provincia andaluza de Jaén ha visto caer su población de 670 761 habitantes en 2010 a menos de 620 000 en 2024.
Pero la alcaldesa Torres Bellido asegura que el gobierno local está trabajando en un nuevo plan urbanístico para que el ayuntamiento pueda tener voz y voto a la hora de decidir “qué se instala y qué no en nuestro campo, para que se respete nuestro paisaje y nuestro patrimonio.”
Como señala Mérida, el futuro de este tipo de proyectos solares es aún incierto. “La fotovoltaica está en auge ahora, pero ¿seguirá estándolo dentro de 20 ó 30 años? Un principio básico de precaución debería impedirnos hacer cambios irreversibles en esta tierra.”
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