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El 19 de agosto, y cuando los bielorrusos llevan ya varias semanas de manifestaciones para exigir la dimisión de Alexandr Lukashenko, acusado de haber amañado las elecciones presidenciales para salir reelegido una quinta vez, la Unión Europea ha anunciado, tras un periodo de duda, que «pronto impondrá sanciones a un número significativo de personas responsables de la violencia, la represión y la falsificación de los resultados electorales» en Bielorrusia.
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