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“Solo están esperando a que me muera yo también. Y después de todos estos años faltará poco: los demás de aquí al lado ya han muerto todos. La verdad es que para nosotros y para nuestros terrenos ya arruinados todavía no se ha hecho nada y, llegados a este punto, está claro que nunca se hará nada”. Quien habla, amable pero resignado, es Pierino Antonioli, uno de los agricultores a quienes los venenos liberados por la Caffaro Chimica de Brescia –una ciudadela industrial nacida a 900 metros del centro histórico de la ciudad lombarda, al lado de una escuela primaria y encajada entre las casas– han trastornado y condicionado la existencia.
En Marsella, le hace eco la voz de Maguy Fèvre, que vive en un barrio marcado por tasas “demoníacas” de contaminación por metales pesados causadas por la fábrica Legré-Mante: “Solo esperan que muramos. Descargan el problema sobre otros porque no tienen el valor de hacer cumplir la ley”.
En las casas de quienes viven junto a los sitios contaminados (en Brescia, al igual que en la flamenca Zwijndrecht, en Bélgica, y en Marsella) vuelve a aparecer siempre la misma pregunta: si existe el principio “Quien contamina paga” (Ppp, véase recuadro adjunto), ¿por qué, incluso a décadas de distancia, siguen pagando sobre todo los ciudadanos?
Stéphane Horel, periodista de investigación de Le Monde y coordinadora del Forever Pollution Project, lo ha observado con amargura: los residentes terminan a menudo aceptando, en soledad y de manera inconsciente, un compromiso con su propia salud.
Los venenos de Brescia
Pierino y su esposa Franca nunca han dejado de recordar y contar su historia y la de la Caffaro Chimica, abriendo cada vez las puertas de la vieja granja, que se encuentra unos metros al sur de la planta y donde el tiempo parece no haber pasado, porque todo, desde los muebles hasta la disposición de la veranda, ha permanecido inmóvil desde 2001 hasta hoy.
Es decir, desde cuando la contaminación por PCB (policlorobifenilos), dioxinas, cromo hexavalente, mercurio y metales pesados se hizo pública, al igual que sus consecuencias: terrenos, aguas y acuíferos contaminados durante kilómetros, barrios enteros por descontaminar, más de 30 000 familias afectadas.
Muy pronto los Antonioli descubrieron que aquellos PCB habían penetrado en la sangre, envenenándolos no solo a ellos, sino también a sus hijos. Los valores que mostraban sus análisis eran alarmantes: 600 nanogramos de PCB por mililitro, frente al límite, estimado por exceso, de 10.
En el transcurso de una noche, Pierino perdió el trabajo y el sustento de toda una vida, porque todo (los campos, los animales, los cultivos) estaba contaminado. Han pasado veinticinco años y su familia aún no ha recibido ninguna indemnización. Es más, en un momento dado, incluso tuvo que pagar el IMU [el impuesto italiano sobre bienes inmuebles] sobre esos terrenos infestados y ya inutilizables. “Además del daño, también la burla”, recuerda.
Franca hoy tiene 81 años, Pierino ha cumplido 83 y su sangre sigue impregnada de PCB. También se está sometiendo al tratamiento para su quinto tumor.
A pocos metros al norte de la granja de los agricultores de Brescia, cientos de familias enviaron durante años a sus hijos a la escuela sin saber qué se escondía bajo sus pies. “En 2006 descubrimos que los niños ya no podían salir al jardín. Pedimos explicaciones, pero nadie responde”. Guido Menapace, entre los promotores de las movilizaciones nacidas en uno de los barrios arruinados por la Caffaro Chimica, recuerda así el inicio de esta historia:
“Había contaminación, las instituciones lo sabían, pero no se había comunicado. Tuvimos que descubrirlo nosotros solos, accediendo a los documentos y reconstruyendo pieza por pieza lo que había sucedido”.
Antes incluso de enfrentarse a la burocracia, el movimiento tuvo que lidiar con la desconfianza de los propios residentes: “Muchos nos decían que lo dejáramos estar. Tenían miedo de que, hablando de la contaminación, las casas perdieran valor. Incluso había quien se avergonzaba de decir que vivía en un barrio contaminado”.
Harían falta siete años de protestas, además de la ocupación de la escuela, de la Consejería de Medio Ambiente y de la ASL [la seguridad social italiana], para obtener una respuesta.
La descontaminación del jardín escolar no llegó hasta 2016. Los parques públicos del barrio, donde durante años los niños no podían pisar la hierba, no fueron saneados hasta una década después. Pero el coste de esa intervención no recayó sobre quienes habían contaminado. “El principio debería ser sencillo: quien contamina paga. Aquí quienes siguen pagando son las víctimas”.
Las obras se financian con recursos públicos que, recuerda Menapace, “se quitan a otros servicios públicos”, mientras que para las áreas privadas el peso continúa recayendo sobre los ciudadanos. “Muchos prefieren no analizar el suelo de sus jardines o huertos. Si descubren que está contaminado, corren el riesgo de verse obligados a descontaminarlo de su propio bolsillo. Y el coste es muy elevado: entre 1050 y 1200 euros por metro cuadrado. Así que, para muchos, es mejor no saber.”
Un gigante estadounidense en Flandes
Desde 2022, la planta química 3M Zwijndrecht está legalmente obligada a realizar investigaciones y descontaminar el suelo contaminado presente en su propiedad. Sin embargo, no está obligada a indemnizar por la contaminación a los residentes de las zonas cercanas.
Jeroen Van Reeth, que ve la fábrica del gigante estadounidense desde su dormitorio, cuenta que cuando en 2021 salió la noticia de una grave contaminación por PFAS (sustancias per- y polifluoroalquiladas, sustancias alquiladas perfluoradas y polifluoradas, llamadas también contaminantes eternos), se sorprendió como todos. “Hay una normativa muy estricta sobre las emisiones, así que creíamos que la situación estaba bajo control”.
La exposición crónica a los PFAS, incluso en niveles bajos, se ha relacionado con daños hepáticos, colesterol alto, reducción de las respuestas inmunitarias, bajo peso al nacer y diferentes tipos de cáncer.
Sus vecinos Wendy D’Hollander y Stefanie Bellinkx siguen acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias que emitieron entonces: han dejado de consumir verduras y huevos de sus propios huertos y tratan de evitar que sus hijos jueguen con la tierra del jardín.
Un estudio de biomonitoreo realizado por el gobierno flamenco entre 2023 y 2025 mostró niveles decrecientes de PFOS, un compuesto específico de los PFAS, en la sangre de los residentes en comparación con 2021, y por lo tanto argumenta que no se pueden extraer conclusiones sobre una causalidad entre la exposición a los PFAS y los efectos en la salud.
Las dos pruebas fueron realizadas por autoridades distintas y con técnicas diferentes, y esto puede provocar una falta de correspondencia entre los resultados. “Para ellos el mayor miedo es que exista una correlación entre sus productos y los problemas de salud”, explica Toon, que vive desde siempre en la denominada zona roja.
La comunidad se movilizó, especialmente las mujeres: en 2023, Hedwig Rooman y Wendy –junto con otras– analizaron su leche materna y encontraron altos niveles de PFAS. “Por lo que seguimos luchando todavía hoy es por ellos”, cuentan.
Después de años, la OVAM, responsable de la supervisión del suelo en Flandes, considera que también es necesario descontaminar el suelo en las zonas cercanas al sitio. “La tarea está prevista para finales de año”.
Sin embargo, el Gobierno flamenco decidió no ampliar el programa de análisis de sangre a gran escala ni a los antiguos residentes ni a un área geográfica más amplia. Aun así, los niveles de contaminación detectados en los biomonitoreos previos eran tan elevados que 3M se comprometió a retirar y sustituir los primeros 70 centímetros de tierra de los jardines situados en la zona roja.
“Hay personas que han dedicado veinte años a cuidar su jardín y han creado espacios preciosos. Recibirán una indemnización para reconstruirlos, pero quien prefiera no hacerlo también debería tener derecho a negarse a que excaven su terreno. Hay incluso quienes han decidido marcharse por este motivo”, explica Els D’Hondt, antigua residente de Zwijndrecht.
Algunos, aun reconociendo las irregularidades del sistema, deciden quedarse. “Para mí es difícil vender mi casa a otra persona sabiendo que todavía está contaminada”, explica Toon. Más allá del vínculo afectivo o moral, no es tan sencillo vender una casa en Zwijndrecht.
Como cuentan Els y Stefanie, la OVAM ha informado de que si rechazas el certificado de higiene pública, la vivienda será registrada como contaminada en el certificado de propiedad: los precios, para una posible venta, obviamente bajarán. Los compromisos de descontaminación declarados no son suficientes para pagar el daño real.
“Todavía quedan unas 60 toneladas de PFAS en el subsuelo de la planta de 3M, y esa es solo la cantidad que conocemos, porque los edificios donde se originó la contaminación van a demolerse”, advierte Jeroen. “Además, la contaminación sigue filtrándose desde el canal que atraviesa las instalaciones de 3M: acaba en los cursos de agua y, desde allí, llega al gran río.”
Para Els, vivir al lado de una industria química contaminante e intentar combatirla es como la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento. “Para descontaminar completamente, se necesitan técnicas muy costosas que no se pueden permitir para una zona como esta”.
Dos series de medidas en Marsella
“Para nosotros es algo enorme. Es un caso de jurisprudencia que tiene valor nacional en Francia”. Así comenta Rolland Dadena, uno de los coordinadores de la Association Santé Littoral Sud (ASLS), la sentencia del tribunal administrativo de Marsella que, en diciembre de 2024, condenó al Estado francés por “inercia culpable” en el uso de los poderes que habrían podido imponer la descontaminación del sitio contaminado por más de un siglo de actividad de diferentes fábricas en los calanques de Marsella, entre ellas Legré-Mante.
La decisión marca un punto de inflexión en la batalla de algunas asociaciones ecologistas locales –entre ellas la ASLS– contra el Estado y el fondo de inversión Ginkgo, actual propietario del sitio y promotor de un amplio proyecto residencial sobre la antigua zona industrial. Como señalaron los jueces, el terreno presenta concentraciones de plomo, arsénico y zinc hasta 500 veces superiores a los valores normales, con un daño significativo para los ecosistemas y para la colectividad.
La victoria legal, sin embargo, tuvo resultados contradictorios. En los sitios situados dentro del Parque Nacional de los Calanques, el Estado inició unas tareas de confinamiento de los contaminantes que Rolland define como “titánicas”.
En Legré-Mante, en cambio, donde la responsabilidad de la descontaminación recae hoy sobre Ginkgo, el mecanismo se ha atascado: a pesar de que la sentencia imponía al prefecto utilizar sus poderes para obligar al propietario a iniciar las intervenciones dentro de los diez meses siguientes a la notificación del fallo, nada se ha movido. “¿Por qué fue posible allí y no aquí?”, se pregunta Rolland.
Muchos vecinos comparten la misma frustración. Maguy, que atribuye la muerte de su marido por un cáncer hematológico a la probable exposición a los contaminantes, reclama que el prefecto obligue a Ginkgo a descontaminar el terreno antes de construir. François, antiguo trabajador de Legré-Mante y residente de la zona, asegura que el principio de quien contamina paga, “no existe en absoluto, no se respeta. A quienes se protege es a los propietarios y a los contaminadores, no a la población”.
Persisten también los temores sanitarios: en algunos jardines se han detectado metales pesados y las autoridades han recomendado a sus habitantes no consumir verduras cultivadas en el lugar, además de adoptar precauciones para limitar la exposición a los polvos contaminados.
Por este motivo, varios habitantes del barrio se han adherido a una denuncia penal colectiva “por haber puesto en peligro la vida de otras personas”. Piden no solo una indemnización, sino sobre todo el reconocimiento de un daño moral. “Nunca hemos sido respetados”, concluye François.
Incluso los lugares contaminados son lugares felices
La contaminación aparece después de años, las instituciones intervienen tarde, la responsabilidad se fragmenta. En medio quedan las personas, que viven la exposición diaria a agentes tóxicos esperando una respuesta jurídica a la pregunta “¿cuál es el precio que hay que pagar?”.
Stéphane Horel intenta dar una respuesta: “¿Qué valor tienen 30 años más de vida si a los 50 años enfermas de cáncer? Incluso curándote, tu salud permanece comprometida. Si los responsables políticos hubieran sido honestos sobre los términos de este contrato implícito, ¿lo habríamos firmado realmente como sociedad? Estoy segura de que no”.
El principio en los tres casos no desaparece, pero se reduce: pasa de ser una promesa de reparación a una intervención parcial sobre los sitios contaminados. Desde sus propios jardines contaminados pero llenos de recuerdos felices, los residentes de Brescia, Marsella y Zwijndrecht todavía se preguntan por qué, pese a que su responsabilidad haya sido demostrada, los culpables de la contaminación no los han indemnizado por los daños a la salud y a sus propiedades, y por qué un principio claro y evidente como el establecido por la fórmula “quien contamina paga” no se aplica realmente.
Pierino y su esposa Franca, durante todos estos años, han tenido que sobrevivir con una pensión de apenas unos cientos de euros, pero, como dice él, “nosotros somos gente sencilla: necesitamos poco para vivir. Cíclicamente se habla de dinero para la descontaminación, de indemnizaciones del Estado. A nosotros nunca nos ha llegado ni un céntimo. Y ahora ya somos viejos...”.
El principio de quien contamina paga
El principio de quien contamina paga (PPP, por sus siglas en inglés) es una piedra angular del derecho ambiental de la Unión Europea, consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Establece que los costes de prevención, control y remediación de la contaminación deben ser asumidos por quienes la causan, no por quienes sufren sus consecuencias.
Orígenes. Introducido por primera vez por la OCDE en 1972, el principio ha evolucionado gradualmente, pasando de cubrir los costes de prevención y control de la contaminación a extender la responsabilidad por daños ambientales, incluyendo casos en los que la contaminación se produce dentro de los límites legales o resulta de sucesos accidentales.
Cómo funciona. En la Unión Europea, el PPP se implementa a través de la Directiva sobre Responsabilidad Ambiental (DRA), que exige a los operadores que adopten medidas preventivas cuando exista una amenaza inminente de daño ambiental y que remedien o restauren el medio ambiente una vez que se haya producido el daño. El principio también está incorporado en la Directiva Marco de Residuos, la Directiva Marco del Agua y la legislación de la UE sobre evaluación de impacto ambiental.
Qué abarca y qué no. El PPP obliga a los contaminadores a remediar los sitios contaminados y restaurar los ecosistemas dañados. Sin embargo, este principio no otorga automáticamente a las personas afectadas el derecho a una indemnización por los daños sufridos en su salud, propiedad o actividades económicas. Para obtener una indemnización, las personas deben interponer una demanda, demostrar que han sufrido daños y establecer un vínculo causal entre dichos daños y la contaminación. La legislación de la UE no prevé un mecanismo automático para la indemnización colectiva.
Defectos del sistema. Según el Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial 12/2021), la aplicación del principio PPP sigue siendo incompleta. En muchos casos, los costes de la remediación recaen aún sobre las autoridades públicas, especialmente cuando no se puede identificar al contaminador, este es insolvente o la legislación vigente no proporciona herramientas de aplicación adecuadas. La Comisión Europea ha reafirmado que el principio PPP también debería aplicarse a la remediación de la contaminación por PFAS, reservando la financiación pública únicamente para los denominados “sitios huérfanos”, donde no se puede identificar ni responsabilizar a ninguna parte. Sin embargo, la UE aún carece de un marco jurídico armonizado que regule la indemnización por los daños a la salud causados por la contaminación. En consecuencia, la protección disponible para los ciudadanos afectados depende en gran medida de la legislación nacional y de su capacidad para emprender acciones legales.
Revisión en curso. Reconociendo que el principio solo se aplica parcialmente, la Comisión Europea ha puesto en marcha una revisión exhaustiva de cómo se aplica el principio PPP en 76 leyes e instrumentos de financiación de la UE en los 27 Estados miembros. La revisión analiza quién asume, en última instancia, los costes de la prevención, el control, la remediación ambiental y la indemnización por la contaminación. Aunque inicialmente se esperaba la publicación del informe final en 2025, aún no se ha publicado formalmente.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ofrece una capa paralela de protección. Si bien el Tribunal no aplica directamente el principio de “quien contamina paga”, puede responsabilizar a los Estados por su inacción ante la contaminación invocando el derecho a la vida (artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 8) y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes (artículo 3).
Dos sentencias recientes marcan un hito importante en la jurisprudencia ambiental del Tribunal. En 2024, en el caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz y otros contra Suiza, la Gran Sala dictaminó que la inacción de un Estado ante el cambio climático puede constituir una violación de los derechos humanos fundamentales.
En 2025, en el caso Cannavacciuolo y otros contra Italia, relativo a la denominada “Tierra de Fuegos” (Terra dei Fuochi), el Tribunal determinó que décadas de vertido ilegal de residuos peligrosos habían vulnerado el derecho a la vida. Por primera vez, se basó ampliamente en pruebas epidemiológicas y ordenó a Italia que remediara las zonas contaminadas, indemnizara a los afectados y garantizara que las comunidades locales estuvieran debidamente informadas en un plazo de dos años.
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