Revista de prensa Travesía por el noroeste

Humillados ante la ley: Assange, Begum y el Estado de derecho

Este mes, visitamos los tribunales de Reino Unido, donde dos casos muy distintos podrían tener consecuencias inquietantes para el Estado de derecho, entre otras cosas.

Publicado en 13 marzo 2024 a las 17:36

Hace aproximadamente una década, cuando aún era normal que los menores de 50 años hablaran de política en Facebook, una de mis amigas, representante sindical irlandesa, publicó con orgullo una foto del gigantesco póster de Julian Assange que adornaba una pared de su habitación. En los comentarios se podía leer una frase amarga. “¿Estás de broma?”, preguntó una activista estadounidense que vivía en Irlanda, a quien había visto hace poco pronunciar un discurso en una manifestación por el derecho al aborto en Dublín. No sé si el desdén de esta mujer estaba motivado por las múltiples acusaciones de violación contra Assange, o bien por la opinión proclamada de muchos liberales estadounidenses de que Assange es un peón de Rusia. Cuento esta anécdota verdaderamente trivial porque marcó el punto en el que me di cuenta de que apoyar a Assange se estaba convirtiendo en una postura cada vez más marginal.

Tal y como señala meticulosamente el escritor socialista Thomas Fazi en Unherd, un ataque multidireccional, basado en parte en la ignorancia del público, ha logrado reducir gran parte del apoyo que Assange parecería merecer. “No es de extrañar la falta de preocupación del Gobierno británico por el destino de Assange”, expone Fazi. “Lo que es más preocupante es el hecho de que gran parte de la opinión pública también parece mostrarse relativamente indiferente. Probablemente sea resultado de una campaña emprendida contra Assange en la última década y media, cuyo fin es destruir su reputación y privarle del apoyo público. Los que desconocen los detalles del caso pueden incluso llegar a pensar que Assange está en la cárcel porque ha sido condenado por uno de los muchos delitos de los que se le ha acusado a lo largo de los años, desde violación a ciberdelincuencia o espionaje”.

Assange ha pagado con la máxima condena (su salud mental y física y su libertad) por “la práctica periodística habitual de obtener y publicar información clasificada [...] que sea veraz y de evidente e importante interés público", como expuso uno de los abogados de Assange durante las audiencias ante el Tribunal Superior del Reino Unido en febrero y que decidirán si el fundador de WikiLeaks será extraditado a EE. UU. En opinión de Fazi, la historia de Assange “concierne a mucho más que a un hombre: se trata de si se quiere vivir en una sociedad en la que los periodistas puedan sacar a la luz los delitos de los poderosos sin miedo a ser perseguidos y encarcelados. Si el Estado británico permite que se extradite a Assange a EE. UU., no estará asestando un golpe potencialmente mortal solo a una persona, sino al propio Estado de derecho”.

Otro caso judicial reciente en Reino Unido con posibles implicaciones de largo alcance es la apelación de Shamima Begum, nacida en Gran Bretaña, para regresar a su país de nacimiento tras pasar más de cinco años en un campo de detención sirio. El 23 de febrero, tres jueces rechazaron por unanimidad la apelación de Begum, tal y como informaba Dan Sabbagh en The Guardian


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En 2015, Begum viajó a Siria cuando tenía 15 años para unirse al Estado Islámico (ISIS) y posteriormente le retiraron la ciudadanía británica. Según la sentencia de febrero, cuando Sajid Javid, ministro de Interior, decidió revocar la nacionalidad de Begum en 2019, la decisión no habría supuesto técnicamente que la joven se convirtiera en apátrida, ya que cumplía los requisitos para obtener la ciudadanía bangladesí. Sin embargo, ahora que ese derecho ha expirado, Begum se ha convertido en apátrida.

Este resultado es contrario a la legislación británica en vigor, como explica el escritor y abogado David Allen Green en Prospect. “Incluso la legislación pertinente establece expresamente que el ministro del Interior no puede dictar una orden para privar a una persona de su ciudadanía británica si está 'convencido de que la orden convertiría a una persona en apátrida'. Y, sin embargo, Begum sigue detenida en un campo de refugiados en Siria, sin los derechos ni privilegios de la ciudadanía de Reino Unido ni de ningún otro país”. 

La insatisfacción por el resultado de la apelación de Begum no solo procede de círculos liberales o progresistas. A muchos conservadores británicos les perturban las implicaciones del caso, entre los que se incluye Peter Hitchens, que en el Daily Mail habla de “justicia popular” y de “pena sin juicio previo”. El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, escribe en Spectator que la sentencia socava la propia Constitución. “La decisión de privar a Begum de su ciudadanía es errónea porque atenta contra dos pilares de la Constitución que nos protegen a todos”, señala Rees-Mogg. “El primer principio que se vulnera es la idea de igualdad de todos los ciudadanos británicos ante la ley. La posibilidad de privar del pasaporte británico a personas que tienen derecho a otra ciudadanía crea dos categorías de británicos. [...] El otro pilar de la Constitución que se ha ignorado es el derecho a juicio con jurado”. 

Excepto Hitchens, que parece aceptar que la desgracia de Begum es el resultado de su ingenuidad juvenil, ninguno de los escritores mencionados antes defiende necesariamente a la propia Begum. Más bien, como en el caso Assange, se trata de una decisión con consecuencias potencialmente graves para el Estado de Derecho. “El ISIS era la personificación del mal”, expone Rees-Mogg, “y sus seguidores merecen ser perseguidos y procesados. Pero si en el proceso olvidamos el Estado de derecho y lo convertimos en algo arbitrario, entonces no defendemos nuestros valores, sino que los abandonamos”.

Desde que terminó la guerra terrestre contra el ISIS en Siria hace más de cuatro años, los países occidentales han tenido que repatriar a sus ciudadanos que decidieron unirse a la organización terrorista. Aunque este proceso nunca estará exento de polémica, Gran Bretaña se ha mostrado especialmente reacia a traer de vuelta a ciudadanos británicos. “Al haber repatriado solo a dos adultos y a aproximadamente 15 niños”, plantea Haroon Siddique en The Guardian, “Reino Unido es un caso atípico. Por ejemplo, entre sus aliados, Francia ha repatriado a más de 160 niños y a más de 50 mujeres, mientras que Alemania ha recuperado a casi 100 mujeres y niños”.

Si la repatriación de islamistas (o incluso la negativa a repatriarlos) constituye una oportunidad para que políticos como Sajid Javid apliquen la ley para “dar ejemplo”, también lo es su deportación. 

A finales de febrero, Francia deportó al imán Mahjoub Mahjoubi a Túnez, su país de origen, después de que saliera a la luz un vídeo en el que predicaba “odio a Francia” y a la comunidad judía. Mahjoubi había vivido en Francia desde 1986 y tiene allí a su esposa y a cinco hijos. Gérald Darmanin, ministro francés de Interior, se apresuró a afirmar que la deportación tan rápida fue posible gracias al proyecto de ley sobre inmigración que se aprobó recientemente en el país. No obstante, como Julia Pascual informa en Le Monde, todas las herramientas legislativas necesarias para deportar al imán ya existían previamente.  

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