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Cada vez más Estados miembros reconocen que amenazar a los consumidores de cannabis con la cárcel no sirve de nada. Utilizar recursos de la policía, la seguridad social y la salud pública solo da como resultado una lucha carísima contra los molinos de Don Quijote. En lugar de centrarse en el castigo, quizás sería más conveniente concentrar los esfuerzos del Estado en campañas de educación (especialmente a los más jóvenes) y en servicios libres de estigmas para aquellos que los necesiten.
El grupo cuestión no es pequeño: la proporción media de personas que han probado la marihuana al menos una vez en su vida en la UE es de un 27,2 %. Es decir, que probablemente más de una de cada cuatro personas ha fumado maría en un país donde está penalizado de alguna manera.
El consumo de cannabis no ha disminuido durante las cinco décadas que ha estado sancionado con la cárcel, y no parece que vaya a cambiar en el futuro. El 7,6 % de la población adulta europea (25,2 millones de personas) ha fumado en el último año. La cifra asciende al 15 % para la franja de edad entre los 15 y los 34 años, y en algunos Estados miembros se eleva incluso al 22 %. Esto quiere decir que uno de cada cinco ciudadanos adultos de un país determinado podría, en teoría, haber tenido un roce con la ley por esta causa. Asimismo, las tendencias recientes muestran que desde el confinamiento y la distanciación social causados por la pandemia de covid-19, el consumo de marihuana se ha recuperado.
Por supuesto, la realidad es mucho más compleja. En muchos países europeos, la policía lleva muchos años sin esforzarse en frenar a los consumidores de cannabis. Así y todo, no se ha interrumpido la criminalización de un grupo que, por lo demás, respeta la ley. Incluso en los Países Bajos, donde la política de drogas es mucho más permisiva, se puede ir a la cárcel por posesión de marihuana; Austria, que abolió las multas por consumo de maría en 2016, también sigue contemplando la cárcel para los casos más extremos.
EUrologus ha elaborado estas dos gráficas, que muestran los países donde la ley sanciona el consumo de cannabis con la cárcel y donde no. Además, presentan el porcentaje de población adulta que fuma marihuana en cada Estado miembro. Sin embargo, tal y como demuestra el ejemplo de los Países Bajos, la amenaza de cárcel es un indicador engañoso en sí mismo. Por lo tanto, EUrologus también ha introducido un indicador más complejo, aunque también más subjetivo, basado en la tolerancia real de las autoridades en el país, la disponibilidad de marihuana medicinal, la autorización de asociaciones cannábicas y la existencia de alternativas legales a la encarcelación.
En los países que se muestran en esta gráfica, la ley está basada en la pena de prisión, en muchos casos porque los gobiernos no consideran que pactar una reforma que acerque la ley a la realidad sea una prioridad. En este grupo se incluye a Bulgaria, Grecia, Rumanía, Polonia y, con tasas más elevadas, a Hungría, Eslovaquia y Estonia. Aunque en estos países fumar cannabis está castigado con penas de prisión, los consumidores no se ven desalentados, a tenor de las altas cifras de Finlandia y Estonia.
La gráfica expone los países en los que se menciona la posesión y/o consumo de cannabis en los códigos penales.
Es importante precisar que una reglamentación más permisiva con el consumo de marihuana no tiene por qué resultar en una proporción mayor de consumidores en la población adulta.
Por este motivo, podemos distinguir dos grupos principales de países que no amenazan a los consumidores de marihuana con la cárcel: los que han cambiado a una política más permisiva por razones pragmáticas, y los que están creando su propio camino más permisivo siguiendo el principio de la libertad individual. El primer grupo incluye a España, la República Checa, Irlanda, Eslovenia, Bélgica, Portugal y Luxemburgo. Las leyes en Italia, Lituania, Letonia y Chipre son, a diferencia de los otros dos grupos, menos permisivas.
Cabe destacar la situación de los países nórdicos e Irlanda, donde en los últimos años se han ido aboliendo las severas políticas antidroga. Noruega, país vecino de la UE, anunció una "reforma histórica" que derogará la responsabilidad penal "del consumo de drogas y la adquisición y posesión de una pequeña cantidad de drogas para uso personal".
Por otro lado, hay varios países europeos donde existe una cifra abundante de consumidores de marihuana y donde las sentencias de prisión son la última opción. Sin embargo, ocuparse de los consumidores no entra dentro de las prioridades de la policía o los fiscales. En este grupo se incluye a Alemania, Austria, los Países Bajos y Dinamarca. En este último se ha intentado legalizar el cannabis en varias ocasiones, pero todavía no se contemplan reformas completas.
Por último, los países con un problema serio con el cannabis como Estonia y Francia aún no se han planteado despenalizarlo. De hecho, en el caso de Francia ocurre al contrario: algunos funcionarios han reiterado su respaldo a políticas más severas contra la producción y el consumo de cannabis.
Al otro lado del charco, dieciséis estados federados, así como Washington D.C., Canadá y Uruguay pueden informarnos sobre el impacto de la legalización del cannabis, con sus diferentes grados de experiencia en la materia. En general, la legalización ha supuesto que se reduzcan el crimen y el tráfico, que la comunicación con los consumidores problemáticos mejore, que los menores accedan al cannabis en menor medida y que la primera consumición se retrase.
👉 Artículo original en Eurologus
