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Esta mañana se han citado en secreto en la estación de Atocha, en Madrid, a la espera de sus "presas". A este mismo lugar es donde llegan desde diferentes lugares diputados para asistir a una sesión plenaria en el Congreso. Hacia las siete y media de la mañana, equipados con silbatos y megáfonos, decenas de activistas hacen cola en el vestíbulo de llegadas del AVE. Cada uno lleva dos pancartas, una verde en la que se lee “Sí, se puede hacer” (detener los desahucios), y uno rojo que lamenta “Pero no quieren hacerlo” (los políticos).
Alrededor de las nueve, los trenes se multiplican, procedentes de Valencia, de Barcelona o de Sevilla. La tensión empieza a aumentar: “Cancelación de las deudas y viviendas sociales para los embargados”, gritan los activistas. Un grupo de policías que acaba de acudir improvisa un cordón de seguridad y, desde que aparece a lo lejos un diputado, los agentes se apresuran para protegerle y facilitarle la salida hacia la parada de taxis.
Sentadas a domicilio
Tras cuatro años de lucha para poner fin al drama de los embargos inmobiliarios, 510 al día desde principios de 2013, el centenar de colectivos contra los desahucios (repartidos por todo el país) acaba de adoptar una nueva estrategia: el "escrache". Este término argentino designa las manifestaciones ciudadanas de los años 90, con las que se ponían en evidencia a los responsables de la represión militar de 1976 a 1983, normalmente delante de sus domicilios o lugares de trabajo.
En esta España sacudida por los desahucios de las personas que han perdido su empleo (el 26% de la población activa se encuentra en paro) y que no pueden seguir pagando sus préstamos, el método del "escrache" se ha vuelto a poner de moda para fustigar a los políticos que no están dispuestos a modificar en profundidad la ley hipotecaria en vigor. "Esto es sólo el inicio", confiesa Guillem, coordinador de la acción en Atocha. "Pero vamos a perfeccionar el método para cubrir de oprobio a los diputados recalcitrantes, yendo hasta sus casas, sorprendiéndoles en un restaurante o en un hotel. No nos vamos a relajar”.
Desde mediados de marzo, los Indignados ocuparon el hotel Ritz de Madrid y organizaron una ruidosa sentada delante del domicilio barcelonés de una diputada conservadora. “Nuestra estrategia es totalmente pacífica: no se trata de agredir ni de insultar, sino de mantener la presión popular. Si no escuchan nuestra voz, apoyada por la gran mayoría de los españoles, entonces significa que no hay democracia”, declaró Ada Colau, líder de los colectivos contra los desahucios y que han recogido 1,4 millones de firmas en tres años.
Dinámica del oprobio
El 12 de febrero, gracias a estas firmas, pudieron presentar en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) con tres propuestas: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social. El objetivo de los "escraches" es precisamente hacer que cambien de opinión los diputados del Partido Popular, la formación que ocupa el poder con mayoría absoluta y la única que se opone a la ILP.
Desde la semana pasada, se ha intensificado la dinámica del oprobio. Por sorpresa, decenas de activistas contra los desahucios han seguido la pista a varios diputados conservadores, sobre todo altos dirigentes del PP: delante del Congreso, esperándoles a las puertas de sus oficinas, y cada vez más, ante sus domicilios. En todos los casos, abuchean y gritan al dirigente, con un concierto de cacerolas y de consignas entonadas con megáfonos de fondo. “El pueblo en la calle les recuerda su deber democrático”, comenta Iván, un coordinador. Pero los dirigentes en cuestión lo consideran un método inaceptable.
“Este acoso a los políticos es antidemocrático”, declaró el presidente Mariano Rajoy el 25 de marzo. Rajoy, que no ha fijado la fecha de la votación de la ILP, se encuentra entre la espada y la pared. A pesar de la presión popular, se niega a tener en cuenta las peticiones. “Caerían aún más los créditos hipotecarios. Dada nuestra fragilidad financiera, es demasiado arriesgado”, justificó el Ejecutivo.
Respaldados por sondeos y una sentencia de la UE
Sin embargo, los nubarrones se amontonan sobre los populares: un sondeo del Instituto Metroscopia indicaba en febrero que el 85% de los españoles, conmovidos por las familias que acampan en las calles, apoyan la lucha contra los desahucios. Los partidos de la oposición forman un frente unido y los jueces practican la objeción de conciencia. Desde el mes de diciembre se han suicidado seis personas que estaban a punto de ser desahuciadas.
Por otro lado, el 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a un demandante español, al considerar que la legislación nacional era “injusta”. Esta ley, en vigor desde 1909, permite ejecutar desahucios con mucha rapidez (desde el primer aviso de impago), impide al propietario declararse en contra de los términos del contrato firmado con el banco, en muchas ocasiones abusivos, y obliga a la persona desahuciada a pagar los atrasos a unos tipos de interés prohibitivos. “Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la UE abre unas nuevas perspectivas”, afirma Fernández Seijo, el juez que planteó la demanda. "Vamos a poder bloquear con más facilidad los desahucios”.
Acorralado, el Gobierno de Rajoy anunció que la nueva ley “tendrá en cuenta ciertas objeciones” del Tribunal de Justicia de la UE. Aunque ha precisado que “no se puede contemplar en ningún caso la anulación retroactiva de los impagos”. Por lo tanto, comienza el combate con los colectivos contra los desahucios, ya que para ellos este punto no es negociable. Y los “escraches” continuarán.
Retrato
El indignado silencioso
El 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que "la legislación española contraviene el derecho de la Unión". En su sentencia, explica que "un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual [...], adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria [...] puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva".
Para El Pais, se trata de una gran victoria de Dionisio Moreno, el abogado que ha plantado cara a los tribunales. El periódico relata cómo se hizo cargo del caso de Mohamed Aziz, que fue desahuciado en enero de 2011.
Ante los tribunales, Moreno luchó para demostrar que la legislación nacional es "injusta". "El pleito le ha hecho perder dinero, pero no ha perdido la sonrisa", refleja el diario español.
A Dionisio Moreno se le ocurrió "invocar los derechos del consumidor de la UE para denunciar cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario" mirando una publicidad comercial de un banco, tal y como recoge El País, que lo describe como:
el protagonista silencioso del caso que ha puesto patas arriba el sistema español de desahucios y ha dado esperanza a miles de personas que han perdido sus casas —o están camino de hacerlo— porque no pueden saldar sus deudas con los bancos.
