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La hora del rigor ha llegado a Europa. El pasado 8 de marzo, el primer ministro portugués, José Sócrates, presentó un “programa de crecimiento y estabilidad”, que se traduce, sobre todo, en una reducción drástica del gasto público. El día 10, una huelga general paralizó Grecia en protesta contra el plan de austeridad elaborado por el gobierno de Yorgos Papandréu, sometido a la presión de sus socios y de los mercados financieros. Países como Irlanda, España o Hungría se hallan bajo el yugo de la misma disciplina, mientras que Reino Unido o Francia siguen a merced de idénticas crisis presupuestarias.
Tanto si pertenecen a la zona euro como si no, si son de tradición social como liberal, “no todos acababan; pero todos, males sufrían de diversos modos”, como escribía el fabulista francés Jean de La Fontaine. Y todos han de redefinir el modelo social europeo, un modelo que busca el equilibrio entre las exigencias que demandan la competitividad y la justicia social. Una exigencia tan fuerte que el pueblo no aceptará mano dura sin compensación.
Así pues, no es casualidad que Europa se lance a la caza de los especuladores. En una carta conjunta, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Jean-Claude Junker (presidente del Eurogrupo) y Yorgos Papandréu han exigido a la Comisión Europea que abra una investigación sobre las consecuencias de la especulación. Simultáneamente, el Parlamento Europeo y los Estados miembros debaten las formas de circunscribir de un modo más estricto la acción de los hedge funds (fondos de cobertura o de alto riesgo) en Europa.
Regular los mercados sin que peligre la capacidad de los Estados de financiar la recuperación económica, he ahí lo que el Süddeutsche Zeitung llama “la delgada línea entre el Bien y el Mal”. Sin embargo, la línea también es delgada entre poner orden en las economías, algo indispensable, y tener en cuenta las crecientes dificultades que padece buena parte de la población europea. Cuando la actividad de los fondos de alto riesgo desestabiliza a los Estados y sus excesos alimentan un resentimiento que favorece a los partidos extremistas, es legítimo que los gobiernos aúnen sus fuerzas en pro de la defensa del equilibrio de sus sociedades.
